El hombre, quien se hallaba interno en dicho Centro Penitenciario por un hecho delictivo diverso, tomó por el cuello a su mujer y la asfixió hasta que le ocasionó la muerte.
Lo hechos se habrían suscitado en junio de 2017, cuando la víctima acudió a visitar a su esposo en este penal, pero una acalorada discusión habría sido el detonante de que el encuentro se convirtiera en asesinato.
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Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).- Un hombre en prisión es acusado de asesinar a su esposa durante la visita conyugal, dentro del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en el Estado de México.
De acuerdo con Afondoedomex, un Juez del Distrito Judicial de Tlalnepantla encontró al preso Gerardo «N» culpable de asesinar a su esposa en el área de visita conyugal, delito que lo condenó a 55 años de prisión.
Lo hechos, según dio a conocer diario mexiquense, se habrían suscitado en junio de 2017, cuando la víctima acudió a visitar a su esposo en este penal, pero una discusión habría sido el detonante de que el encuentro se convirtiera en asesinato.
El hombre, quien se hallaba interno en dicho Centro Penitenciario por un hecho delictivo diverso, tomó por el cuello a su mujer y la asfixió hasta que le ocasionó la muerte.
El presunto asesino fue trasladado con la Autoridad Judicial, quien le dictó la sentencia respectiva y le fijó una multa de 228 mil 114 pesos.
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En agosto de 2017, un sondeo difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que un 87.4 por ciento de los presos en México han tenido que pagar sobornos a guardias para hacer llamadas telefónicas o recibir cosas como alimentos, colchones o cobijas.
El nivel de corrupción de las hacinadas y desprotegidas cárceles mexicanas es notorio, y este reciente sondeo de más de 64 mil reclusos en 338 cárceles.
Un 36 por ciento de los reclusos dicen que han tenido que pagar sobornos a otros presos que en efecto son los que tienen el poder en algunas de las penitenciarías.
Un 50 por ciento dijo que ha tenido que pagar sobornos a cambio de dispositivos eléctricos, y un 26 por ciento dijo que ha tenido que pagar para tener artículos electrónicos como por ejemplo teléfonos celulares, que están prohibidos en muchas cárceles.
