La detención del exgobernador de Puebla Mario Marín es un primer paso muy importante, pero todavía no es definitivo. El caso de Lydia Cacho muestra uno de los males más perniciosos que aquejan al país: el pacto de impunidad entre las cúpulas políticas y empresariales, consideró la organización Artículo 19.
México, 4 de febrero (EFE).- La detención del exgobernador del estado mexicano de Puebla Mario Marín (2005-2011) le abrió un resquicio de acceso a la justicia a la periodista mexicana Lydia Cacho, torturada en 2005 presuntamente por orden del político tras destapar una red de pornografía y prostitución infantil,
Marín era buscado desde hace casi dos años, después de que en abril de 2019 una jueza del estado de Quintana Roo emitiera una orden de aprehensión en contra suya y de otras tres personas, el empresario José Kamel Nacif, el exjefe de la Policía estatal Adolfo Karam y su director de mandamientos judiciales, Juan Sánchez, implicados en la tortura.
«Vamos por todos», escribió Cacho en un mensaje en Twitter tras la detención de Marín ocurrida el miércoles en Acapulco, estado de Guerrero.
La periodista dijo en el mensaje que la Fiscalía General de la República (FGR) de México le avisó en cuanto detuvieron al exgobernador que estaba escondido en el popular balneario.»Llevo 14 años buscando justicia por haber sido torturada por este cómplice de redes de pornografía infantil», agregó.
La activista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil José Kamel Nacif.
El empresario era uno de los principales señalados en el libro dedicado a la investigación del suceso titulado «Los demonios del Edén», en el que la periodista denunció una trama de pornografía y prostitución infantil.
UN PASO IMPORTANTE
«Esto apenas empieza y es un primer paso muy importante, pero todavía no es definitivo», dijo este jueves en entrevista con Efe el director de la oficina regional para México y Centroamérica de la ONG Artículo 19, Leopoldo Maldonado.
Destacó que el caso de Cacho es «emblemático» y «mostró uno de los males más perniciosos que aquejan a este país, que es el pacto de impunidad entre las cúpulas políticas y empresariales».
Dijo que una vez que Marín, de 66 años, sea puesto a disposición del juez se determinará su situación jurídica.
«Vienen 72 horas que se pueden duplicar a 144 para determinar si se dicta formal prisión o se le libera (…) se debe poner atención a lo que determine el juez federal en Cancún, sobre si hay elementos para procesar a Marín en prisión preventiva», apuntó Maldonado.
«Tras 15 años apenas estamos viendo un atisbo de justicia para Lydia», celebró.
RENDICIÓN DE CUENTAS
«Falta que detengan a Kamel y a otros implicados», declaró a Efe Ariel Rosales, editor del libro «Los demonios del Edén», quien calificó de «bueno» que Marín haya sido detenido, pero dijo que hay que ser «escépticos» ante posibles argucias judiciales, por lo que «todavía no se puede cantar victoria».
Recordó que durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, a lo que se suma que ella dijo que sufrió tocamientos e insinuaciones sexuales y amenazas de muerte.
Ante ello, Rosales refirió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyó en 2007 que «no se violaron de forma grave» las garantías individuales de Cacho.
LA TORTURA NO PRESCRIBE
Maldonado recordó que el delito de tortura, por el que se detuvo a Marín, conocido como «el góber precioso» y por el que permanece con orden de captura Nacif, quien sigue prófugo, no ha prescrito porque la SCJN se acogió a la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Añadió que el caso se reactivó gracias a la búsqueda de justicia de Cacho ante instancias internacionales.
En compañía de Artículo 19, Cacho acudió en 2014 al Comité de los Derechos Humanos de la ONU y este en 2018 aprobó un dictamen que declaró al Estado mexicano responsable de varias violaciones de derechos humanos en contra de Lydia Cacho, otorgándole 180 días para implementar las medidas correspondientes.
A comienzos de 2019, el Gobierno de México encabezado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador pidió disculpas a la periodista al reconocer que se violaron sus derechos humanos cuando fue agredida en 2005.
Este 4 de febrero, tres lustros después del trágico evento, Cacho se encuentra un poco más cerca de lograr justicia.
«Yo insisto en que ya está detenido, creo que ya incluso fue remitido, viajó a Cancún para enfrentar su proceso en Quintana Roo y lo único que te puedo decir es que todos en este país debemos tener un proceso justo”, expresó este jueves Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El exgobernador de Puebla ingresó al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún en la madrugada de este jueves y tiene pendiente declarar ante un juez para determinar su situación legal.
