La asignación predeterminada de curules en la Asamblea Constituyente limitó el contenido de la Constitución de la Ciudad de México que se promulgará este domingo 5 de febrero, critican diputados de oposición. La redacción final de la nueva Carta Magna quedó marcada por los intereses del PRI y el PAN, pese a que ambos partidos tuvieron bajo respaldo en las votaciones de junio del año pasado, acusan. La Constitución dejó pendiente la inclusión de la renta básica universal, el derecho de voto a los 16 años, el saneamiento del agua, entre otros. ¿Qué implicaciones tendrá para los ciudadanos las nuevas disposiciones?
Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- La prisa y el forcejeo político limitaron que propuestas progresistas fuesen incluidas en la nueva Constitución de la Ciudad de México, de acuerdo con diputados constituyentes de izquierda. El resultado final no ha podido esconder el sello del partido oficial debido a la a distribución desigual de curules, adujeron.
“Teníamos una designación desigual. […] Se necesitaba una mayoría de las dos terceras partes para aprobar cualquier cosa”, explicó Mayela Delgadillo, Diputada constituyente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Numerosas propuestas sociales fueron limitadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), recalcó.
“Aún juntando al PRD [Partido de la Revolución Democrática], Morena, Movimiento Ciudadano [MC] y constitucionalistas, todos presentes, nos faltaban al menos nueve votos para lograr las dos terceras partes”, agregó Delgadillo.
Buscar el consenso no es atípico en un pleno de diputados, excepto porque en este caso la brecha entre los representantes y los votos conseguidos en las urnas el pasado 5 de junio fue amplia.
El PRI y el PAN consiguieron en los comicios, de forma respectiva, el 7.75 por ciento y 10.3 por ciento de los votos. Mientras que Morena y el PRD juntaron el 33 y el 29 por ciento. No obstante, esto no se vio traducido en la asignación de curules.
El 29 de abril de 2015, el Senado aprobó que 40 de los 100 legisladores constituyentes fueran designados por el Senado, la Cámara de Diputados, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto y el Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Así el PRI y el PAN consiguieron una representación final, dentro del pleno de la Asamblea Constituyente, del 22 y 15 por ciento, respectivamente. Al tiempo que Morena se quedó con el 22 por ciento y el PRD con el 29 por ciento de los asientos.
“Unidos el PRI y el PAN tenían la capacidad de veto. Ellos eran el dique para las propuestas de avanzada. Había que matizar todo”, se quejó Jesús Ramírez Cuevas, Diputado Constituyente de Morena.
RENTA BÁSICA UNIVERSAL
La propuesta de Renta Básica Universal, un apoyo económico para todos los capitalinos, hecha inicialmente por el Jefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera Espinosa, fue desdibujada durante el proceso de la Asamblea Constituyente, y centrada sólo en sectores poblacionales de pobreza.
“El tema de la renta básica se quedó disminuido, medio focalizado. Iba a ser universal, progresivo, se iban a compactar un montón de programas y transparencias monetarias. Iba contra el clientelismo”, consideró Delgadillo.
La intención era entregar un monto para todos los ciudadanos y con ello se hubiera roto la priorización para ciertos sectores con el fin de la compra de votos, como suele suceder en otros programas sociales, apuntó la legisladora.
“Iba a acabar con una estructura de cuotas de poder. Y por otro lado, iba a generar una economía de consumo interno, y proteger los empleos más débiles”, agregó.
La Diputada Constituyente sostuvo que pese a ofrecer la viabilidad para entregar estos recursos, el líder del PRI en la Asamblea Constituyente y jefe de la bancada del Tricolor en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, se opuso.
La asignación de recursos para este propósito pudo haber limitado el funcionamiento de otros beneficios sociales, dijo el Diputado constituyente del partido Movimiento Ciudadano, René Cervera García.
“La renta básica es un instrumento de política social. Yo creo que no estuvo correctamente enfocado. ¿Por qué?, porque en la medida que es un instrumento no tiene sentido consagrarlo en la Constitución. Instrumentos van e instrumentos vienen. Y luego se dio paso a decir que no hay dinero que alcance y, efectivamente, si lo ve como un derecho universal el tema es que no alcanza”, señaló el Diputado.
De esta cuenta, acusó Cervera García, se buscó una salida incluyendo el concepto “mínimo vital” en el artículo 14 de la Carta Magna.
“A diferencia de la renta básica, el mínimo vital es un concepto con mayor margen en el que cada Gobierno puede llenar su contenido con decisiones, según el peso que se le quiera dar”, explicó el constituyente de MC.
VOTO A LOS 16
Por otra parte, el voto a partir de los 16 años quedó excluido de la Constitución de la Ciudad de México, pese al respaldo que consiguió la propuesta.
“Se hubiera puesto atención a un grupo social ahora invisibilizado, a los jóvenes. Y hubiera obligado a implementar políticas públicas, aunque sea por absorción de voto, para una cantidad de jóvenes, que ayudaran a no reducir los niveles educativos, generar empleos y programas”, destacó Delgadillo.
La legisladora apuntó que las decisiones de los jóvenes en México deben tomarse en cuenta puesto que hay una diversificación de votos según la propuestas políticas: “Se toman diferentes decisiones si a alguien le quedan 70 años por delante”.
PROTECCIÓN SOCIAL Y DDHH
La legisladora constituyente Clara Jusidman Rapoport, una de las seis designadas por el Jefe de Gobierno capitalino, expuso que el PRI, el PAN y sus partidos satélites dejaron fuera la posibilidad de conseguir seguros colectivos.
“La idea original era ir creando mutualidades, mini seguros, que ayudaran a la protección de los trabajadores sin patrones fijos cuando se enferman, tienen incidentes, discapacidad, mueren, y su familia se queda sin nada”, dijo.
La propuesta original del Gobierno capitalino era que se pudieran encontrar modalidades de protección, aún prescindiendo de fondos públicos, para trabajadores no asalariados.
En tanto, en el artículo 19 de Ciudad Segura se restó al combate de delitos graves, dijo Jusidman. “Se eliminó un párrafo que hablaba de la prohibición de la trata, de los feminicidios, de la tortura, de todos estos actos de violencia ejercidos por las personas y el Estado”, precisó.
La también activista denunció que los grupos conservadores dieron ponderación al concepto “derecho a la vida”, por encima del “derecho a una vida digna”.
Este último incluía el acceso económico, a la salud, educación y trabajo. Mientras el primero se limita a acceso a la alimentación, vestido y vivienda.
Otros derechos fueron más favorecidos en el nuevo texto. Es el caso del reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo, y la igualdad de los derechos de las familias de la población LGBTTTI. Con ello, la Constitución capitalina se convierte en la primera que incluye este tema.
Los caitalinos también tendrán el derecho, de acuerdo con el artículo 11, a una muerte digna y el derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad.
DENUNCIAN FALTA DE COMPROMISO
El proyecto enviado por Mancera contenía mil 400 propuestas de modificación. Lo que dio paso a un amplio trabajo en ocho comisiones, que no dejó inadvertido la inasistencia de algunos legisladores constituyentes.
La Diputada del PRD, Lol Kin Castañeda, denunció que la falta de compromiso caracterizó el trabajo de algunos de sus compañeros: “Como Roberto Gil del PAN, que en realidad no estuvo en comisiones para trabajar, y al final llegó a plantear una serie de cosas que ya habían sido discutidas”.
“O el Diputado Jesús Sesma Suárez, del Verde, quien no se presentó en comisiones y en el último momento hizo reservas a un artículo”, agregó.
En términos generales, los constituyentes de diversos partidos coincidieron en que para el PRI Y el PAN, el límite de aprobación estuvo delimitado en la Constitución federal.
Este fue el caso, por ejemplo, de la propuesta del uso recreativo de la mariguana, que quedó finalmente delimitada a su uso médico y terapéutico cuando entre en vigencia en el orden federal.
Apenas en diciembre, el Senado aprobó modificaciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para avalar este uso medicinal. Y ahora es la Cámara de Diputados la que debe ratificar la decisión.
“Era una consigna permanente, ir detrás de la Constitución federal, para que esta ciudad no marcara el paso hacia algo mucho más progresista. Por lo que es probable que en cinco años la estemos cambiando de nuevo”, finalizó Delgadillo.
