El 2 de enero de 2015, Moisés Sánchez Cerezo fue sacado por un comando de su domicilio en Medellín de Bravo, Veracruz. Su familia acusó que el periodista había recibido una amenaza tres días antes de su desaparición, en la que supuestamente el Presidente Municipal Omar Cruz Reyes “pretendía callarlo dándole una lección”.
Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– Artículo 19 denunció que a un año del asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo no han sido garantizadas la verdad, la justicia y la reparación para su familia ante la deficiencia de la investigación realizada por la Fiscalía General de Veracruz y debido a la negativa de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de atraer el caso.
«La duplicidad de actuaciones en ambas Fiscalías ha prolongado y obstaculizado una investigación que debe ser objetiva, imparcial, independiente, eficaz y exhaustiva, para conocer la verdad de los hechos y someter a procesos penales a todos los actores involucrados en la desaparición y homicidio del periodista Moisés Sánchez. Prueba de ello es que hasta la fecha, al menos 6 personas involucradas en los hechos continúan sin ser identificadas por las autoridades ministeriales, encontrándose prófugas de la justicia», dijo el organismo civil.
Artículo 19 dijo además que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión estatal «han tenido un papel pasivo en la integración y determinación de las violaciones a derechos humanos de Moisés y su familia».
Detalló que no ha sido relevante para tales instituciones que existen elementos suficientes y consistentes para señalar las graves falencias en las investigaciones de la FGE y la FEADLE. Explicó que las medidas de seguridad otorgadas a la familia Sánchez por la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz, se han reducido injustificadamente y han significado una carga económica los beneficiarios.
«Artículo 19 considera que pese a la intervención de las instituciones encargadas de procurar justicia, proteger periodistas e investigar violaciones a derechos humanos, lejos de lograrse un abordaje integral de la problemática que representa el caso concreto, ha generado condiciones que colocan en mayor estado de vulnerabilidad a las víctimas. La ausencia de instituciones que garanticen efectivamente los derechos humanos así como la impunidad que de ello deriva, son un aliciente para que casos como el de Moisés Sánchez Cerezo se repitan», denunció.
El 2 de enero de 2015, Moisés Sánchez Cerezo fue sacado por un comando de su domicilio en Medellín de Bravo, Veracruz. Su familia acusó que el periodista había recibido una amenaza tres días antes de su desaparición, en la que supuestamente el Presidente Municipal Omar Cruz Reyes “pretendía callarlo dándole una lección”.
Moisés Sánchez era editor del diario La Unión de Medellín. Se convirtió en una voz crítica contra las autoridades de ese municipio, no sólo a través de su medio de comunicación en el que denunciaba la inseguridad y las carencias con las que vivía la comunidad, sino además por exigir públicamente al Edil la entrada de las fuerzas federales ante el incremento de la violencia.
A un año de su secuestro y asesinato, su hijo Jorge denunció que las autoridades de Veracruz mantienen el caso en completa impunidad y alertó de la posibilidad de que en febrero Omar Cruz Reyes, acusado de ser el actor intelectual del homicidio de su padre, regrese a la Presidencia municipal de Medellín de Bravo.
Para Artículo 19 es lamentable que tanto autoridades estatales como federales hayan intervenido sin que a la fecha se hayan esclarecido los hechos y mucho menos procesado a todos los responsables.
La organización recordó que tras el crimen ocurrido hace un año, el entonces Procurador, hoy titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), Luis Ángel Bravo, «dio golpes de efecto mediático que a la postre resultarían nocivos en el proceso de búsqueda de justicia y verdad».
Dijo que el Fiscal tomó declaraciones a 78 funcionarios públicos del Ayuntamiento de Medellín; arraigó a 13 de los policías municipales de Medellín; presentó públicamente a Clemente Noé Rodríguez Martínez como homicida confeso una vez que fue encontrado el cuerpo de Moisés y señaló públicamente al Alcalde Omar Cruz Reyes –derivado de la propia confesión de Noé.
Artículo 19 refirió que pesar de ello, el pasado 17 de noviembre, el ex Alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, obtuvo un amparo contra la orden de aprehensión emitida por su presunta participación en la desaparición y posterior homicidio de Moisés Sánchez Cerezo.
Días antes, mencionó el organismo, Martín López Meneses, quien fuera escolta del mismo ex Alcalde y también subdirector de la Policía Municipal de Medellín de Bravo también obtuvo un amparo con el que recobró su libertad, al ser procesado en prisión preventiva.
«Las razones centrales que han derivado en la obtención de amparos a favor de los supuestos implicados en el homicidio del periodista, precisamente apuntan a la falta de sustento probatorio, es decir, la deficiencia de la investigación realizada por la Fiscalía General de Veracruz. El testimonio del presunto homicida confeso es de “oídas” y las declaraciones de funcionarios municipales sujetos al arraigo resultaron favorables para exculparlos de su participación en los hechos delictivos», dijo la organización.
Dijo que en otro golpe mediático, el Fiscal General de Veracruz, Luis Ángel Bravo anunció al abogado Ricardo Javier Carrillo Almeida como Fiscal Especial para el caso de Moisés Sánchez. Este nombramiento no es garantía para el esclarecimiento de los hechos, mientras no exista voluntad por parte de las autoridades ministeriales para realizar una investigación realmente efectiva.
La organización no gubernamental indicó además que aunque la FEADLE de la Procuraduría General de la República (PGR), abrió su propia indagatoria desde el 7 de enero, «se ha negado rotundamente a ejercer su facultad de atracción».
«Desde una perspectiva contraria a derechos humanos y bajo una comprensión limitada del periodismo, se ha desacreditado la labor informativa de Moisés Sánchez como móvil del delito. Tanto en el fuero común como en el federal graves omisiones afectan las investigaciones, como la pérdida de elementos de prueba fundamentales como videos de cámaras de C4 ubicadas en el trayecto de los perpetradores; y la falta de identificación pronta del resto de los autores», denunció.
Artículo 19 dijo que también se ha omitido realizar con prontitud diligencias clave como localización de testigos que pueden aportar datos sólidos sobre los perpetradores, análisis de llamadas y cruces de las mismas, levantamiento y análisis de huellas en armas y automóviles, entre otras.
Afirmó que ambas instituciones ministeriales incurrieron en graves fallas en la aplicación de protocolos procedimientos diligentes de localización y búsqueda de Moisés desde las primeras horas de la desaparición de Moisés Sánchez hasta que dieron con su paradero –por la mencionada confesión- el 24 de enero de 2014.
