Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).– Senadoras de diversos partidos políticos adelantaron que buscarán que la nueva Ley General en Materia de Trata de Personas salga lo antes posible y que ésta se convierta en un instrumento efectivo para combatir este flagelo, a pesar de los obstáculos que la han rodeado, la mayor parte de ellos de tintes políticos y personales.
Durante todo el 2014, la reforma a diversos artículos a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas estuvo en la mesa de debate de ambas cámaras del Congreso. Fue aprobada en febrero en el Senado y tras 10 meses de discusión se aprobó con cambios en la Cámara de Diputados el 3 de diciembre.
“¿Qué tiene que pasar una vez que suceder a partir de la promulgación de la ley? Primero que la demos a conocer, es muy importante que podamos socializar el contenido de la Ley y además concientizar a las personas de todas las implicaciones”, explicó la Senadora Mely Romero Celis, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Diputados y senadores coincidieron en que la ley en materia de trata publicada el 14 de junio de 2012 ha sido cuestionada y criticada por expertos, así como por organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
En el texto de la minuta aprobada por San Lázaro el 3 de diciembre se enumeraron algunos de los principales problemas de la ley vigente, entre ellos, el que la propia definición del delito de trata “no corresponde con los parámetros internacionales, e incluso es tan vaga que al día de hoy una gran cantidad de conductas que no son consideradas como trata a nivel internacional, en México sí lo son y de este modo se criminalizan conductas de una manera injustificada”.
“Por el contrario, conductas que sí son consideradas constitutivas de trata desde el ámbito internacional, en el caso de México no lo son a causa de la redacción de aquel cuerpo normativo”.
Otro problema de la ley vigente es que actualmente para consignar a una persona por el delito de trata, la autoridad debe acreditar la afectación en diversos bienes jurídicos como son la vida, libertad, integridad, seguridad y el libre desarrollo.
“Así, para la autoridad resulta particularmente difícil acreditar cada uno de esos bienes jurídicos que el tipo actual requiere para su configuración”.
No obstante, algunas personas han defendido la ley vigente, como la activista y presidenta de la organización Unidos contra laTrata, Rosi Orozco, quien denostó el trabajo realizado por los legisladores al modificar prácticamente el 75 por ciento de la norma original.
Al mismo tiempo que descalificó a la Senadora panista Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión en la materia de la Cámara Alta, a quien acusó de pretender encubrir a tratantes de personas y de quitar protección a las víctimas.
La Senadora Adriana Dávila respondió a las críticas de Rosi Orozco con una serie de datos para argumentar el fracaso de la ley vigente para detener y sancionar a los delincuentes.
“El marco legal vigente no ayuda a las autoridades a procesar y castigar a los culpables de la trata de personas, porque no se puede configurar el delito”, dijo.
“Basta revisar el diagnóstico que presentó recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Desde la aprobación de la ley vigente hasta junio de 2014, solo se han dado mil 469 averiguaciones previas, 490 consignaciones y 103 sentencias”, detalló.
Además el pleno del Senado de la República respaldó a la legisladora, pero sobre todo refrendó la reforma a la Ley de Trata que se realizó tras493 días de trabajo comprometido con las víctimas y los afectados.
PIDEN AVANZAR EN APROBACIÓN DE LA LEY
En medio de esta discusión, la Senadora Mely Romero consideró urgente avanzar en la aprobación de la ley, a fin de alcanzar el objetivo de homologar las legislaciones estatales en la materia y sobre todo, lograr el objetivo de sancionar el delito y atender a las víctimas.
Para la legisladora, es vital que la ciudadanía empiece a comprender la gravedad del delito de trata y la única forma de hacerlo es socializando el contenido de la legislación así como las modificaciones que se realicen a la legislación vigente, a fin de que la ciudadanía cuente con herramientas para detectar y denunciar la trata.
“Es muy importante que podamos platicar con la ciudadanía cuáles son los delitos que se están considerando con esta ley, cuáles son los mecanismos para denunciar a fin de que sean sancionadas las personas. No es posible que permitamos un delito tan grave como la explotación y la trata de personas”, afirmó.
Dentro de los cambios a la actual ley de trata, la nueva norma que se encuentra nuevamente en estudio en las comisiones del Senado establecen que cometerá el delito de trata quien explote a una persona, ya sea mediante amenaza, uso de la fuerza, engaño, seducción, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, ofrecimiento, concesión o recepción de un pago o beneficio a un tercero que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra.
Establece además que se impondrán de 10 a 25 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa a quien, para sí o para un tercero, consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con fines de explotación.
Asimismo, se impondrá la misma pena a quien tenga o mantenga a una persona en condición de servidumbre, a través de cualquier acción dolosa, ya sea mediante amenaza, uso de la fuerza, engaño o abuso de poder, entre otras.
EXPLOTACIÓN CON FINES REPRODUCTIVOS
No obstante el jaloneo por los cambios legislativos, uno de los temas que contó prácticamente con un apoyo unánime es la propuesta para elevar a rango federal el delito de explotación de mujeres con fines reproductivos, explicó la Senadora Mely Romero Celis.
Este es un tema polémico, pues en algunos congresos estatales se debate la necesidad de legalizar o regular la actividad en la que mujeres o parejas que por alguna circunstancia no pueden tener hijos y buscan la ayuda de otras personas para poder concebir. Esto con el fin de defender el derecho a la maternidad de quienes no pueden en condiciones normales.
No obstante, la legisladora detalló que a nivel internacional se han comenzado a reportar casos de grupos del crimen organizado que ven la renta de vientres o úteros subrogados como un negocio con ganancias millonarias, por lo que se explota a mujeres con fines reproductivos.
“Buscan a mujeres que se encuentran en una situación vulnerable para que se presten a tener a estos bebés en sus vientres, que después son comercializados sin ningún tipo de garantía para la mujer”, agregó Romero Celis.
La legisladora argumentó que las estadísticas demuestran que poco más del 50 por ciento de las mujeres que “rentan” sus vientres son analfabetas, y en la mayoría de los casos son mujeres que viven en pobreza y en zonas rurales.
Este tema cuenta con el apoyo de todas las fracciones parlamentarias, detalló, por lo que es casi un hecho que en la nueva ley se establecerán penas de 15 a 30 años de prisión y de cinco mil a 50 mil días de multa para quien explote a una mujer con el fin de gestar a un bebé para que se entregue a un tercero después de nacido.
La propuesta fue avalada por la Cámara de Diputados aunque incrementó las penas propuestas. Así se pasó de cuatro a 10 años de prisión por 15 a 30 años de prisión; y de cinco mil a 50 mil días de multa.
Por su parte, la Senadora panista Rosa Adriana Díaz Lizama presentó un punto de acuerdo en el exhorta a los gobernadores y congresos de los estados de Coahuila, Sinaloa y Tabasco, y la Asamblea Legislativa a eliminar o en su caso abstenerse de aprobar leyes que tiendan a la Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos, también conocida como maternidad subrogada o vientre de alquiler.
