Entre 2015 y 2017, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Puebla, Tamaulipas y Yucatán gastaron 14.2 mil millones de pesos más de lo aprobado en sus respectivos presupuestos de egresos para cubrir viáticos y traslados de funcionarios públicos, así como eventos oficiales y otros servicios generales no etiquetados.
El sobreejercicio en partidas no prioritarias en entidades federativas donde la mitad de la población sufre de pobreza no se justifica y evidencia un ejercicio presupuestario «a discreción» y como «consecuencia de la falta de planeación y una nula intervención de sus congresos”, refiere el IMCO.
Los malos manejos de los presupuestos estatales, dijo a SinEmbargo la doctora Violeta Rodríguez Villar, investigadora de la UNAM, «merman mucho el impacto que puede tener el Gobierno estatal en el desarrollo económico de su estado y en el combate a la pobreza».
Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- Los siete estados con mayor sobreejercicio de recursos públicos en partidas no prioritarias como viáticos, ceremonias oficiales y “otros”, tienen (en promedio) a la mitad de sus respectivas poblaciones sumidas en situación de pobreza.
En tres años y en conjunto, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Puebla, Tamaulipas y Yucatán sobreejercieron un total de 12 mil 98.4 millones de pesos para cubrir los gastos de traslado y de viaje de funcionarios públicos, los actos de representación y ceremonias oficiales, así como “otros servicios generales” no etiquetados.
Chiapas, por su parte, erogó 2 mil 81.1 millones adicionales a lo aprobado en su presupuesto de egresos entre 2016 y 2017, según datos de las cuentas públicas analizadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Estas entidades federativas, no obstante, tienen altos porcentajes de pobreza poblacional. Y sus resultados en la materia han sido escasos en los últimos años, de acuerdo con las cifras más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Chiapas lidera la lista con el 77.1 por ciento de sus habitantes en pobreza. Le siguen Guerrero (64.4), Puebla (59.4), Michoacán (55.3), Yucatán (42), Tamaulipas (32.2) y Coahuila (25).
«Los estados tienen una capacidad limitada para recaudar y gastar. Si a esto añadimos que el presupuesto que tienen lo destinan a partidas no prioritarias, evidentemente merman mucho el impacto que puede tener el Gobierno estatal en el desarrollo económico de su estado y en el combate a la pobreza», dijo a SinEmbargo la doctora Violeta Rodríguez Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Mientras que el gasto adicional de los estados en tres partidas no prioritarias fue dos a cinco veces mayor que lo aprobado por el Poder Legislativo entre 2015 y 2017, las erogaciones excedentes en materia de desarrollo social, subsidios, subvenciones y ayudas sociales fue, en promedio, 20 por ciento mayor durante el periodo.
Sólo en el caso de Yucatán, hubo un subejercicio de recursos de 10.1 por ciento, equivalente a 7.9 mil millones de pesos.
En términos monetarios, el sobreejercicio conjunto de los estados en desarrollo social, subsidios y apoyos (112.7 mmdp) fue mucho mayor que el de las tres partidas (14.2 mmdp). Pero la asimetría del gasto como proporción del presupuesto aprobado refleja mala eficiencia presupuestaria.
En ese sentido, la doctora Rodríguez explicó que el gran problema de los estados es su creciente dependencia del Gobierno federal, porque en lugar de buscar su independencia financiera para atender las necesidades más urgentes de la población, han dejado la responsabilidad a la Federación.
Ello se debe a que en México tenemos un sistema de concurrencia fiscal “desvirtuado”, en un contexto de coordinación fiscal «en el cual los estados ceden a la Federación sus potestades tributarias”.
Esto quiere decir que, para evitar que las entidades y el Gobierno federal cobren dos veces el mismo gravamen, unos ceden sus facultades (los estados) y el otro (la Federación) le retribuye, a cambio, con la repartición del dinero de los impuestos recaudados.
Este mecanismo de concurrencia fiscal tenía el objetivo de lograr una distribución equitativa de los recursos entre los estados, privilegiando a aquellos con menor nivel de desarrollo. No obstante, “el mecanismo no logró sacar a los estados más pobres de su nivel de pobreza, ni fue suficiente para impulsar su actividad económica”, explicó.
Además de faltar a su responsabilidad, las entidades federativas utilizan su presupuesto de manera «muy discrecional, a pesar de que estos recursos deberían de ser fiscalizados y supervisados por la Federación”.
Al respecto, la investigadora comentó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) «ha deteriorado el ejercicio de su potestad para supervisar el uso de recursos” y la redistribución de los mismos en el presupuesto de egresos, pese a que la Ley vigente establece que hay partidas prioritarias que no deben ser modificadas.
“Los estados, en lo que se refiere a los recursos federales, no podrían estar transfiriendo recursos que se destinan a financiar acciones prioritarias hacia acciones no prioritarias. El hecho de que no ejerzan las acciones prioritarias debería llevar a quitarles el presupuesto, e incluso, a levantar denuncias [penales]”.
Asimismo, acusó la existencia de un “contubernio” entre los gobiernos estatales y las legislaturas locales, a que corresponde la supervisión de los recursos propios del estado.
EL GASTO ESTATAL
Guerrero es el estado que más sobreejercicio presentó en los rubros de viáticos, ceremonias oficiales y “otros”. Entre 2015 y 2017, erogó 1 mil 267 millones de pesos (543.5 por ciento) más.
En ese mismo periodo, la entidad gobernada por Héctor Astudillo Flores gastó 12 mil 358 millones (14 por ciento) adicionales en subsidios y desarrollo social.
La cantidad adicional invertida en gastos no prioritarios de Guerrero equivale a la mitad de la deuda pública estatal, al cierre de 2017 (2.1 mmdp, según los datos oficiales).
Sin embargo, los datos más escandaloso de la entidad fueron los del rubro de “servicios oficiales” en los años 2015, 2016 y 2017. En esos tres años, Guerrero presupuestó 20 mil pesos y terminó con un gasto de 78.2 millones de pesos en 2015 (3 mil 909 veces mayor a lo presupuestado), de 105 mdp en 2016 (5 mil 267 veces mayor) y de 134 millones en 2017 (6 mil 458 veces mayor).
Coahuila es la segunda entidad federativa con mayor gasto excedente en los tres rubros no prioritarios (1.2 mmdp ó 197 por ciento) en comparación con los rubros prioritarios (8.4 mmdp ó 10.2 por ciento).
Le siguen Michoacán, 4 mmdp (171 por ciento) contra 27.7 mmdp (23 por ciento); Puebla, 2.8 mmdp (130.4 por ciento) contra 44.7 mmdp (22.1 por ciento); Tamaulipas, 1.6 mmdp (123 por ciento) contra 16.5 mmdp (18.6 por ciento); además de Yucatán, 1.1 mmdp (122 por ciento) contra un subejercicio de 7.9 mmdp (-10.1 por ciento) en materia de desarrollo social, subsidios y apoyos a la población.
En el caso de Chiapas, entre 2016 y 2017, el sobreejercicio no prioritario fue de poco más de 2 mil millones de pesos (123 por ciento) mientras que el excedente en aspectos prioritarios fue de 23.2 mil millones (17.3 por ciento).
El gasto adicional en viáticos, ceremonias y “otros” no etiquetados entre 2015 y 2017 de las siete entidades federativas (14.2 mmdp), es superior a la suma de lo que la Secretaría de Desarrollo Social federal planeó erogar durante 2018 para los programas asistenciales de Estancias Infantiles (4 mmdp), Comedores Comunitarios (3.2 mmdp), Abasto Rural (2.1 mmdp), Fomento para la Economía Social (2.1 mmdp) y Abasto Social de Leche de Liconsa (1.2 mmdp).
De acuerdo con el IMCO, “todas las entidades de la República violan la Ley General de Contabilidad Gubernamental” y su tendencia de gasto refleja «falta de planeación, incumplimiento generalizado de los presupuestos de egresos y poca vigilancia de los congresos estatales”.
En general, los resultados de su Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2018 refieren que en conjunto, sólo en 2017, los 32 estados de la República mexicana gastaron 91 por ciento más recursos (2.1 mmdp) de lo presupuestado para ceremonias oficiales.
Asimismo, erogaron 56 por ciento más (9 mmdp) en otros servicios generales, 38 por ciento más (1.6 mmdp) en artículos de oficina, 12 por ciento más (229 mdp) en traslados y viáticos, así como 11 por ciento más (1.7 mdp) en servicios básicos.
Para remediar el gasto «discrecional» de los estados, la doctora Violeta Rodríguez Villar de la UNAM dijo a SinEmbargo que será necesario establecer más controles en materia de concurrencia fiscal; eliminar «el círculo vicioso que existe entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de los estados» con leyes menos laxas en materia presupuestaria (para evitar que haya traspaso de recursos prioritarios a recursos no prioritarios) y fortalecer la rendición de cuentas a través de la SHCP y de la Auditoría Superior de la Federación.
