Veracruz, San Luis Potosí y Guanajuato encabezan la lista de entidades con los montos más observados por la Auditoría Superior de la Federación en su segunda entrega de la Cuenta Pública 2016, en la que fiscalizó 5 mil 651 millones de pesos de recursos federales enviados a todos los estados y municipios.
Estas participaciones que el Gobierno federal les transfiere implican uno de los mayores rubros del gasto público. El órgano fiscalizador detectó opacidad y subejercicio en el uso de los recursos destinados a sus fondos de infraestructura y fortalecimiento financiero.
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Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).– La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la segunda entrega de la Cuenta Pública 2016, observó un monto por 5 mil 651 millones de pesos en los recursos federales ejercidos por estados y municipios durante el año pasado, cifra conformada por 3 mil 954 millones de recuperaciones determinadas y mil 697 millones de subejercicios.
Por el nivel de dinero fiscalizado destacan Veracruz por mil 881 millones (33 por ciento), San Luis Potosí por 434 millones (7.7 por ciento) y Guanajuato por 402 millones de pesos (7.1 por ciento).
Las fallas observadas son principalmente por subejercicio o gasto en obras suspendidas con los recursos federales destinados a infraestructura para agua potable, drenaje y letrinas; electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda.
A los estados que más se les encontró montos de subejercicio –menos gasto del presupuesto– fueron Guanajuato por 380 millones de pesos, Chihuahua por 173 millones y Jalisco por 160 millones.
La Cuenta Pública 2016 reportó un gasto federalizado por un billón 781 mil 660 millones de pesos, de los cuales 693 mil 777 millones (38.9 por ciento) fueron para las participaciones estatales, que representan más del 70 por ciento de los ingresos totales de los gobiernos locales y uno de los principales gastos del gobierno federal junto con el pago de la deuda pública y la cobertura de pensiones.
LOS HUECOS DE VERACRUZ
La lista negra la vuelve a liderar Veracruz, entidad bajo la gestión del ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa, encarcelado por enriquecimiento ilícito. El órgano autónomo determinó que el Gobierno de Veracruz no realizó una gestión eficiente ni transparente de los recursos transferidos ni cumplió con las disposiciones normativas respecto de la distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa.
En el fondo para infraestructura, los objetivos y metas no se cumplieron, ya que el estado no le ministró a los 212 municipios un total acumulado por mil 488 millones de pesos, correspondientes a agosto, septiembre y octubre de 2016, ni los intereses generados por los atrasos en las ministraciones por 986 millones de pesos, por lo que se dejó de atender a los beneficiarios programados.
Asimismo, se detectaron 14 millones 825 mil pesos del Impuesto Sobre la Renta participable que no fueron pagados a seis organismos municipales de agua potable, saneamiento y/o alcantarillado. Otros 27 millones 884 mil pesos de participaciones federales no se ministraron a cinco municipios y se presentó retraso del pago de las mismas a todos los municipios del estado.
El Gobierno veracruzano, ahora bajo la administración de Miguel Ángel Yunes, no presentó documentación comprobatoria ni justificativa del gasto por 6 mil 543 millones de pesos y se pagaron sueldos que excedieron los tabuladores autorizados por 75 millones 969 mil pesos.
A nivel municipal, los recursos federales transferidos a Álamo Temapache, Los Choapas, San Andrés Tuxtla, Tantoyuca y Veracruz para agua potable, drenaje y letrinas; electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda fueron afectados por la falta de adecuados sistemas de control y opacidad en la gestión. Además, una parte se usó en obras suspendidas.
Álamo Temapache generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 182 millones 200 mil pesos, concluyó la ASF. No obstante, los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera favorable, ya que el municipio destinó los recursos del fondo al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, seguridad pública de sus habitantes, obra pública y combustible, lubricantes, mantenimiento de vehículos, servicio de energía eléctrica e impuestos.
A Los Choapas se le señaló en el fondo para infraestructura un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 3 millones 728 mil pesos por transferencias injustificadas a otras cuentas bancarias y se afectó a la población objetivo al no ejercer 161 millones de pesos.
Otro municipio que tampoco cumplió con el sistema de control y transparencia fue San Andrés Tuxtla, por lo que provocó un posible daño a la Hacienda Pública Federal por 89 millones 815 mil pesos. Sus objetivos se cumplieron de forma marginal, pues el estado no entregó al municipio el 30 por cient0 de los recursos asignados. De los recibidos, el municipio invirtió 42 millones 194 mil pesos en proyectos que no beneficiaron a la población objetivo porque eran obras suspendidas.
En Tantoyuca de igual forma su falta de transparencia y control ha sido cuestionado por la ASF. Sus inobservancias a las normativas provocaron un probable daño a la Hacienda Pública por 73 millones 28 mil pesos y el municipio invirtió el 6.6 por ciento de los recursos disponibles en cinco obras que no operan.
Por parte del municipio Veracruz se detectó un probable daño al erario público por 47 millones 317 mil pesos, y se afectó a la población objetivo al no ejercer recursos por 9 millones 536 miles de pesos. Asimismo, se gastaron 14 millones 151 mil pesos en obras que no beneficiaron a la población objetivo en virtud de que corresponde a obras suspendidas.
LAS FALLAS DE SAN LUIS POTOSÍ
El segundo estado que encabeza el mayor monto de irregularidades es San Luis Potosí, gobernado por el priista Juan Manuel Carreras López desde 2015. En el informe de la Cuenta Pública 2016 la Auditoría Superior de la Federación observó fallas a nivel estatal y en el municipio homónimo.
Respecto al fondo de financiamiento e infraestructura, la entidad tiene pendiente de comprobar la vinculación de compromisos por 5 millones 631 mil pesos por la adquisición de la reserva territorial del derecho de vía del bulevar Ferrocarrilero Bicentenario. Tampoco ha acreditado las gestiones para formalizar el diferimiento del plazo, la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato ni la recuperación del anticipo otorgado por 2 millones 682 pesos.
En el municipio San Luis Potosí el órgano ha detectado un probable daño a las arcas públicas por 388 millones 953 mil pesos, y señaló que no existe calidad y congruencia de la información contenida entre el informe del cuarto trimestre y los registros contables.
En materia de infraestructura la posible afectación a la Hacienda Pública es por 31 millones 585 mil pesos y al 28 de febrero de 2017 no se ejerció el 41.8 por ciento de los recursos disponibles.
LA OPACIDAD EN GUANAJUATO
Guanajuato, entidad gobernada por el panista Miguel Márquez Márquez, ocupa el tercer sitio en el cúmulo de observaciones del órgano fiscalizador debido a deficiencias en el uso de los recursos federales que se le transfirieron.
A nivel estatal, la Auditoría Superior de la Federación ha señalado que 312 millones 910 mil pesos no se vincularon a compromisos formales de pago en el ejercicio fiscal para el que fueron asignados; y de los recursos comprometidos no se han ejercido 829 millones 406 mil pesos de los fondos Regional, Metropolitano, y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.
Además, detectó fallas en el control en los registros u operaciones realizadas y reportadas sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos a esa entidad federativa. También se comprobó la mala calidad en los trabajos ejecutados por 8 millones 436 mil pesos, debido a deficiencias de supervisión en la ejecución de la obra pública, lo que ocasionó el incumplimiento de los alcances establecidos.
Los municipios son cuestionados por su sistema de control y transparencia en la gestión de los recursos federales destinados a infraestructura que derivó en subejercicios (gasto menor del presupuesto).
San Miguel de Allende hizo un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 29 millones 343 mil pesos; San Felipe por 16 millones 609 mil pesos; León por 59 millones 711 mil pesos; Irapuato por 62 millones 861 mil pesos; Dolores Hidalgo Cuna por 28 millones 428 mil pesos, y no reportó las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo; Pénjamo por 25 millones 901 mil pesos y las metas establecidas no se pudieron verificar debido a que la entidad no los reportó en el Sistema de Formato Único; y Jerécuaro por 27 millones 874 mil pesos y por pagar obras y acciones que incumplen el destino.
En cuanto a fondos de financiamiento, San Miguel de Allende vuelve a ser señalado por un probable daño a las arcas públicas por 9 millones 315 mil pesos; Irapuato por 86 millones 82 mil pesos; y Celaya por 49 millones 295 mil pesos, por lo que los tres municipios no realizaron una gestión eficiente y trasparente de los recursos del Fondo de Aportaciones.
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