Martínez Zamora es investigada por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil 500 millones de pesos.
Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– Frida Martínez Zamora, exsecretaria General de la extinta Policía Federal (PF) y quien fue colaboradora cercana del exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, tramitó un amparo contra una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El amparo fue tramitado el 31 de agosto y no ha sido admitido por el Juzgado Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales de Toluca, Estado de México. Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito, dio a Martínez Zamora un plazo de cinco días para precisar en que zona puede ejecutarse el acto que reclama, por ejemplo, precisar si es en su domicilio.
Según argumentó la exfuncionaria en su solicitud de amparo, familiares le informaron que en diversos inmuebles ubicados en el Estado de México algunas personas que se identificaron como agentes policiales han preguntado por ella y buscado información sobre sus domicilios, horarios y actividades.
Frida Martínez se encargó de cuestiones administrativas durante su paso por la PF, que en la pasada administración dependía de la Secretaría de Gobernación. También se desempeñó como representante de Osorio Chong ante el Instituto Electoral antes de que el priista se convirtiera en Gobernador de Hidalgo.
El 10 de agosto, un Juez federal libró órdenes de aprehensión en contra de 19 exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong entre los que se encontrarían Jesús Orta, exsecretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, y Frida Martínez Zamora.
De acuerdo con los reportes, a las y los exfuncionarios se les señala por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil 500 millones de pesos.
También se les investiga por haber desviado recursos mediante compras irregulares de patrullas, aeronaves, tecnología y software de espionaje.
Las órdenes de aprehensión fueron liberadas luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó una denuncia.
