Durante el Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a agredir a los defensores del medio ambiente al llamarlos «seudoecologistas».
Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– En el marco del II Informe del Gobierno federal y la salida de Víctor Toledo Manzur de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), miembros de organizaciones civiles coincidieron en la urgencia de que la administración de Andrés Manuel López Obrador vire hacia políticas transversales para la protección del medio ambiente por encima de intereses económicos que incluyan a la agroecología, la transición energética y el respeto a los derechos y usos y costumbres de las comunidades indígenas.
«El tema del cambio climático ha sido ignorado por la Presidencia; es un tema que desconoce el Presidente. México no está pudiendo avanzar en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, como lo acordó en el Acuerdo de París, por el foco rojo que es la política energética retrógrada», dijo Adrián Fernández, director de la Iniciativa Climática de México.
El programa Sembrando Vida, dijeron, es más social que ambiental. En 2019 se registró la tasa más alta de pérdida de bosque primario en el país desde que el Global Forest Watch empezó su monitoreo en 2002, sobre todo en Campeche y Chiapas.
«El cuidado del medio ambiente y el combate al cambio climático deben ser parte de todas las políticas públicas de este Gobierno, con mayor énfasis en los sectores energético, agroalimentario y de transporte, tres sectores clave para la recuperación socioambiental y económica del país», dijo Aleira Lara, directora de campañas de Greenpeace México, luego de entregar en Palacio Nacional un día antes del Informe una misiva firmada por más de 35 mil mexicanos que piden un plan de recuperación pospandemia que considere la crisis climática.
Sin embargo, apenas el viernes 28 de agosto, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Diálogo y Movimiento, Indignación, Fundación para el Debido Proceso Legal, entre otros, fueron objeto de «difamación y hostigamiento», por acompañar a personas defensoras del territorio ante la implementación del Tren Maya en el sureste del país, coincidieron en un comunicado decenas de organizaciones civiles de diferentes estados del país respecto al señalamiento de que el financiamiento de fundaciones internacionales a organizaciones civiles es «para oponerse» al megaproyecto de la Península de Yucatán.
Romel González, miembro y fundador del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil que presentó un amparo contra el Tren Maya en el tramo de esa zona, afirmó que los miembros de su organización tienen una trayectoria de más de 20 años cuando no existía ni el partido Morena y, aclaró, el financiamiento legal de fundaciones internacionales que reciben es para «lo que no hace el Estado mexicano» como fomentar la agricultura, el turismo, la nutrición y capacitaciones.
«Nos señala como los malos de la película en lugar de dar respuesta a todos los señalamientos que hemos hecho al proyecto, como la Manifestación de Impacto Ambiental y el desplazamiento que ocasionará a las comunidades. En Candelaria se desplazarán más de 2 mil personas y no dice nada de eso. Los han amenazado de que los van a reubicar», dijo Romel, quien aclaró que el amparo presentado por no haber sido consultados de manera libre, previa e informada aún no llega a la sentencia, pero la suspensión definitiva «generó molestia» del Gobierno federal.
La Semarnat, dirigida ahora por María Luisa Albores González, tiene pendiente aprobar o no la Manifestación de Impacto Ambiental Regional del Tren Maya presentada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Dolores Rojas Rubio, de la Fundación Heinrich Böell, comentó que este año es complicado de evaluar la «política ambiental» del Gobierno federal por la presencia de la pandemia, la cual evidenció la urgencia de un cambio en ese rubro. «Es un llamado de atención. La pandemia misma es resultado de estas formas de consumo y destrucción de bienes comunes», dijo.
Durante el Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a agredir a los defensores del medio ambiente. «Por convicción, hemos decidido cuidar el medio ambiente como nunca lo hicieron los anteriores gobiernos, y lo más interesante, ni lo demandaron los seudoecologistas que tanto nos atacan», dijo.
En otro comunicado conjunto, las organizaciones aludidas exigieron al Presidente de la República una disculpa pública porque, expusieron, atacar su labor no solo implica una grave violación al universal derecho a defender los derechos humanos, sino también invisibiliza que son las y los integrantes de las propias comunidades quienes se oponen a un proyecto que viola sus derechos humanos al territorio, un medio ambiente sano, al agua, al consentimiento libre, previo e informado, a la salud, a su vivienda, a su hábitat y a la vida.
«El Tren Maya es un megaproyecto que representa graves riesgos e impactos ambientales, sociales económicos y patrimoniales. No fue decidido por el pueblo maya ni por otro pueblo indígena mexicano, sino que se realizó una consulta sin cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos; el mismo nombre busca apropiarse de la denominación cultural indígena del pueblo maya, con el propósito de hacerlo más amigable. Frente a estas violaciones de derechos humanos, han sido varias comunidades indígenas quienes, en ejercicio de su derecho a defender su territorio, han decidido impugnar con el acompañamiento de las organizaciones civiles», acusaron.
TRANSICIÓN A LA AGROECOLOGÍA
A inicios de agosto se filtró un audio del entonces Secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo Manzur, donde se le oye opinar sobre la falta de consenso en el Gobierno federal entorno a la transición energética y a la agroecología.
«No vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre porque el Presidente y la Secretaría de Agricultura y el Jefe de Presidencia están en contra”, habría dicho, quien encabezaba la transición de la agroindustria (pesticidas, transgénicos y monocultivos) a la agroecología (producción alimentaria con insumos orgánicos menos dañinos al suelo, agua, polinizadores y salud humana).
Contrario a los intereses de la industria química y de la agroindustria, como Monsanto, Syngenta y el Consejo Nacional Agropecuario, la Semarnat ha negado la importación de más de 60 mil toneladas del herbicida glifosato de noviembre de 2019 a la fecha por la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al ser un Plaguicida Altamente Peligroso (PAP). Busca su prohibición gradual rumbo a 2024. Desde 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha catalogado como potencialmente cancerígeno.
Dentro de la Secretaría de Agricultura, el titular Víctor Villalobos, cercano a Monsanto según las organizaciones, comparte la visión de seguir empleando agrotóxicos, contraria a la postura del Subsecretario Víctor Suárez, exintegrante de Sin Maíz no Hay País, colectivo que ha pedido reiteradamente al Gobierno de López Obrador producir alimentos de manera sana.
Desde la Fundación Heinrich Böell apoyan la transición a la agroecología, como una respuesta a la seguridad alimentaria y fortalecimiento de comunidad, pero con los cambios en el gabinete no saben si continuará. «Daba cuenta de una ruta muy distinta de lo que se había hecho en cualquier otro momento en el país», afirmó la Coordinadora Dolores Rojas.
Independientemente de quién dirija la Semarnat, Greenpeace México pidió impulsar la transición hacia la producción agroecológica dentro de la política agroalimentaria, que se garanticen los derechos de campesinas y campesinos a un trabajo digno, a un medio ambiente sano, a la salud y a la libre determinación, así como garantizar la soberanía alimentaria a través de alimentos sanos, ecológicos y accesibles a toda la población.
«En tiempos de crisis el acceso a los alimentos saludables, naturales y producidos localmente es estratégico para preservar la salud ambiental y de la población, para hacerle frente al sobrepeso y obesidad que nos hace más vulnerables ante la COVID-19», plantearon en la carta entregada esta semana al Presidente López Obrador.
TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Contrario a la tendencia mundial por la crisis climática y los compromisos internacionales firmados por México, el Gobierno federal insiste en anclar la soberanía energética en fósiles contaminantes con la producción petrolera de Petróleos Mexicanos (Pemex), incluyendo el fracking que pone en riesgo los recursos naturales y la salud, y la carbonización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Organizaciones piden que en vez de invertir recursos públicos en obtener más hidrocarburos, se deje de frenar a las energías renovables solo por tratarse de inversión privada.
«La política energética de esta Administración es la más retrógrada del mundo, se basa solo en un planteamiento ideológico alejado de toda racionalidad ambiental, económica y social. Está llevando al precipicio la política climática de este país «, dijo Adrián Fernández, director de la Iniciativa Climática de México. «No solo es la política energética de la Sener, es la visión del Presidente que se impone», la cual, por el impulso a la refinación, incluye la quema del contaminante combustóleo (con azufre).
Aunque se canceló la ronda 3.3 de la Reforma Energética que contemplaba nueve áreas no convencionales en Tamaulipas, la Alianza Mexicana contra el Fracking documentó que de los cinco pozos de Pemex para explotación no convencional autorizados en 2018, tres siguen operando, pese al compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador de prohibir el fracking. Los pozos activos son el de Coatzintla, en Veracruz; el ubicado en Jiménez, Tamaulipas y el de Pantepec en Puebla, que empezó a construirse en agosto de 2018 y que culminó en enero de 2019.
«Reiteramos nuestra exigencia al Ejecutivo de prohibir el fracking en México, dejar de aprobar proyectos que impliquen el uso de esta técnica y dejar de gastar los recursos económicos de la nación en campos no convencionales y en fracturamiento hidráulico que la evidencia científica muestra pone en riesgo al medio ambiente y la salud de las personas», resaltó la Alianza.
RESPETO A COMUNIDADES ORIGINARIAS
A lo largo de los sexenios, los megaproyectos han explotado y destruido los territorios de los pueblos indígenas, reduciendo su autonomía, sus ecosistemas y el goce y disfrute de sus derechos humanos. Y quienes se han opuesto han sido objeto de múltiples agresiones e intimidaciones que en algunos casos han llevado a su encarcelamiento y hasta su ejecución, plantearon organizaciones civiles. El Nuevo Aeropuerto en Santa Lucía, el Corredor Transístmico o el Tren Maya no son la excepción.
«La posición del actual Gobierno federal es una expresión propia a un régimen autoritario, el cual busca imponer sus proyectos en alianza con empresas con una larga trayectoria de corrupción, despojos y violación a los derechos de los pueblos originarios en México y otros países, proyectos que son solo la continuación de los proyectos neoliberales», expusieron organizaciones de campesinos e indígenas.
«Este Gobierno, como de diversas formas lo intentaron antes gobiernos priistas y panistas, se ha fijado como uno de sus objetivos la aniquilación de las organizaciones y movimientos que sean piedra para su zapato; olvida que muchos de sus funcionarios fueron formados en las filas de la sociedad civil, a la cuál ataca y difama por defender la vida y no estar de acuerdo con sus proyectos de muerte», acusaron, entre otros, Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, Colectivo IngeniumMex, Colectivo Xa’aybej por la Defensa del Territorio, Ka Kuxtal Much Meyaj A.C.
