Guanajuato es el estado con más homicidios del país, al concentrar mil 800 víctimas de las 16 mil 937 que se registraron en el primer semestre de 2021, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Ciudad de México, 3 de agosto (EFE).- El Gobierno mexicano indaga a Carlos Zamarripa, Fiscal general de Guanajuato, acusado de permitir que ese estado sea el más violento del país, afirmó este martes la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La organización accedió a un expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que congeló las cuentas de un empresario con presuntos vínculos con el fiscal.
«Las autoridades federales han rastreado las transacciones bancarias de Zamarripa y de su círculo cercano», aseveró el reporte de MCCI.
La indagatoria se revela tres semanas después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió destituir al Fiscal, en el cargo desde 2009, porque no «ha habido ninguna mejora» en la seguridad de Guanajuato, gobernado por el opositor Partido Acción Nacional (PAN).
Guanajuato es el estado con más homicidios del país, al concentrar mil 800 víctimas de las 16 mil 937 que se registraron en el primer semestre de 2021, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La región fue líder en homicidios absolutos en 2020, con un total de 5 mil 373, casi uno de cada siete de los 36 mil 579 nacionales, según el conteo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicado la semana pasada.
«No es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios, y lleve 12 años el procurador de Guanajuato, no es posible. Si fuese gerente de una empresa, con esos resultados ya lo hubiesen corrido», opinó López Obrador el 16 de julio.
En el expediente de la UIF al que accedió MCCI aparece una revisión de los ingresos y los gastos del fiscal desde 2012, tanto en México como en el extranjero.
Pero la asociación indicó que «no se encontraron inconsistencias relevantes», por lo que el Gobierno amplió la indagatoria a su círculo cercano, incluyendo a su esposa, quien era juez del Poder Judicial del Estado.
La investigación, de acuerdo con MCCI, incluyó a Luis Ernesto Ayala, quien hasta marzo pasado era el secretario de Gobierno de Guanajuato y resultó electo como diputado local en junio.
«Uno de los elementos que llevaron a investigar a Ayala Torres fue la venta que realizó de su empresa familiar, Botas San Diego, al empresario Francisco Isidro González Espejel, quien, según la información de inteligencia registrada en el expediente, podría tener vínculos con el fiscal», informó.
La UIF detectó una dispersión de fondos irregular en una de las comercializadoras de González Espejel, a quien le congeló las cuentas bancarias.
Por ahora, el empresario ha interpuesto un recurso de amparo y se desconocen las implicaciones directas del fiscal.
