Una semana después de la muerte de “El Ojos», el Gobierno capitalino llevó a cabo un operativo en el que retuvo 70 unidades de mototaxis; una cifra simbólica de los más de 10 mil que trabajan en el sur de la ciudad, agrupadas en 34 organizaciones.
«Piensan que todos somos iguales», afirma a Efe Marcos Ferreira, quien a las afueras del metro Zapotitlán espera que el panorama se despeje para sacar su mototaxi.
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Por Isabel Reviejo
México, 3 de agosto (EFE).- En el sur de la Ciudad de México, unos mototaxistas recogen rápidamente a unos pasajeros, mientras otros alertan que la Policía está próxima; en los últimos días estos trabajadores han pasado a actuar de forma casi clandestina, en medio de acusaciones de que son cómplices de una red delictiva.
Al margen de la ley, aunque tolerados por las autoridades, los mototaxistas ejercían su trabajo con normalidad hasta la muerte de Felipe de Jesús Pérez, alias “El Ojos y presunto líder del llamado cártel de Tláhuac, en referencia a la zona donde opera, en un choque con marinos.
El enfrentamiento puso en el punto de mira tanto al jefe de la demarcación de Tláhuac, Rigoberto Salgado, por su posible complicidad con “El Ojos, como a los mototaxistas, acusados de ejercer como «halcones» (vigilantes) del grupo y ayudar en la distribución de la droga.
«Piensan que todos somos iguales», afirma a Efe Marcos Ferreira, quien a las afueras del metro Zapotitlán espera que el panorama se despeje para sacar su mototaxi, la cual ha guardado ante la fuerte presencia de policías en el lugar, que detienen a los compañeros que ven trabajando.
Una semana después de la muerte del Ojos, el Gobierno capitalino llevó a cabo un operativo en el que retuvo 70 unidades de mototaxis; una cifra simbólica de los más de 10 mil que trabajan en el sur de la ciudad, agrupadas en 34 organizaciones.
Actualmente, las mototaxis que operan lo hacen sin la calandria -remolque cubierto en el que viajan los pasajeros-, para evadir a las autoridades.
Marcos, de la asociación Corona, rechaza que ellos hayan colaborado con el cártel de Tláhuac, y explica que quienes lo hacían eran mototaxistas «piratas».
Dice que no entiende por qué la zona es plasmada como un «punto rojo» por los medios de comunicación, ya que es «muy tranquila».
«Hay muchas familias que dependen de nosotros; eso no se pone a pensarlo la policía de aquí», agrega Marcos, quien trabaja como mototaxista desde hace seis años.
Los operativos continúan en Tláhuac, donde el aumento de los controles de seguridad es perceptible y se puede ver a grupos de policías deteniendo a microbuses y registrando a los pasajeros de forma aleatoria.
En uno de los kioscos del barrio, un llamativo cartel invita a los viandantes a comprar un compendio de fotocopias que contiene «toda la información sobre El Ojos».
El problema de los mototaxis «comienza desde la ilegalidad de su existencia», argumenta a Efe el periodista y analista Héctor de Mauleón, haciendo referencia a que, en primer lugar, las asociaciones de estos vehículos deben pagar una cuota a la demarcación -«no fiscalizada»- para que les dejen operar de forma no regulada.
A esto se le suma el papel que tuvo “El Ojos», quien les cobraba «otra cuota, y utilizó a algunos para que les avisaran de la presencia de patrullas, operativos, etc. y para la distribución de droga» al menudeo.
Un hermano de Salgado «que no está en nómina», añade el analista, hacía «actividades de control, era quien metía orden, el que manejaba las cuentas, arreglaba los distintos problemas».
Con todos estos elementos se creó «un contubernio perverso entre la autoridad establecida y la autoridad no establecida, que es la que dirige el Ojos», concluye.
En otra de las bases, en la salida del metro Nopalera, varios mototaxistas animan a los clientes a subir a los vehículos, prometiendo mantener «el mismo precio» por viaje que cuando tenían calandrias: cinco pesos (unos 0.28 dólares).
Allí, el líder de la Unión de Bicitaxis Arabella, José Varela, enseña documentación para demostrar que, desde hace años, el colectivo ha hecho intentos por regularizar su actividad, la cual era aceptada por la demarcación hasta que pasó a ser competencia de la Secretaría de Movilidad capitalina (Semovi).
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«Nos sentimos perseguidos, como que esto es una cacería de brujas», afirma a Efe José.
Como otros compañeros, el líder se desvincula con la actividad del Ojos, de quien solo dice que era «vecino de aquí».
En relación con los señalamientos de que transportaban droga, esgrime que los mototaxistas no pueden saber qué llevan los pasajeros en sus bolsas, porque la revisión de estos bultos no es su «responsabilidad».
Defiende que, en esto momentos, buscan hablar con la Semovi para alcanzar un acuerdo, y que ellos no están en contra de los operativos: «Si hay alguna persona que es culpable de nosotros, adelante (…) no nos estamos escondiendo», asegura.
