En las negociaciones del TLCAN, el Gobierno de México dio prioridad a las cúpulas empresariales, y para el resto de “los interesados” la Secretaría de Economía habilitó una página en la Internet que, entre el 26 de junio y el 26 de julio, estuvo disponible para recibir comentarios, denunció la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo.
Desde que iniciaron las consultas con el Consejo Coordinador Empresarial este organismo exigió que las negociaciones no se concentraran en ese organismo cúpula y, en cambio, incluyera a los productores de granos básicos, considerados entre los más afectados por ese tratado comercial.
“Es injusto y antidemocrático y sería un grave error volver a excluir a los pequeños y medianos productores de granos de básicos en las consultas, toda vez que representan más de cuatro millones de productores y son responsables de más del 60 por ciento de la producción nacional de dichos alimentos, a pesar de los impactos negativos de dicho tratado y del abandono gubernamental de los últimos 25 años”, expuso la ANEC.
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Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).– Como ocurrió en los meses previos a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los planes en México para la futura renegociación de este acuerdo dieron prioridad a las cúpulas empresariales.
Desde el 3 febrero, luego de que se oficializó la revisión del tratado obligada por el Presidente norteamericano Donald Trump, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunió con el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI) del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que instaló el “cuarto de junto” para, entre ese día y el 3 de mayo, acompañar con análisis e información al equipo negociador del Gobierno mexicano.
Para el resto de “los interesados”, la Secretaría de Economía habilitó una página de internet que, entre el 26 de junio y el 26 de julio, estuvo disponible para recibir comentarios.
“Es delicado, porque esperaríamos mucha más claridad en los contenidos de lo que ha pedido el sector privado al Gobierno, y esperaríamos mucha más transparencia e incluso la participación activa del Senado”, dice en entrevista la Senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta.
Desde febrero, Cuevas solicitó que también esa parte del Poder Legislativo –encargada de revisar la política exterior y de ratificar los tratados internacionales– se convirtiera en un “cuarto de junto parlamentario” para, como el sector empresarial, acompañar y dar seguimiento a la revisión del TLCAN.
“Consideramos que no es únicamente esperar a que el tratado llegue al Senado de la República ya firmado, ya negociado, sino que el Senado de la República pueda, tal y como sucede con los grupos empresariales, constituir un ‘cuarto de junto’ que nos permita tener información en tiempo real, tener diálogo constante con los distintos actores, por supuesto también diálogo constante con nuestros pares en Estados Unidos y Canadá, y tomar así una decisión mucho más informada”, planteó Cuevas entonces.
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El 22 de mayo, sin embargo, la Senadora denunció la “falta de información sobre el contenido y resultados de las consultas que ha llevado a cabo la Secretaría de Economía con el sector privado”, por lo que propuso exhortar a la dependencia para que informara “detalladamente” sobre ese proceso con la iniciativa privada.
En respuesta, informa Cuevas a este medio, la SE le envió un reporte de “forma” sobre las reuniones con las cámaras empresariales pero sin detallar el contenido.
“Me parece necesario que sea más transparente e incluyente”, dice Cuevas en la entrevista, en la que también advierte que la opacidad y exclusión del Senado en las negociaciones puede orillar a mezclar, en enero próximo, el proceso de ratificación del resultado de la negociación con las campañas electorales. “Tiene muchos riesgos”, comenta la legisladora.
También sin respuesta dejó la Secretaría de Economía a la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) que, desde que iniciaron las consultas con el CCE, exigió que la consulta no se concentrara en este organismo cupular y, en cambio, incluyera a los productores de granos básicos, considerados entre los más afectado por la entrada en vigor del TLCAN.
“Es injusto y antidemocrático y sería un grave error volver a excluir a los pequeños y medianos productores de granos de básicos en las consultas, toda vez que representan más de cuatro millones de productores y son responsables de más del 60 por ciento de la producción nacional de dichos alimentos, a pesar de los impactos negativos de dicho tratado y del abandono gubernamental de los últimos 25 años”, expuso la ANEC entonces.
Casi seis meses después, sin embargo, dice Víctor Suárez, director de esta agrupación, la solicitud de inclusión, enviada por escrito a la SE, continúa sin ser atendida.
“La Secretaría Economía está simulando realizar una consulta vía internet sobre la renegociación del TLCAN, pero en realidad con quien sí consulta es con la cúpula empresarial; para el resto de los sectores productivos y sociales, sólo simula”, dice Suárez.
CAMINO A LA RENEGOCIACIÓN
La renegociación del TLCAN –firmado originalmente en 1992 entre México, Estados Unidos y Canadá y vigente desde 1994– fue anunciada el 22 de enero por el nuevo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hizo de las críticas a este acuerdo comercial una de sus principales estrategias de campaña.
Ante el posicionamiento, las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores del Gobierno mexicano emitieron el 1 de febrero un comunicado conjunto para anunciar el inicio de “un proceso formal de consultas con el sector privado y otros actores relevantes por un periodo de 90 días, mismo que continuará de manera permanente una vez que inicie la negociación” el próximo 16 de agosto.
En este proceso, agregó el comunicado, “tendrá una participación activa del Senado de la República”.
Pero el proceso de consulta, advirtió Suárez desde esos días, repite el mecanismo de consulta implementado durante el sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortari y concentrado exclusivamente en el sector de las cúpulas empresariales.
“Este anuncio, impuesto por la presión del nuevo Presidente de los Estados Unidos y no como respuesta a las demandas históricas de diversos sectores productivos y sociales del país, reproduce la mecánica de consulta que impuso el entonces presidente Salinas de Gortari para la negociación del TLCAN, en la cual únicamente se tomaron en cuenta los intereses de las grandes corporaciones y se excluyó al sector de los pequeños y medianos productores de granos básicos”, expuso la ANEC entonces.
La consulta repite incluso a los negociadores originales del TLCAN, agrega Suárez, que menciona la participación de Herminio Blanco, ex Secretario de Comercio de Carlos Salinas y ahora parte de la consultora Iqom, en las mesas de análisis formadas en el sector privado.
El vicepresidente del CCENI que lleva la negociación, Valentín Díez Morodo, comparte asiento en el consejo de administración de Grupo México con otro de los negociadores originales del TLCAN, Juan Gallardo Thurlow.
“Es el mismo modelo”, cuestiona Suárez. “Sólo se quiere defender los logros de las agro-exportaciones, impedir que pueda haber aranceles a las exportaciones mexicanas y, a cambio, siguen ofreciendo como moneda de cambio al mercado agroalimentario mexicano; es decir: ‘déjenos exportar aguacates, frutas, cerveza y tequila, y nosotros les dejamos el campo para que nos manden los alimentos de 105 millones de mexicanos, que significa el empobrecimiento de la población”, agrega.
Cuevas, por su parte, menciona que “ningún tratado puede estar bien si sólo privilegia los capitales o bienes y no el trabajo”.
Ni la SE ni el CCE respondieron solicitudes de información que especificara quiénes fueron cada uno de los participantes –particulares o grupos– en el proceso de consulta. La SE envió sólo un documento que reporta haber recibido 613 «consultas» a través de la página de internet, de las cuales 57.7 por ciento, dice, fueron del sector «ciudadano», otro 30.3 por ciento «no especificado» y un 8.5 por ciento del «sector privado».
