Al iniciar el Gobierno de Enrique Peña Nieto se detuvo el avance de la construcción del túnel 1 de la segunda etapa del Libramiento Sur, en Morelia, Michoacán, por la presión de un grupo civil. El activista que lo encabeza dijo a SinEmbargo que en una reunión con Raúl Murrieta Cummings, Subsecretario de Infraestructura en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el funcionario dijo: «si las obras de la SCT cumplieran con la Ley, no se haría nada en este país». Allí les quedó claro, expuso, que en ese momento ellos iban a dejar que avanzara esa construcción… y así fue.
Ivette Lira y Guadalupe Fuentes López
Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- Tradeco, la constructora favorecida desde los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, y actualmente por el priista Enrique Peña Nieto, continúa en una batalla contra grupos civiles que se oponen a la construcción del túnel 1 de la segunda etapa del Libramiento Sur, en el tramo Ramal Camelinas en Morelia, Michoacán.
El Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma Santa María ha denunciado reiteradamente que la obra viola la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que establece la cancelación de cualquier proyecto que invada un polígono protegido y aunque el libramiento incurre en ese acto en el Área Natural Protegida de la Loma de Santa María y Depresiones Aledañas, donde habitan más de mil 200 especies de flora y fauna, –de las cuales dos están amenazadas y en peligro de extinción y hay aves que se encuentran en la categoría de protección especial–, los trabajos continúan.
«Aunque la Ley General de Equilibrio Ecológico establece que cruzar un Área Natural Protegida inhabilita cualquier proyecto, Tradeco sigue. Hay una colusión interinstitucional de los tres niveles de Gobierno, aunque nosotros hemos demostrado la ilegalidad y la obra sigue avanzando –no al ritmo que ellos quisieran porque la predicción de los expertos es que van a encontrar fallas geológicas y laderas inestables–», dijo en entrevista para SinEmbargo, Moctezuma Madrigal Mercado, uno de los cuatro voceros del movimiento que se opone a la obra.
Las especies que habitan la zona y se encuentran en peligro de extinción son la rana moctezuma y la salamandra de arroyo michoacana, esta última es endémica. La próxima semana, los activistas interpondrán un amparo con el argumento de dichas especies, ya que así se les puede negar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Además de la ilegalidad de la obra, su construcción provocaría incluso «una catástrofe anunciada». De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el sitio se cruzan tres fallas geológicas y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) habla ya de que son cuatro.
«Habrá una reactivación de las laderas y la falla geológica rompe cualquier estructura, de hecho las casas que están alrededor del proyecto carretero están destrozadas por el efecto de las fallas, están cuarteadas, se están cayendo –sin obra–, los expertos dicen que la obra va a reactivar las fallas y puede generar un deslave de más de 500 metros», denunció el activista.
GOBIERNOS COLUDIDOS
El desarrollo del libramiento, de acuerdo con el movimiento, «es un pretexto para urbanizar y un capricho para tratar de conectar un centro comercial del señor Francisco Medina [Chávez], muy amigo del ex Presidente Felipe Calderón [Hinojosa], que se presume como el centro comercial a cielo abierto más grande de América Latina, pero que está en quiebra porque no llega gente”.
Al inicio, en 2012, el Gobierno de Enrique Peña Nieto detuvo el avance de la obra por presiones del Movimiento, sin embargo, el activista señaló que en reunión con Raúl Murrieta Cummings, Subsecretario de Infraestructura en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dijo al funcionario que al ser una obra fuera de su Gobierno, tenía los elementos para detenerla con el argumento de que la ley no se cumplía, no obstante, «él nos contestó que si las obras de la SCT cumplieran con la ley, no harían nada en este país. Allí nos quedó claro que en ese momento ellos iban a dejar que avanzara la obra y así fue».
«Empezaron a impulsar, destrabaron presupuesto para 2014, del cual ha habido un subejercicio de más del 90 por ciento. Del 2012 a la fecha se les han asignado mil millones de pesos y han ejercido solo cien. De mil millones que se les han dado en cuatro años, solo han ejercido cien, esto te habla del nivel de conflicto de la obra, del nivel de imposibilidad técnica política, social y jurídica de hacerlo. Si tienes presupuesto lo ejerces», puntualizó.
Aunado a ello, acusó que en el Gobierno de Michoacán, con Silvano Aureoles Cornejo a la cabeza, «hemos encontrado mucha indiferencia por parte de su jefe de sector que es el Secretario de Urbanismo Ricardo Luna, al principio hubo mucho diálogo, pero después se cerró. Nosotros fuimos a entregarle las 10 mil firmas al Gobernador y nos sacaron sus guaruras», denunció.
Hace un par de meses, miembros del Movimiento dialogaron con representantes del Gobierno michoacano y ofrecieron dejar la lucha si eran capaces de demostrar la legalidad de la obra, sin debatir sobre la seguridad y el impacto ambiental, no obstante, hasta el momento no han recibido respuesta.
«Ya pasaron tres meses y no nos han mostrado ningún documento. Ese es el nivel de ilegalidad de la obra», reveló.
Y agregó: «nos quieren aplicar lo de la supervía, que es hasta que se termine la obra van a decir ‘tenían razón ustedes’, el problema es que no avanzan tan rápido por la naturaleza.
MÁS DAÑOS
En el plano de la vida, hay por lo menos 14 mil personas en riesgo. «La UNAM dice que es difícil predecir cuándo va a ocurrir un derrumbe, pero que las condiciones que se establecen en el terreno son de alto riesgo. Si la máxima casa de estudios dice que hay un alto riesgo y la Michoacana dice que hay un alto riesgo, pues algo debe de haber», comentó el activista.
Otra afección provocada por la obra, sería en la principal fuente de abastecimiento de agua de la capital, ya que la zona suministra el 40 por ciento del vital líquido que consume la entidad. «Va a generar sequía y la reactivación inmediata de las fallas geológicas», subrayó.
En materia ambiental, -dijo– «estamos hablando de un verdadero ecocidio, que si nos escandalizó Tajamar y otros casos alarmantes, esto es gravísimo porque el proyecto se construye en el último bosque de la ciudad, donde habitan más de mil 200 especies de flora y fauna».
Además, desde el punto de vista económico, es una obra que cuesta mil 200 millones de pesos de presupuesto público, a pesar de tener una extensión de sólo 4 kilómetros, es decir, 300 millones por kilómetro, para beneficiar sólo a 4 mil autómovilistas diariamente.
«Es una burla para un país con más de 55 millones de pobres que se destine esa cantidad de recursos para ayudar a la constructora del ex Presidente Felipe Calderón», recriminó Madrigal Mercado, quien se ha enfrentado a amenazas y difamaciones por defender los recursos naturales.
EL HISTORIAL NEGRO DE TRADECO
Grupo Tradeco es una empresa constructora y desarrolladora de Infraestructura, con capital 100 por ciento mexicano, de acuerdo con información que aparece en su página oficial. Fue fundada el 18 de febrero de 1992 con el objetivo de satisfacer las necesidades de desarrollo en infraestructura en México y Latinoamérica.
La trayectoria del Grupo es significativa, pues en pocos años ha sido protagonistas en la realización de obras y proyectos, tanto en la República Mexicana, como en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos.
Desde 1992, su presidente Federico Martínez Urmeneta se ha encargado de la construcción de carreteras, puertos, trenes, hospitales, plataformas e infraestructura para el Gobierno federal.
Grupo Tardeco ha creado empresas especializadas como: Tradeco Infraestructura, Tradeco Industrial, Tradeco Urbana, Tradeco Ingeniería, Innovaciones Técnicas en Cimentación (Itecsa), Compañía Mexicana de Taxis Aéreos (Cometa), Avance Concesionarias y Operaciones y Rentas Costa Afuera (ORCA).
De 2003 a 2012, la constructora recibió contratos gubernamentales por más de 20 mil millones de pesos, en cuyas adjudicaciones se han detectado varias irregularidades y opacidad, de acuerdo con reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La historia de éxito de Tradeco sólo se puede entender por el impulso en los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, que le dieron multimillonarios contratos, muchos de ellos por adjudicación directa.
De acuerdo con la ASF, la empresa ha obtenido más de 100 contratos por un monto superior a los 20 mil 204 millones de pesos con diversas dependencias de la administración pública, entre ellas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Petróleos Mexicanos (Pemex), Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la Policía Federal y la extinta Secretaría de Seguridad Pública.
En 2006, Tradeco ganó una licitación internacional para la construcción del Puente Baluarte, donde se llevaron a cabo siete convenios de modificación del contrato original para la ampliación del costo y del tiempo de entrega del trabajo.
En 2009, la ASF determinó que la SCT de Sinaloa realizó pagos excesivos por más de 27 millones de pesos a la constructora.
De acuerdo con información obtenida por SinEmbargo, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, Tradeco ha realizado 19 proyectos con los cuales quizá no se acerca a los 20 mil millones de pesos de los 12 años pasados, pero sí ha obtenido un monto nada despreciable: 12 mil 411 millones 487 mil 300 pesos.
La mayoría de esos contratos se pactaron con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para desazolves de ríos; con Pemex, para la instalación de acueductos, y con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por un concepto que en los documento aparece sólo como “obras”.
