Las zonas arqueológicas tienen una importancia educativa, ritual y de identidad tanto para los pueblos originarios y las comunidades aledañas como para la nación, además de permitir entender, con evidencia material, el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, por negligencia y corrupción de autoridades locales y federales, la construcción de obras irregulares ha dañado o destruido este patrimonio.
Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).– El atentado contra el pasado y culturas prehispánicas con obras irregulares no se limita al caso reciente de la zona arqueológica de Teotihuacan, Estado de México, que permaneció impune durante tres meses.
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos (1972) plantea que cuando las autoridades estatales y municipales decidan intervenir este tipo de inmuebles lo harán sólo con previo permiso y dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Las obras que se ejecuten sin la autorización, serán suspendidas o demolidas. Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya estos bienes ancestrales se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.
Pero la Ley, ya sea por complicidad entre autoridades, sobornos o ambigüedad en su aplicación, se ha violado más de una vez en casos como las zonas arqueológicas de Cholula, Puebla; Teotihuacan, Estado de México y Cuicuilco, Ciudad de México.
«Es por negligencia y omisión de los departamentos jurídicos del INAH y de autoridades municipales y estatales. Tenemos una buena legislación, pero por corrupción no se aplica y esto genera impunidad», dijo en entrevista Sergio Gómez, uno de los arqueólogos del INAH citados en la investigación del New York Times (Pulitzer 2013) sobre los sobornos que Walmart México entregó a autoridades del Estado de México y federal para construir frente a la zona arqueológica de Teotihuacan una Bodega Aurrerá, inaugurada en noviembre de 2004 y operando hasta la fecha.
«Cada que hay una obra ilegal se destruyen o afectan vestigios, por lo que se pierde definitivamente la oportunidad de acceder al conocimiento de las antiguas culturas que habitaron un territorio; es como arrancar hojas de un libro que impide entender una trama o final», explicó el arqueólogo. «En cualquier otro país del mundo quisieran tener una mínima parte de la riqueza arqueológica, histórica y cultural que poseemos en México».
Gómez expuso que, más allá de los beneficios económicos turísticos, las zonas arqueológicas tienen una importancia educativa para los pueblos originarios o comunidades aledañas, son elementos que fortalecen la identidad de una nación y, a nivel internacional, permiten entender el desarrollo de la humanidad al grado de designar algunas como Patrimonio de la Humanidad.
Carolina Sánchez, investigadora del Programa de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, agregó que para los pueblos originarios las zonas arqueológicas siguen siendo espacios sagrados donde realizan rituales. «Ellos son los descendientes de quienes ocuparon esas ciudades», destacó.
Pero, coincidió, por intereses económicos, corrupción o falta de recursos para su protección, se siguen instalando obras irregulares que dañan esta evidencia material de la época prehispánica. Sánchez contextualizó estas construcciones ilegales en sitios arqueológicos dentro de la imposición de megaproyectos en pueblos indígenas que no sólo atentan contra su cultura, sino que generan conflictos sociales y muertes.
«No es suficiente tener un marco jurídico, sino que es necesario que las instituciones se apeguen y se verifique que se cumpla», planteó.
PLAZA EN PIRÁMIDE Y REPRESIÓN
La zona arqueológica de Cholula, ubicada en los municipios de San Pedro y San Andrés Cholula, Puebla, además de los patios ceremoniales alberga en un cerro a la Gran Pirámide de Cholula, la cual ha sido amenazada por un distribuidor vial, una plaza y un centro comercial durante el morenovallismo (2011-2018).
Dedicada al dios Tláloc, esta pirámide es la de mayor superficie en Mesoamérica (450 metros por lado) y en la parte más alta los españoles construyeron una iglesia para Nuestra Señora de los Remedios, documenta el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). El templo católico cuenta con murales reconocidos como de los más importantes en Mesoamérica: Los Bebedores y Los Chapulines.
La ciudad prehispánica de Cholula formó parte de la red comercial de Teotihuacan hacia el sureste, región de donde provenía la cerámica anaranjado. La población era de la cultura Ñuiñe, originaria del suroeste poblano y noreste de Oaxaca, actualmente la región Mixteca. Después del declive teotihuacano, los toltecas conquistaron el territorio, con lo que la ciudad vivió un nuevo auge hasta la llegada de los mexicas, que convirtieron a Cholula en su tributario y aliado en contra de los tlaxcaltecas.
Sin embargo, arqueólogos y las organizaciones vecinales «Cholula Viva y Digna» y «Círculo de Defensa» han acusado que desde 2012 la zona arqueológica ha sido amenazada por la construcción a sólo 500 metros del Distribuidor Vial, inaugurado dos años después por el Gobierno de Rafael Moreno Valle.
Durante las excavaciones de la obra se hallaron 12 entierros prehispánicos y el cráneo de un Guerrero Jaguar, pero el entonces delegado del INAH en Puebla, Francisco Ortiz Pedraza, declaró que no ameritaba la suspensión del proyecto.
Además, a mediados de 2014 se inició la obra del Parque Intermunicipal/Plaza de las Siete Culturas, en el polígono I de protección de la zona arqueológica decretado por el INAH en 1993 como zona federal protegida, donde está prohibido construir.
«Lejos de rescatar el patrimonio arqueológico de Cholula, lo sepulta bajo obras ‘modernas’, pagando además un precio injusto a los propietarios de los predios aledaños a la pirámide», denunció entonces Círculo de Defensa. «Los cholultecas estamos orgullosos de nuestras raíces prehispánicas; no necesitamos un parque arriba de la pirámide».
El proyecto de la Plaza de las Siete Culturas se canceló en septiembre de 2016 ante la oposición ciudadana, pero dejó un saldo de cuatro activistas en prisión durante dos años y la amenaza de órdenes de aprehensión contra otras diez personas. Hasta 2020 los campos de flores expropiados por el Gobierno de Moreno Valle, convertidos en concreto, se regresaron al municipio de San Andrés.
Pero la amenaza volvió. En el 2018, el diario local Lado B documentó que ante la falta de reglamentación sobre el tipo y altura de construcciones alrededor de la pirámide, y al no encontrar ninguna estructura ni vestigios, el INAH y el Gobierno de San Andrés avalaron un centro comercial de tres pisos a sólo 250 metros de la zona arqueológica.
La Plaza Gran Pirámide comenzó a construirse desde 2017 y actualmente opera. Aunque la construcción fue suspendida en mayo de ese año por falta de permiso del municipio, se retomó un mes después aunque los documentos estuvieron en regla hasta febrero de 2018, detectó el medio.
«¿Es ilegal? Dice la Ley que queda a criterio de las autoridades, y las autoridades, las mismas sobre las que pesan denuncias de corrupción y omisión, dicen que no», reportó la periodista Aranzazú Ayala.
«El exdelegado de Puebla Francisco Ortiz Pedraza estuvo en el INAH de 2013 a 2017, periodo durante el cual se otorgaron los permisos para el centro comercial. Estuvo envuelto en varios escándalos: en 2014 fue señalado y denunciado públicamente por académicos y activistas por aprobar la construcción del Distribuidor Vial, donde se encontraron los entierros y el supuesto cráneo del Guerrero Jaguar», agrega el reportaje.
TEOTIHUACAN: MESES DE DENUNCIA
Junto con las pirámides de Giza en Egipto y el Coliseo de Roma, Teotihuacan forma parte de las tres zonas arqueológicas con más visitas turísticas del mundo, principalmente en los equinoccios de primavera y otoño, por sus palacios, templo y pirámides del Sol y la Luna conectadas por la Calzada de los Muertos. Esta metrópoli sagrada, declarada Patrimonio de la Humanidad, fue fundada en el año 100 a.C y, después de ser abandonada por sus primeros habitantes, en el 750 d.C. llegaron a habitarla los aztecas, quienes la bautizaron como «la ciudad de los dioses».
Sin embargo, investigadores denunciaron la destrucción de parcelas de Oztoyahualco en el Estado de México, debido a una obra privada con maquinaria pesada ubicada cerca de la zona de monumentos arqueológicos. A pesar de la colocación en dos ocasiones de sellos de suspensión por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la construcción irregular continuó durante marzo, abril y mayo hasta la intervención de la Fiscalía General (FGR) y la Guardia Nacional el lunes pasado.
El INAH requirió al propietario ir a las oficinas del Departamento de Protección Técnica y Legal para que presentara documentación y su plan de obra, pero nunca fue. De manera extraoficial, se dice que planeaba construir un centro recreativo.
El Consejo de Arqueología, órgano consultivo de la Dirección General del INAH, condenó enérgicamente la destrucción y exigió frenar este «atentado contra nuestro pasado, evitar la impunidad y proteger el patrimonio arqueológico». El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, un organismo de la UNESCO, dijo que se había detectado saqueo de artefactos.
Desde el 5 de marzo, personal del INAH colocó sellos de suspensión en la obra por no estar permitida por decreto presidencial. Tanto la Secretaría de Cultura como el INAH estimaron que los trabajos ponían en riesgo a 25 estructuras arqueológicas y grutas con vestigios prehispánicos.
Tras el vencimiento del plazo que la Ley le otorga al propietario del predio para la regularización del proyecto, se realizó una nueva visita de verificación el 30 de marzo. Pero los sellos de la primera suspensión habían sido violados y las obras continuaban de manera ilícita, por lo que el INAH colocó nuevos sellos de suspensión y denunció el 20 de abril ante el Ministerio Público en el municipio de Texcoco, lo que derivó en que el 31 de mayo la Fiscalía aseguró el sitio y 250 elementos de la Guardia Nacional lo resguardaron.
La incautación le permitió a la Fiscalía asumir el control del predio, mientras que los responsables de las obras están siendo investigados por cargos penales de “ocasionar daños irreparables al patrimonio arqueológico de México”.
WALMART, EL ANTECEDENTE
En el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), Walmart de México sobornó a autoridades del Estado de México y del INAH con 52 mil dólares para modificar un mapa de zonificación que impedía la construcción de una Bodega Aurrerá en un campo de alfalfa en el barrio de Purificación, ubicado cerca de la zona arqueológica de Teotihuacan, reveló una investigación de dos partes del The New York Times merecedora del premio Pulitzer 2013.
El reportaje, de David Barstow y Alejandra Xanic, documenta que la trasnacional planeó construir a la entrada principal del sitio arqueológico, visitado por miles y miles por sus pirámides, para eliminar a la competencia como los mercados públicos de San Juan Teotihuacan.
«Walmart de México comenzó a construir meses después [de obtener la zonificación para uso comercial con sobornos], provocando una feroz oposición. Los manifestantes condenaron la idea de un Walmart tan cerca de un tesoro cultural. Sostuvieron que los mercados públicos tradicionales de la ciudad serían diezmados y su tráfico empeorado. Sin embargo, a pesar de todo el escrutinio, la historia del mapa alterado siguió siendo un secreto. La tienda abrió para la Navidad de 2004 [para las compras navideñas]», planteó el texto publicado en diciembre de 2012.
Las fechas de los sobornos, detalló la investigación, coincidieron con los días en que se emitieron los permisos críticos. Los funcionarios de Walmart de México no los pagaron directamente. Los pagos en sobres con efectivo fueron hechos por abogados externos y reparadores de confianza.
En tiempos del Gobernador mexiquense Arturo Montiel Rojas, dos de los servidores públicos locales que recibieron sobornos fueron Víctor Manuel Frieventh Mondragón, titular de la planeación urbana en el Estado de México y responsable del mapa modificado, y Guillermo Rodríguez, exalcalde de San Juan Teotihuacán que apresuró la construcción pese a la falta de permisos como el ambiental. También se entregó dinero para obras a líderes vecinales del barrio de Purificación y a billetazos acallar las protestas.
El New York Times encontró evidencia del cambio en el mapa de la zonificación en un disco de computadora guardado en una caja de zapatos dentro de la Oficina de Planificación Urbana y Regional de Víctor Frieventh, hijo del dueño de una zapatería. En el mapa alterado, la zonificación del campo de alfalfa de la señora Elda Pineda se había cambiado para permitir un centro comercial.
Además, los altos funcionarios del INAH habían pedido una “donación oficial” de hasta 45 mil dólares y un “obsequio personal” de hasta 36 mil a cambio de un permiso, dijo uno de los exejecutivos de Walmart México consultado que coordinó la entrega de sobornos. Es posible que se destruyeron restos antiguos durante la excavación. Pero todos los funcionarios del INAH entrevistados negaron haber aceptado dinero de Walmart.
Hasta la fecha, sigue operando la Bodega Aurrerá San Juan Teotihuacán construida sobre ruinas arqueológicas. Los arqueólogos del INAH encontraron un altar, tumbas, una plaza, los restos de un muro que data del año 1300 y cerámica de barro. En 2019, Walmart acordó desembolsar 282 millones de dólares en un acuerdo para resolver una larga investigación sobre pagos cuestionables que hizo la compañía a funcionarios en países como México y Brasil.
«Sigue ahí funcionando con la justificación de tener permisos, pero sabemos que fue a partir de anomalías», dijo el arqueólogo del INAH, Sergio Gómez. «Es un ejemplo de cómo los intereses económicos, en este caso trasnacionales, pasan por encima de la legislación y los vestigios con tal de obtener un provecho. Ahora hay una invasión impresionante de locales comerciales alrededor de la zona arqueológica y el argumento es que, si se dio permiso a Walmart, también se lo deben dar a ellos».
PLAZA EN CUICUILCO
La zona arqueológica de Cuicuilco, al sur de la Cuenca de México, abarca desde el Gran Basamento Circular hasta el montículo circular de Peña Pobre, dentro del Parque Ecológico y la Pirámide de Tenantongo en la parte alta del Bosque de Tlalpan.
En el sitio se han encontrado las representaciones más tempranas del dios Viejo del Fuego y en ese lugar pudieron darse los primeros pasos en el establecimiento de un calendario basado en la observación de los movimientos del sol.
En 1997, Inmuebles Carso de Carlos Slim Helú construyó enfrente de la zona arqueológica la Plaza Cuicuilco, luego de rehabilitar la antigua zona industrial al sur de la Ciudad de México, donde cinco años antes había construido Plaza Loreto.
