A casi un año de la oleada de desplazamientos masivos en esa región, la gente de nuevo tiene que salir huyendo de sus comunidades ante amenazas de grupos armados, que se disputan el territorio para extorsionar y controlar las actividades del crimen.
Luego de que el pasado 22 de mayo asesinaran a cuatro personas en el pueblo minero de Pánuco, Concordia, por lo menos trece familias se han salido por la fuerza: seis la semana pasada; y este martes, a siete familias más se les cumplió el plazo que les habían puesto los maleantes para que abandonaran el lugar.
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos urge al Gobernador a actuar para pacificar la sierra de Concordia y atender a las personas desplazadas forzadamente.
Por Sibely Cañedo
Culiacán/Ciudad de México, 3 de junio (Noroeste/SinEmbargo).– A pesar de que las autoridades habían asegurado que la tranquilidad había vuelto a la sierra de Concordia, los hechos violentos de los últimos días han mostrado una realidad muy diferente.
A casi un año de la oleada de desplazamientos masivos en esa región, la gente de nuevo tiene que salir huyendo de sus comunidades ante amenazas de grupos armados, que se disputan el territorio para extorsionar y controlar las actividades del crimen.
Luego de que el pasado 22 de mayo asesinaran a cuatro personas en el pueblo minero de Pánuco, Concordia, por lo menos trece familias se han salido por la fuerza: seis la semana pasada; y este martes, a siete familias más se les cumplió el plazo que les habían puesto los maleantes para que abandonaran el lugar, denunciaron activistas del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS), que temen una nueva crisis humanitaria por el regreso de la migración forzada.
Y esto porque no solamente han documentado los casos de Concordia, sino que en este mes también se registró el desplazamiento de seis familias de la comunidad de La Rastra, en el municipio de Rosario, que fueron expulsadas por gente armada que ocupó sus viviendas y les impide regresar, revelaron durante una reunión con desplazados para anunciar apoyos sociales.
Por su parte, el Gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, aunque dijo desconocer los índices de familias desplazadas por la violencia negó que la zona sur esté en focos rojos por este problema.
“No (está en focos rojos), yo creo que el sur se está trabajando intensamente, hay avance, hay crecimiento, hay desarrollo y hay que seguir reforzando las áreas de seguridad”, dijo.
Justificó que no se tenga un censo de familias que han vivido esta situación, al decir que unas familias se han desplazado y otras han regresado a sus hogares.
El Ejecutivo estatal comentó que este fenómeno no solo se da por hechos de alto impacto, sino también por la falta de oportunidades.
“Hay una falta de oportunidades histórica en lo que es la sierra, porque es donde hay mayor rezago, pobreza, marginación, por otro lado hay un factor de algunos grupos que han alterado el orden”, aseguró.
Para la Alcaldesa Martha Ofelia Castillo, el problema del desplazamiento de familias en la zona serrana de Rosario es menos, pues asegura que en lo que va del año en el municipio solo dos familias han solicitado el apoyo para abandonar sus comunidades de origen, y no el número que difundió la asociación civil MASS.
“Se nos pidió el apoyo y como autoridad se les brindó, pero se desconocen los motivos por lo que ellos decidieron hacerlo”.
Dijo que tan solo se ha especulado que ambas familias abandonaron su comunidad al existir un presunto acoso, pero no se ha formalizado en una denuncia.
FAMILIAS DEZPLAZADAS VIVEN CON TEMOR
Caras tristes se observaban en la reunión con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, la cual tuvo lugar en el comedor comunitario de la colonia Urías al sur de esta ciudad, con personas que han sido amedrentadas por los grupos del crimen allá en la sierra y se han asentado en este puerto, principalmente en colonias de la periferia e invasiones.
Era una treintena de personas, la mayoría mujeres con sus niños. Entre ellas, se encontraban familiares de las personas recién ultimadas a balazos, quienes con los ojos llorosos escucharon a los funcionarios, pero no se atrevieron a decir una palabra. Entre los desplazados, prevalecía el silencio. Sólo algunas mujeres entraron a una oficina a hablar de su situación en privado; dos alzaron la voz para desmentir que había seguridad en la zona serrana.
La intención del encuentro era informar a la gente que podían hacer uso de los 12 comedores comunitarios del municipio, que ofrecen desayunos y comidas a un costo de diez pesos para ayudar a grupos vulnerables. Hasta ahí acudió el director de participación comunitaria, Jorge Omar Inzunza. Pero lo que afloró fueron denuncias.
NUEVA CRISIS: URGE VIVIENDA, ADIVIERTE MASS
Miguel Ángel Gutiérrez, integrante del MASS, dijo que tienen registradas 337 familias que han sido desplazadas forzadamente, en su mayoría de la sierra de Concordia, a partir del año pasado.
“Lo que tememos es una crisis de desplazamientos, pues estamos viendo que para esta gente ya no es posible regresar y se les tiene que resolver su derecho a la vivienda, es lo más urgente, porque es muy difícil que resuelvan lo de la seguridad”, lamentó.
Del mismo movimiento, Miguel Ángel Ramírez Jardines expuso que los apoyos sociales de Gobierno del Estado ayudan de momento, pero no resuelven el problema de fondo, que es el arraigo de la violencia en la región.
De igual forma, el MASS puso en duda la versión oficial de que fueron cuatro bajas el 22 de mayo, puesto que testimonios directos indican que por lo menos fallecieron 12 personas. Otras siete habrían muerto en diversos hechos en la misma zona.
Mujeres que pidieron el anonimato comentaron, en entrevista, que ya no piensan regresar a sus pueblos porque la violencia continúa y no quieren que sus hijos sean reclutados por los delincuentes.
Por lo pronto viven de renta, hacinados, con familiares, trabajando en lo que se pueda… Con la incertidumbre de que en cualquier momento les pidan salir de nuevo de sus casas provisionales.
PIDEN MEDIDAS CAUTELARES PARA FAMILIAS
Medidas de protección urgentes, exige la Comisión de Defensa de los Derechos en Sinaloa (CDDHS) para las siete familias que denunciaron amenazas de un grupo armado en el pueblo minero de Pánuco, Concordia, a las que se dio de plazo hasta el martes para abandonar el lugar.
La recomendación de medidas cautelares fue entregada al Gobernador, Quirino Ordaz Coppel; al Congreso del Estado, y al Fiscal General de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, a quienes se les reclama atender a los desplazados de la sierra de Concordia, que se ha convertido en una zona inestable por la violencia desde mediados del año pasado.
“En primer lugar se pide que las siete famiias amenazadas sean puestas en un lugar seguro y con todas las garantías que establecen los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU y la Ley de Atención y Protección a Víctimas (del estado de Sinaloa)”, indicó Óscar Loza ochoa, presidente de la CDDHS, una organización de la sociedad civil especializada en la defensoría de grupos vulnerables.
En el documento, se instruye a las autoridades a implementar las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de los pobladores de esa región, donde se temen nuevos desplazamientos forzados a raíz del asesinato de cuatro personas el 22 de mayo pasado, en un camino rumbo a Pánuco.
Sin embargo, versiones recogidas en las comunidades apuntan a que fueron por lo menos doce las víctimas mortales en este caso, reportó el Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS), que ha realizado una labor de acompañamiento de los desplazados provenientes de esta zona.
Ante esta grave situación de inseguridad, la CDDHS llama al Gobernador a elaborar y ejecutar un programa de acción para pacificar esta región, así como brindar asistencia a todas las víctimas del desplazamiento forzado.
El MASS estima que, de julio de 2017 a la fecha, cerca de 350 familias han tenido que dejar sus hogares y perder su patrimonio debido a las disputas entre bandas delictivas. La mayoría se han asentado en el municipio de Mazatlán, sobre todo en la sindicatura de Villa Unión.
En su informe anual, la CDDHS advirtió: “que era una irresponsabilidad convocar a los desplazados a regresar a sus lugares de origen si no había condiciones para ello y tomando en cuenta los antecedentes señalados”.
Aun así, la mayoría había regresado a comunidades afectadas como Chirimoyos, La Petaca, Santa Lucía, Potrerillos, El Batel, El Cuatantal y otras más, sin contar con las garantías de seguridad y sin que la causa de los éxodos forzados hubiera desaparecido.
El activista Miguel Jardines, integrante del MASS, señaló que la presencia del Ejército debe ser permanente en este punto geográfico porque, de lo contrario, no se va a poder ofrecer condiciones para el retorno seguro de las familias.
Por el momento, se desconoce si las familias amenazadas ya lograron ponerse a salvo, aunque se dio a conocer que pidieron apoyo a la Tercera Región Militar y a la partida militar ubicada en la cabecera del municipio de Concordia.
