El 3 de agosto de 2006, elementos de la PGR detuvieron a Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí, de poco más de cuarenta años, metro y medio de estatura, vendedora de helados y aguas frescas a las afueras del mercado central de Santiago Mexquititlán, en Querétaro. La detuvieron, junto con Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas otomíes también, por participar en el supuesto secuestro de seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), quienes unos meses antes se habían presentado al mercado para decomisar droga y DVDs piratas. Jacinta no entendía ni hablaba español y la evidencia incriminatoria que tomaron los elementos de la PGR fue una foto (publicada en un diario local) en donde aparecía su rostro asomándose a la gresca que se había desatado entre mercaderes y policías, aquel desafortunado día, foto que el juez del caso tomó como prueba plena para condenar a Jacinta Francisco Marcial a 21 años de prisión. Lo insostenible de las acusaciones en su contra, como lo denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, le dieron la libertad tres años después, el 16 de agosto de 2009, después de haber padecido vejaciones y discriminación debido a su condición de indígena. Aunque en 2012 la PGR desechó una petición de indemnización por parte de la agraviada, fue el pasado 28 de mayo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ordenó a la PGR reparar el daño cometido contra la indígena otomí, que rondaría en el millón de pesos. Pero: ¿habrá dinero que pague una injusticia de este tamaño? No lo hay. Sin embargo, la veradera justicia empezó el 29 de mayo, apenas un día después de que el TFJFA ordenara a la PGR la reparación del daño, cuando a Rodolfo Pedraza Longi, el juez que condenó hace ocho años a Jacinta, Alberta y Teresa, le fue denegada su postulación para obtener una plaza como magistrado de circuito dentro del Consejo de la Judicatura Federal, por la cual obtendría un salario superior a los 200 mil pesos mensuales, 50 mil pesos más de los que percibe ahora como juez. Si realmente quisiéramos que la justicia tuviera un rostro completo, este juez, quien lleva sobre su espalda otro falso inculpado (el del danzante Juan Ranulfo Martínez Pérez), debería ser removido de su cargo para siempre, pues la injusticia que perpetró contra Jacinta Francisco Marcial (catalogada como “prisionera de conciencia” por Amnistía Internacinal en 2010) jamás se comparará al error cometido por la indígena otomí, que consistió, simplemente, en haber estado en el lugar equivocado, en la fecha más inoportuna y en la hora menos indicada.
