Las vidas de cientos de personas cambiaron la noche del 3 de mayo de 2021. Daniel Hernández, de 29 años, y Sergio Alvarado, de 49 años, viajaban en el Metro de la Línea 12 el día que colapsó el tramo entre las estaciones Olivos y Tezonco. Un año después se mantienen firmes en su exigencia por justicia. Aún hay dos grandes pendientes en el caso: investigaciones contra funcionarios de alto nivel y sanciones contra las constructoras de la obra.
Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).– Las personas lesionadas por el colapso del tramo elevado de la Línea 12 del Metro capitalino llegan a este 3 de mayo —el primer aniversario de la catástrofe— con planes de vida frustrados, lesiones que les impiden retomar sus actividades cotidianas y molestos porque —acusan— tanto la Fiscalía de la Ciudad de México como el Gobierno local supuestamente protegen a funcionarios de alto nivel y a las constructoras del transporte.
La Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) abrió carpetas de investigación por los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad contra 10 exfuncionarios relacionados con la supervisión y seguridad de las obras. Aunque la dependencia prometió este lunes que no habrá “ni impunidad, ni olvido”, tanto las víctimas como sus abogados dicen estar preocupadas porque el actuar de las autoridades apunta a lo contrario.
Daniel Hernández, una de las 103 personas lesionadas por el colapso en las estaciones Olivos y Tezonco, dice estar decepcionado por cómo los funcionarios de alto nivel siguen sin ser acusados. Él fue a las audiencias iniciales de los 10 hombres investigados hasta el momento y —al recodar los argumentos de la FGJ-CdMx— ve con desencanto que tanto él como las otras víctimas están lejos de obtener justicia.
«Es vergonzoso porque las autoridades saben perfectamente quiénes tuvieron la culpa, saben perfectamente a dónde se fueron esos recursos, pero no lo quieren investigar. No pueden porque son gente de alto nivel, gente políticamente amparada», comenta el joven de 29 años, quien la noche del 3 de mayo sufrió un colapso de pulmones y un traumatismo craneal que limitó su movilidad.
En ello coincide Sergio Alvarado Hernández, quien pasó un mes y medio en coma inducido por las lesiones. Para él no bastan las promesas que han hecho exfuncionarios de la capital como el Canciller Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, exjefes de Gobierno con quienes la Línea 12 comenzó a operar, sobre aportar información o declarar en caso de que sean requeridos por la Fiscalía porque —opina— esto no se traduce en resultados para dar con los responsables.
“Para ellos es muy sencillo decir yo me presento, pero no se van a hacer responsables de lo que firmaron o aprobaron, se hacen de la vista gorda y dicen: ‘pues que se hagan cargo los que quedaron en esta administración’”, lamenta.
En entrevistas por separado los abogados Teófilo Benítez Granados y Cristopher Estupiñan, representantes legales de las víctimas del colapso y de quienes perdieron a sus familiares en el incidente, alertaron por la supuesta protección que la FGJ-CdMx ha dado tanto a las constructoras involucradas como a funcionarios del Gobierno capitalino encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.
“La propia Fiscalía no quiere investigar a las personas que son del equipo de [Sheinbaum Pardo], al no hacerlo están excluyendo datos de investigación que son muy importantes para el esclarecimiento de la verdad histórica de esta tragedia”, expuso Benítez Granados.
Como muestra recordó que la Fiscalía no ha llamado a declarar a Florencia Serranía, directora del Metro cuando el tramo del Metro colapsó y quien en 2020 asumió la Subdirección General de Mantenimiento.
Otro gran pendiente —dijeron— es el de deslindar responsabilidades a las constructoras. De acuerdo con los abogados de las víctimas, aún no hay líneas de investigación contra la francesa Alstom y las mexicanas ICA y Carso, las principales señaladas.
Aunque para Grupo Carso la historia es diferente porque consiguió un acuerdo reparatorio con 90 por ciento de las personas directamente afectadas por el desplome del Metro que lo libra de responsabilidades penales.
Las exigencias por justicia llegaron hasta Estados Unidos porque la firma Carbino Legal interpuso una denuncia civil contra las empresas ICA, CAF y Alstom con la que espera que se investigue las negligencias en las que habrían incurrido en el proceso de planeación y construcción de la obra.
El abogado Cristopher Estupiñan denunció que llevaron la exigencia a otro país por la supuesta “protección” que la Fiscalía de la Ciudad de México les ha dado.
“Es un diseño que no es adecuado, no cumple con los estándares internacionales. Además, ICA y las constructoras están siendo protegidas aquí en México, hay una negativa expresa de la Fiscalía de investigarlos. Es una pena que tengamos que acudir a un tribunal de otro país”, mencionó.
El Vocero de la FGJ-CdMx, Ulises Lara López, descartó que se «proteja» a alguien desde la institución. «Por lo que hace a nosotros no protegemos ni tampoco hacemos alusión a nadie si no tenemos pruebas para hacerlo, actuamos con base en el derecho pero también en la cientificidad de las pruebas», dijo consultado por SinEmbargo.
Agregó que no tienen elementos para mostrar que relacionen a las constructoras de la Línea 12 con supuestos delitos: «Las otras empresas a las que hacen referencia [ICA, Alstom y Grupo Carso] tendríamos que tener nosotros elementos para mostrarlos. En su derecho están los abogados para decir si cuentan con elementos para acusar a ICA, Alstom o a quien consideren que pueda ser responsable, incluidos desde luego servidores públicos de alto nivel como refieren».
UN AÑO SIN RESPONSABLES
Las lesiones que sufrió Sergio Alvarado no le permiten regresar a su trabajo como instalador de cámaras de vigilancia porque ya no puede operar maquinaria pesada y debe cuidar sus movimientos. Ahora se enfoca en su recuperación y se prepara para su tercera operación en el hombro. Dice que comparte la exigencia de las decenas de personas afectadas por el colapso del Metro: que todos los responsables del incidente que les cambió la vida —funcionarios y trabajadores de empresas privadas— sean sancionados.
”Pienso que sí son más personas las que están involucradas, que investiguen a todos los que dieron el visto bueno. A lo mejor el Gobierno no quiere que se siga, pero a mí sí me gustaría que todos respondieran”, dice.
Mientras tanto, Daniel Hernández se cuestiona cómo habría avanzado el caso si hubieran sido otras las personas afectadas:
«¿Qué hubiera pasado si hijos, familiares de estos funcionarios estuvieran involucrados en este evento? Todo esto se hubiera agilizado, ya tendrían las personas correctas dentro de la cárcel, ya tendrían sanciones».
Desde octubre del año pasado la FGJ-CdMx anunció que interpuso denuncias contra Enrique Horcasitas, exdirector de Diseño y Obras Civiles de Proyecto Metro; Moisés Guerrero Ponce, exdirector de Construcción de Obras Civiles de Proyecto Metro; Juan Antonio Giral y Mazón, exdirector de Obras Civiles de Proyecto Metro; al igual que a Fernando Ramiro Lalana, exdirector de Coordinación de Supervisión de Obra, encargado de llevar a cabo la supervisión y autorización de planos y proyectos.
También inició procesos penales contra Héctor Rosas Troncoso, exsubdirector de Obra Civil, y Juan Carlos Ramos Alvarado, exresidente de Obra en el tramo Olivos-Tezonco, ambos aún trabajaban en el Gobierno de la Ciudad de México pero fueron despedidos de la Secretaría de Obras y Servicios en octubre.
Las denuncias implican de igual forma a Enrique Baker Díaz, exsubdirector de Estructura e Ingeniería; Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, exdirector responsable de obra para la construcción de la Línea 12; y a Ricardo Pérez Ruiz, exencargado de estructuras corresponsables de seguridad estructural.
El año pasado el despacho Regino, donde son clientes cinco de los 10 exfuncionarios denunciados, entre ellos Enrique Horcasitas, negó las acusaciones asegurando que se trata de una “venganza y persecución política”. El ingeniero reiteró este 2 de mayo que es “inocente absolutamente”.
Lo cierto es que a un año del colapso, la FGJ-CdMx aún no logra ninguna vinculación a proceso ya que las audiencias se han diferido porque el Ministerio Público entregó con retraso el contenido de las carpetas de investigación a las personas que resultaron afectadas, según denuncian los abogados Benítez Granados y Estupiñan.
La audiencia programada para este lunes, donde se buscaría imputar a los 10 exfuncionarios, fue pospuesta para el 6 de junio.
“¿Y MI PROYECTO DE VIDA?”
El 3 de mayo de 2021 Daniel usó el Metro para regresar a su casa en Valle de Chalco, venía de trabajar en una construcción. Antes de pasar un mes en terapia intensiva y otros más para volver a caminar, él se dedicaba al área de construcción y asegura que tenía buenos ingresos.
Después del incidente recibió uno de los apoyos económicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI) que, de acuerdo con la dependencia, iban de 10 mil a 40 mil pesos. Ahora también percibe un apoyo económico de 4 mil pesos para cubrir sus alimentos, algo que no se compara con las ganancias y la independencia que le deba el trabajar pues, entre otras cosas, no puede hacer actividades cotidianas como ir al mercado o lavar su ropa.
Explica que por ello, por el cambio radical que dio su vida, critica la insensibilidad con la que tanto la FGJ-CdMx, Grupo Carso, así como el Gobierno de la capital, a través de la CEAVI, insisten en que acepte un acuerdo reparatorio sin explicarle en qué factores se basan.
Tan sólo este lunes la Fiscal Ernestina Godoy llamó a quienes no han aceptado el acuerdo propuesto por la empresa de Carlos Slim, lo hagan.
Datos del Gobierno capitalino muestran que en total la CEAVI entregó más de 5 millones de pesos en 239 apoyos económicos iniciales, así como otros 31 millones de pesos adicionales. El Sistema de Transporte Colectivo Metro dio 45 millones de pesos a 129 familias afectadas. Otras dependencias, como la Secretaría de Desarrollo Económico y el DIF capitalino, también reportaron respectivamente 104 créditos para el autoempleo y 251 becas a niños y jóvenes.
«Yo ya tenía trabajo, [las autoridades] me dibujaban el dinero como algo increíble, pero cómo se cuantifica que en ese tiempo yo tenía 28 años, ahorita ya perdí un año. ¿Mi proyecto de vida a dónde se va? Jamás nos dijeron cómo llegaron a las cantidades [del acuerdo reparatorio]. No nos han mostrado un documento donde diga ‘viene esto por tal’, ya sea que venga por Carso, ya sea que venga por el Metro, por CEAVI, por la Ciudad de México», lamenta.
Teófilo Benítez representa a las 12 de las familias de quienes resultaron afectados por la Línea 12, entre ellas las de dos personas fallecidas, y no alcanzaron un acuerdo con Grupo Carso. Explicó que sus representados no aceptaron firmar porque no tienen información que garantice que la Fiscalía cumplió con la solicitud que le hicieron hace dos meses para realizar peritajes donde se pudiera determinar el impacto económico, además —acusa— previo a ofrecerles reuniones con Grupo Carso —a las que ningún representante de la empresa llegó—, personal de la CEAVI presionó a algunas de las víctimas para que aceptaran una compensación económica.
«La propia Fiscalía dejó en estado de indefensión a todas las víctimas para que Grupo Carso les pudiese ofrecer lo que ellos creían conveniente», denuncia el abogado.
Sergio Alvarado, en tanto, forma parte de las personas que aceptaron el acuerdo reparatorio, él asegura que no fue obligado y está conforme con su decisión, sin embargo, reconoce que durante este año las autoridades sí han hecho diferencias entre el trato con otras víctimas, por ejemplo al tardarse en responder sus solicitudes para medicamentos u otros tratamientos.
En ese sentido, el abogado Cristopher Estupiñan pidió claridad aún después de la firma del acuerdo reparatorio anunciado esta semana.
“Estamos un poco a oscuras respecto de si las autoridades van a seguir respondiendo o no con los tratamientos médicos de las víctimas”, alerta.
Daniel Hernández insiste en que no se minimice lo que sucedió porque no sólo cambió su vida y las de las personas lesionadas, también la de miles de habitantes de la capital:
“No solamente nosotros somos los afectados, ágora en Tláhuac hay un caos vehicular, los trayectos se han extendido por más de dos horas. Ese es tiempo que cada individuo resta de su vida, de estar con su familia. No es posible, no nos caímos de una bicicleta, no fue un accidente de carro, estamos hablando de mentes profesionales que trabajaron en este tramo, en este Metro, en este proyecto. Estamos hablando de que conscientemente hicieron lo que hicieron”.
