Un grupo de encapuchados detuvieron al joven Gabriel Ortega, periodista y candidato de Morena a una Diputación local por el estado de Chihuahua, la semana pasada y en el cuartel del partido nos alarmamos porque parecía un secuestro en represalia porque confrontó al candidato a Gobernador por el PRI, Enrique Serrano, y subió una grabación del incidente a Internet.
Poco después nos enteramos de que los encapuchados eran agentes policiacos ejecutando una orden de aprehensión en su contra y que estaba detenido en el Cereso, procesado por un delito tipificado en el Artículo 333 del Código Penal del Estado de Chihuahua.
Fue perseguido y arrestado porque publicó en un portal de Internet, en el que trabaja, la foto de dos cheques bancarios en beneficio de la esposa del Gobernador Duarte y el vocero de comunicación social del Estado no tardó en decir que la detención no atentó contra el periodismo, porque Gabriel no era informador, sólo trabaja en medios.
El artículo en cuestión resultó ser una mina enterrada: castiga con hasta tres años de cárcel y una multa cuantiosa a quien “indebidamente produzca o edite por cualquier medio técnico, imágenes, textos o voces, total o parcialmente falsos o verdaderos” con la intención de obtener un beneficio o hacer un daño.
En este sentido prácticamente todos los memes que se publican en Internet, las grabaciones de audio y video de los funcionarios corruptos, las fotos de las ladies y juniors, y los documentos filtrados, son ediciones técnicas. Y el delito procede aunque sean verdaderos.
Se podría decir que el trabajo periodístico de investigación, el buen humor y la vigilancia ciudadana de los políticos están penalizados en Chihuahua; este artículo coloca en la ilegalidad a los portales informativos profesionales o amateurs del país.
Los que vivimos en el estado en Chihuahua que colaboramos con SinEmbargo, y publicamos cualquier información editada, estamos cometiendo este crimen que no tienen nombre textualmente, este delito innominado.
Existe una gran animadversión del Gobierno actual contra la tecnología y el mundo digital, porque escapa de su control. Está el caso de Sanjuana Martínez y, como ejemplo menos serio pero igual preocupante, la polémica que mi artículo desató hace unas semanas.
En la columna de entonces comenté sobre la ignorancia de los gobernadores y aproveché para incluir una broma sobre uno de nuestros antiguos jefes de Estado; el chiste fue mal recibido por un descendiente suyo y actual diputado local quien, argumentando la defensa de sus antepasados, desató un vendaval de insultos y amenazas en mi contra publicados en su sitio, yendo desde «reciba mi desafecto» hasta mentadas de madre y sugerencias de sus lectores de «chíngatelo».
Al régimen actual sólo le gusta que se le alabe y que los medios publiquen críticas a su favor. Que lo reconozcan como hecho a mano.
