En un pronunciamiento, investigadores de universidades de la Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala, entre otros, consideraron que el país atraviesa por la peor crisis de derechos humanos en su historia. Reclamaron también por los altos niveles de impunidad así como por la pobreza que enfrentan 55 millones de mexicanos.
Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).- Representantes de nueve universidades del país se pronunciaron por la grave crisis de derechos humanos en México, por la pobreza e impunidad. Y exigieron crear mecanismos de seguimiento a las recomendaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el tema de desaparición forzada y reparación de daño a las víctimas.
Investigadores de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Autónoma de Tlaxcala, entre otras, emitieron un pronunciamiento en el que reprocharon que México “está pasando por la más grave y sistemática crisis en materia de derechos humanos (…) No obstante esta evidente realidad, la respuesta del Estado ha sido la negación”.
De ello, señalan, dan cuenta también los informes emitidos sobre México por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias en su misión a México; el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; así como la Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su reciente visita a México.
El pasado 30 de abril, los cinco expertos del GIEI terminaron su labor en México ante la negativa del Gobierno federal para refrendar su mandato. Antes de irse, dejaron 20 recomendaciones A la Procuraduría General de la República (PGR) para que continúe con la investigación del caso de la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace 19 meses.
La partida del grupo enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) generó un debate sobre la falta de compromiso del Estado para resolver el caso, así como otros de muertos y desaparecidos desde el inicio de la guerra contra el narco, en 2006, hasta la fecha.
El Estado mexicano ha reconocido más de 28 mil personas desaparecidas en los últimos nueve años; más de 150 mil homicidios en el mismo periodo, más de 55 millones de personas en situación de pobreza y también índices de impunidad del 98 por ciento.
“De manera admirable, digna y valiente, las víctimas, sus familias, los pueblos y comunidades han iniciado denuncias y exigencias de verdad, justicia y reparación. En ese caminar, muchas de ellas han sido acompañadas y representadas por organizaciones de la sociedad civil local, nacional e internacional, quienes se han sumado al compromiso de visibilizar la situación de un fenómeno de magnitudes nunca antes imaginables en el país”, señala el pronunciamiento.
Considera que el segundo informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa, presentado el 24 de abril pasado, es “contundente y con una metodología seria, cuenta con recomendaciones de alto calado estructural, las cuales deben ser implementadas pronto u a cabalidad”.
“Desde la academia y la sociedad civil nos solidarizamos con los familiares de los estudiantes desaparecidos y de todas las personas que han sufrido violaciones de derechos humanos en el país, y nos comprometemos –en conjunto con los familiares y las organizaciones que les representan– a generar un mecanismo de seguimiento de los puntos recomendatorios del informe del GIEI, como medidas que inhiban que hechos como los ocurridos vuelvan a repetirse en nuestro país”.
Entre los firmantes del pronunciamiento se encuentran Denise González Núñez, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México; Galilea Ileana Cariño Cepeda, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J., Universidad Iberoamericana campus Puebla; Luis A. González Placencia, del Cuerpo Académico en Justicia Internacional y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala; Magdalena Cervantes Alcayde, coordinadora del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, IIJ/UNAM; Sandra Serrano García, Coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de FLACSO México y Rodrigo Gutiérrez Rivas, coordinador del Área de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
