Durante los tres primeros meses de este año, Artículo 19 ha registrado 69 agresiones contra la prensa mexicana, de las cuales 33 fueron por parte de funcionarios públicos y se han concentrado en Veracruz, Guerrero y la Ciudad de México. En este periodo tres periodistas fueron asesinados. Las condiciones para que los periodistas y comunicadores ejerzan su labor no han mejorado, al contrario, cada vez son más precarias, concluye el informe trimestral «Sin prensa no hay democracia». El primer asesinato de un periodista este año ocurrió apenas durante los primeros 21 días de 2016.
Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).– México está inmerso en un panorama adverso e impune para la labor periodística, lo cual expone el nivel democrático del país. En los primeros tres meses de este año se documentaron 69 agresiones contra la prensa, de las cuales destacan los asesinatos de tres periodistas, reporta hoy Artículo 19 en su primer informe trimestral de 2016 «Sin prensa no hay democracia».
Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización internacional informa que en este periodo las entidades con mayor número de agresiones fueron Veracruz, con 17; Guerrero, con 11; y Ciudad de México, con 9. Durante todo el año pasado también registraron la mayoría de ataques a la prensa.
«Cuando se agrede a la prensa se vulneran los derechos de los ciudadanos a la libre expresión y a la información, y termina por desestimar la labor de los periodistas en la sociedad. Sin embargo, el Estado es omiso y negligente en su obligación por brindar justicia, verdad y reparación del daño en los casos de violencia contra la prensa. La impunidad que prevalece en el país es un aliciente para la repetición constante de estos actos. Las condiciones para que los periodistas y comunicadores ejerzan su labor, no ha mejorado, al contrario cada vez son más precarias», acusa Artículo 19.
Lucía Vergara, de Artículo 19, dijo a SinEmbargo que la impunidad también es parte de una agresión. «Cuando matan o amenazan a periodistas y no se investiga, se da un llamado a los agresores a que sigan cometiendo acciones contra los periodistas», expuso.
De las 69 agresiones, 33 de los casos los responsables fueron funcionarios. De estos, 12 involucran a elementos del Ejército o Fuerzas federales.
«Las autoridades niegan responsabilidad y no existe iniciativa por abrir investigaciones en contra de ningún servidor público. Esto impide el acceso a la justicia y verdad para las víctimas», denuncia el informe.
Vergara declaró en entrevista que es preocupante que las autoridades, en vez de investigar, desprestigien o desacrediten a los periodistas.
De enero a marzo, se tiene el registro de 15 amenazas; un ataque contra un medio de comunicación; 19 ataques físicos o materiales; 12 casos de hostigamiento y acoso, ocho actos de intimidación; seis privaciones ilegales de la libertad y cinco casos de violencia institucional.
Por tipo de medio, los medios digitales son los de mayor registro de agresiones, con 27; seguidos de los medios impresos, con 14; las agencias de información, con nueve; la televisión, con siete; y la radio, con seis.
Asimismo, se registraron seis agresiones contra periodistas independientes o freelance.
Del total de agresiones, 44 se dirigieron a hombres, 19 a mujeres y seis a medios de comunicación o colectivos.
Los periodistas de regiones del país donde mayor índice de agresiones se registra han encontrado en la autocensura una medida efectiva de protección. Sin garantías para realizar su trabajo, afirma el informe, la prensa ha cedido libertad en favor de su seguridad.
El silencio lacera más cuando la impunidad prevalece en la mayoría de los casos de agresiones. Aun así, en Veracruz, Ciudad de México, Puebla y Chihuahua, por ejemplo, los periodistas crearon redes para la autoprotección y para levantar la voz, destaca el reporte de este día.
En 2015 Artículo 19 documentó 397, en comparación con 326 en 2014. Además, durante la actual administración federal (del 1 de diciembre de 2012 al 31 de marzo de 2016) se han registrado mil 142 agresiones.
De 2000 a la fecha, la organización ha registrado 93 asesinatos de periodistas y los últimos 20 han sido durante el Gobierno actual del Presidente Enrique Peña Nieto.
PERIODISTAS ASESINADOS
Durante los primeros 21 días de 2016 se reportó el primer periodista asesinado. En febrero Anabel Flores Salazar, de El Sol de Orizaba, y Moisés Dagdug Lutzow, de la estación «La Grande de Tabasco», se unieron a la lista.
Artículo 19 agregó al informe el asesinato de Francisco Pacheco Beltrán, de Foro de Taxco, Guerrero, el pasado 25 de abril.
La obligación de investigar los asesinatos contra periodistas es de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Sin embargo, denuncia Artículo 19, ha eludido su responsabilidad de investigar los delitos que atentan contra la libertad de expresión.
Esta instancia de la Procuraduría General de la República (PGR) argumenta que las fiscalías locales son las que deben comprobar el nexo de la labor periodística para determinar la atracción de los casos.
Marco Hernández Bautista, corresponsal de Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, fue atacado con un arma de fuego. Hasta ese día de enero él cubría el contexto local electoral y su impacto en los grupos de poder.
Siguió la reportera de El Sol de Orizaba Anabel Flores Salazar. Ella, quien investigaba sobre desapariciones forzadas en Veracruz, fue privada de la libertad, torturada y asesinada por sujetos que vestían prendas de tipo militar la madrugada del 8 de febrero de 2016. Su cuerpo fue encontrado en el municipio de Tehuacán, Puebla.
Las autoridades criminalizaron a la periodista al declarar que se investigaba su vínculo con integrantes del crimen organizado, por lo que descartaron la debida investigación basada en su labor.
En el interior de su domicilio en Villahermosa, Tabasco, Moisés Dagdug Lutzow, conductor de la estación XEVX “La grande de Tabasco” y del canal local de televisión TVX, fue asesinado con un arma punzocortante el 20 de febrero.
Dagdug Lutzow, quien había recibido amenazas, difundía temas críticos de la administración estatal del Gobernador Arturo Núñez Jiménez.
AGRESIONES CONTRA MUJERES PERIODISTAS
En el primer trimestre del año Artículo 19 documentó 19 agresiones contra mujeres periodistas, de las cuales al menos siete se dieron con componente de género.
Cuatro casos con clave de género se registraron en las redes sociales: dos actos de acoso y hostigamiento sexual, una amenaza de daño sexual y una amenaza de muerte.
La periodista Gloria Ruiz García, de Ciudad Acuña, Coahuila, fue acosada sexualmente y amenazada de muerte por redes sociales. Pero las autoridades federales y estatales intentaron desechar el caso al decir que no se consumó el delito, además buscaron una conciliación con el agresor, el líder de una organización política de la entidad.
AGRESIONES EN INTERNET
Los periodistas críticos se enfrentan a un contexto donde las leyes locales y federales permiten el uso de malware para el espionaje y la retención de metadatos y datos personales. De enero a marzo ocurrieron 15 agresiones en la red: seis amenazas por medio de redes sociales; ocho casos de hostigamiento y acoso, también por medio de redes sociales, y un ataque cibernético a un medio de comunicación.
Las autoridades, evidencia el informe, descartan los hechos o les dan poca importancia, argumentando que no hay delitos consumados por lo que en su mayoría la investigación es infructuosa.
Sin embargo, este tipo de agresiones también suelen causar estragos psicológicos en las víctimas al no saber con qué agresor se enfrentan, así como el nivel de riesgo en el que se encuentran.
ATAQUES CONTRA RADIOS
Durante los tres primeros meses del año, hubo seis agresiones contra estaciones de radio en el país, entre ellas, el asesinato del locutor Moisés Dagdug Lutzow, en Tabasco.
En este periodo se registraron tres agresiones contra radios comunitarias, que representan una herramienta para la denuncia y exigencia de derechos, y al mismo tiempo para difundir en un espacio propio su identidad cultural.
El Estado realiza operativos desproporcionados donde policías federales, y en algunos casos elementos del Ejército, agreden y detienen a quienes trabajan en las estaciones, denuncia Artículo 19.
La actuación del Gobierno federal en el tema de medios comunitarios e indígenas se reduce a la persecución de quienes los operan.
El 10 de febrero, Martha Izquierdo –locutora y directora de la radio comunitaria Bianii Luu Nezaa, en Ixtepec, Oaxaca– fue amenazada por un grupo de hombres a bordo de un automóvil Nissan color blanco.
El medio da cobertura y apoya las denuncias de los pobladores sobre malos tratos en instituciones públicas, particularmente de salud. Su trabajo ha generado tensión con autoridades de los municipios Santiago Laollaga y Guevea de Humboldt.
El 19 de marzo, alrededor de 60 agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) irrumpieron con violencia en las instalaciones de cuatro estaciones de radio: La Perla de la Mixteca 96.5, Radical Stereo 98.3, La Máxima 107.9 y La Tlaxiaqueña –estas dos últimas radios comunitarias–, para decomisar sus equipos de transmisión y otros dispositivos de trabajo.
63 PERIODISTAS MURIERON EN 2015: RSF Y AI
Profesionales de la comunicación y otras personas que expresan sus ideas a través de los medios de comunicación tradicionales y en el ámbito digital sufrieron persecución, amenazas, encarcelamiento, secuestros, tortura e incluso fueron asesinados el año pasado. Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Amnistía Internacional (AI) recuerdan hoy que en 2015 murieron 63 periodistas por causas relacionadas con el ejercicio de su profesión y otros 40 profesionales fueron asesinados sin que se conozca aún el motivo de su muerte.
A estas cifras se suman las muertes de 19 periodistas ciudadanos y seis colaboradores de medios, así como los 54 periodistas que se encuentran secuestrados en el mundo por organizaciones terroristas o criminales.
Ambas organizaciones han alertado que existen cuatro «puntos calientes» donde la libertad de prensa está cada vez más restringida, entre ellos, México.
«Durante 2015 continuaron las amenazas, el acoso y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos en México. A pesar de la existencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobado en 2012, la falta de recursos y coordinación provocó que no se ofreciera la protección adecuada», denuncian en un comunicado.
Aunque el 90 por ciento de las peticiones de protección en virtud del Mecanismo fueron aceptadas, persistió la impunidad por amenazas y agresiones.
De acuerdo con datos de RSF, ocho periodistas fueron asesinados en 2015 -en cinco casos aún se desconoce la razón de su muerte-. En lo que va de 2016, ya han sido asesinados cinco periodistas.
El comunicado de este martes expone que el periodista maya Pedro Canché fue puesto en libertad, en junio, tras pasar nueve meses encarcelado en espera de juicio por cargos infundados de sabotaje, presentados contra él como represalia por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión en Quintana Roo.
El reportero gráfico Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Vera Pérez y tres mujeres más aparecieron sin vida en un apartamento de Ciudad de México, en julio. Tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera habían abandonado el estado de Veracruz meses antes a causa de amenazas de muerte.
Además, otros periodistas continuaron sufriendo el hostigamiento de las autoridades y algunos de ellos huyeron de sus lugares de residencia o abandonaron su trabajo por temor a las represalias.
Egipto, con 24 periodistas encarcelados durante 2015 y uno de los países donde más se ha restringido el derecho a la libertad de información, también figura entre los «puntos calientes».
Durante el año pasado se enjuició a varios periodistas que trabajaban para medios informativos críticos con las autoridades egipcias o vinculados con grupos de oposición por divulgar «noticias falsas», entre otros cargos penales de motivación política.
Turquía fue el país europeo que más periodistas encarceló en 2015, y numerosos profesionales y medios de comunicación críticos fueron objeto de una fortísima presión.
En Rusia, el control directo del Estado sigue siendo el mayor obstáculo para la libertad de prensa y durante 2015 RSF denuncia que la política editorial de la mayoría de los medios de comunicación reprodujo fielmente las opiniones oficiales sobre sucesos clave del ámbito nacional e internacional.
Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional exigen el fin del acoso y el hostigamiento hacia periodistas, estudiantes, escritores, artistas, manifestantes o cualquier persona que busque expresar públicamente sus ideas.
«INFORMAR NO ES UN DELITO»
Bajo el lema «informar no es un delito», periodistas y defensores de la libertad de expresión se solidarizaron con la periodista Sanjuana Martínez porque, dijeron, su caso compete al derecho de libertad de expresión y al derecho a la información de toda la ciudadanía.
Sergio Méndez Silva, de Pro Persona, informó que esta organización presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por no iniciar una investigación sobre el proceso judicial contra la columnista de SInEmbargo y sobre el expediente perdido.
Para que tenga peso esta acción, que también exige medidas de reparación, Pro Persona recabará firmas masivas.
«El acto de censura que está sufriendo por denunciar a cómplices de lugares de explotación sexual a mujeres no sólo afecta a Sanjuana, sino a todos como lectores», expuso Méndez Silva.
Sanjuana Martínez, después de agradecer el apoyo, afirmó que el ex dirigente del PRD, Jesús Ortega, tiene derecho de denunciar, «pero no tiene derecho a violar el aparato de justicia para conseguir de manera sucia una sentencia».
La periodista declaró hoy, Día Mundial de la Libertad de Expresión, que en los últimos días ha recibido mensajes amenazantes, por lo que hace responsables a Ortega, al PRD y a la Senadora Angélica de la Peña por lo que pueda pasarle a ella y su familia.
El periodista Pedro Canché -encerrado por nueve meses por el gobierno de Borges en Quintana Roo- aseguró que «las balas no duelen a los periodistas asesinados, nos duelen a nosotros».
Sobre todo, dijo, cuando hay campañas mediáticas que satanizan estos asesinatos impulsados por las líneas afines al gobierno.
«La tortura duele, pero duele más la indiferencia de los colegas ante casos como el de Sanjuana», añadió.
Canché pidió no darle alas ni voz al sistema porque al final el ataque es a la sociedad.
Ana Ruelas, de Artículo 19, pidió derogar las normas que amenazan a la libertad de expresión. Entre ellas se encuentra el delito contra el honor por el cual Ortega demandó a Sanjuana Martínez.
«La libertad de expresión se va restringiendo», afirmó Ruelas, quien citó el informe publicado este día «Sin prensa no hay democracia», el cual revela que en los tres primeros meses de 2016 hubo 69 agresiones contra la prensa.
Jorge Fernández Negrete, de Amedi, añadió que el periodista es esencial para la democracia al aportar diversidad informativa a la sociedad.
