La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) detuvo a dos ex funcionarios que laboraban en dicha dependencia durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, por su presunta responsabilidad en la alteración de datos de una fosa clandestina con 19 cadáveres hallados en 2016.
Los acusados responden a los nombres de Gilberto Aguirre y Carlota Zamudio, quienes laboraban como director general de servicios periciales, y delegada de la policía ministerial de la FGE, respectivamente.
La Fiscalía de Veracruz ha denunciado que durante el gobierno de Duarte se aplicó una política de desaparición forzada de personas presuntamente relacionadas con el cartel del narcotráfico de los Zetas, que opera en el oriente y noreste del país.
Veracruz (México), 3 abr (EFE).- Un par de ex funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, oriente de México, fueron capturados por alterar datos de una fosa clandestina con 19 cadáveres hallados en 2016, informaron hoy las autoridades.
Los dos enfrentan cargos por su probable intervención en el ocultamiento y alteración del hallazgo de los 19 cadáveres en La Barranca de La Aurora, municipio de Emiliano Zapata, precisaron las autoridades.
Ambos colaboraron con la Fiscalía del gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), actualmente en prisión; Gilberto Aguirre como director general de servicios periciales, y Carlota Zamudio como exdelegada de la policía ministerial, indicaron.
El 19 de enero de 2016 se hallaron restos de al menos 19 personas en La Barranca de La Aurora, pero solo se informó públicamente de seis de ellos, presuntamente por instrucciones de los dos detenidos, señalaron.
Uno de los cuerpos fue llevado a la localidad de Santa Anna, municipio de Alto Lucero, para simular su hallazgo no obstante que ya había sido identificado como un policía estatal desaparecido días antes presuntamente por miembros de su propia corporación.
De los otros doce cadáveres que no se reportaron, se desconoce su paradero y su identidad, aunque según testimonios recogidos por la Fiscalía, fueron entregados a la policía estatal, que dirigía Arturo Bermúdez, detenido por cargos de desaparición forzada.
Bermúdez y otros 18 funcionarios fueron acusados en febrero pasado de la desaparición forzada de al menos quince personas.
La Fiscalía de Veracruz ha denunciado que durante el gobierno de Duarte se aplicó una política de desaparición forzada de personas presuntamente relacionadas con el cartel del narcotráfico de los Zetas, que opera en el oriente y noreste del país.
