Mikel Arriola Peñalosa, durante un lustro titular de la Cofepris, tuvo en sus manos implementar un etiquetado frontal adecuado para la población en un país en el que las cifras de obesidad reflejan una crisis de salud pública: 7 de cada 10 adultos y 3 de cada 10 niños viven con exceso de peso, de acuerdo con la última Encuesta de Salud y Nutrición.
Pero el hoy candidato del PRI al Gobierno de la Ciudad de México no implementó dicho etiquetado, y el caso está hoy en manos de la SCJN.
Grupos civiles que trabajan por la salud de los mexicanos destacan que Arriola Peñalosa representa ahora, como aspirante, la posibilidad de que las empresas de la industria chatarra obtengan»facilidades para operar y entrar en las escuelas» de la capital del país.
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Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).- Mikel Andoni Arriola Peñalosa, hoy candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, representa un riesgo para la salud de los capitalinos, toda vez que durante su administración en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) demostró estar del lado de las grandes empresas de productos ultraprocesados, mientras le dio la espalda a la sociedad, alertaron organizaciones de la sociedad civil.
La imagen que tienen los grupos civiles sobre él es muy contraria a la que ha intentado proyectar en campaña: su afición por el deporte, especificamente el jai-alai En varias ocasiones ha presumido que desde los los 13 años practicó esa disciplina de manera profesional y que jugó cinco mundiales a lo largo de más décadas. Hasta su retiro en 2013.
Otra parte de su vida que presume es su formación como maestro en Derecho por la Universidad de Chicago y en Políticas Públicas y Administración por la London School of Economics and Political Science y como servidor público con «amplia trayectoria».
Pero su desempeño como titular de Cofepris pone en entredicho esa proyección positiva. Entre 2011 y 2016, el abanderado priista estuvo a cargo de ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud (SSa). Durante un lustro, tuvo en sus manos implementar un etiquetado frontal adecuado para la población en un país en el que las cifras de obesidad se encuentran por las nubes: 7 de cada 10 adultos y 3 de cada 10 niños viven con exceso de peso, de acuerdo con la última Encuesta de Salud y Nutrición (Ensanut). Pero no lo hizo.
Cifras del mismo análisis arrojaron que en el país existe una prevalencia de diabetes del 9.4 por ciento.
Ante la situación, en noviembre de 2016, el Gobierno federal –en un hecho histórico– decretó emergencia epidemiológica por ambos padecimientos no transmisibles, no obstante, omitió las medidas que implementaría para mitigar las problemáticas.
En 2014, cuando se puso en marcha el etiquetado Guías Diarias de Alimentación (GDA), la Alianza por la Salud Alimentaria y El Poder del Consumidor (EPC) alertaron que era entre 100 y 300 por ciento más permisivo que en otros países, incluso resultó contrario a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los azucares añadidos, así como a los estudios y recomendaciones del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), y es que de acuerdo con la Cofepris, las personas pueden consumir 90 gramos de azúcar al día, lo que se traduce en 33 kilos al año. Mientras tanto, la OMS recomienda un consumo ideal máximo de 25 gramos diarios, es decir, 9 kilogramos anuales.
El Instituto Nacional de Salud Pública realizó un estudio a 122 estudiantes de nutrición y demostró que el GDA no es fácil de descifrar, ya que únicamente el 12.5 por ciento fue capaz de interpretarlo correctamente.
Además, los criterios nutrimentales son hechos a modo para favorecer a grandes empresas como son Coca-Cola, Danone, Pepsico, Ferrero, Burger King, McDonald’s, Kellog’s, Unilever, Nestlé, entre otras. Es decir, el Gobierno de México ha velado por los intereses económicos y ha dejado del lado la salud de la población, criticaron las organizaciones Salud Crítica y Contrapeso.
«Este etiquetado fue implementado durante la administración de Mikel Arriola y fue promovido principalmente por grupos de la industria de bebidas y alimentos ultraprocesados. No fue una petición de grupos de consumidores ni de académicos ni de organizaciones, cuando el deber principal de Cofepris es velar por la protección contra riesgos sanitarios», apuntaló Ana Larrañaga Flota, de la organización civil Salud Crítica.
En documentos elaborados por EPC en el año de la implementación del etiquetado se señala que tanto Cofepris como SSa argumentaron que los criterios de regulación se originaron del pledge europeo –una iniciativa voluntaria de las principales compañías de alimentos y bebidas–, con lo que las instancias reconocieron que para la elaboración de los criterios participaron las mismas empresas que se pretendía regular.
Al respecto, Larrañaga comentó: «Quienes los producen y comercializan fueron quienes propusieron este modelo, se implementó y se empleó por la Cofepris, sin haber conformado un grupo de trabajo con académicos, expertos e investigadores en materia, lo cual representa un gran sesgo».
Para la implementación del etiquetado GDA no se realizó ninguna consulta ni se presentaron pruebas para sustentarlo, por lo que ha sido «una total imposición» por parte de Cofepris en los tiempos de Arriola al frente, indicó la especialista en salud alimentaria.
«Arriola dio prioridad a la industria de productos ultraprocesados y no a la sociedad civil. Definitivamente no se dio prioridad a los consumidores ni a las organizaciones, es decir, Cofepris no tuvo la iniciativa de consultar. Creemos que [Arriola] dio pie a que la industria pudiera crear una interferencia con políticas que debieron haber sido de salud y terminaron siendo a beneficio de las empresas que producen estos alimentos. Nos parece que el GDA es un etiquetado completamente moldeado por la industria y para la industria, no para los consumidores», acusó.
En el mismo sentido, Yarishdy Mora Torres, coordinadora de la coalición Contrapeso, afirmó que Cofepris –al abrirle la puerta a un etiquetado que no se entiende y que hasta la fecha se encuentra vigente– ha actuado con irresponsabilidad.
«Claramente la industria no está a favor de los mexicanos, claramente hay un problema del Gobierno: sabe cuál es el modelo, cuáles son las regulaciones adecuadas, y sabe realmente lo que necesitan los mexicanos, sin embargo, no ofrece información clara y por derechos humanos esto no es justo», recriminó.
También sostuvo que «existe conflicto de interés, pues las compañías tienen alta participación en las decisiones en materia de política pública y así se demuestra quién tiene la última palabra en México».
Hoy el caso se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de que la Cofepris impugnara un amparo que se había concedido a la organización El Poder del Consumidor en 2016. El pasado 21 de febrero, el máximo tribunal del país decidió revisar el amparo de la organización –en representación de la sociedad en general– en que denunció que el etiquetado nutrimental frontal mexicano “se estableció sin base en evidencia científica, no es entendible por la población mexicana y establece un criterio de azúcar que representa un riesgo a la salud, violando los derechos de los consumidores”.
PREOCUPA QUE LLEGUE A SER JEFE DE GOBIERNO
Larrañaga expuso su preocupación de que Arriola aspire a ser el próximo Jefe de Gobierno de la capital mexicana, pues, alertó, podría retroceder en la regulación que prohibe la venta de alimentos y bebidas poco saludables en las escuelas, mismo que opera desde mayo de 2014.
Aunque, El Poder del Consumidor ha denunciado recurrentemente que ni la Secretaria de Educación Pública (SEP) ni la de Salud han cumplido en capacitar a las personas encargadas de cumplir con la regulación, a pesar de que es su responsabilidad hacerlo.
La misma organización civil ha dicho que el consumo de una lata de refresco al día es capaz de incrementar hasta en un 60 por ciento el riesgo de que un niño desarrolle obesidad.
«Nos preocupa el actuar que [Arriola] tuvo en Cofepris con las grandes industrias de alimentos y bebidas. Pudiéramos esperar que este tipo de empresas [de productos ultraprocesados] tuvieran bastantes facilidades para operar y entrar en las escuelas», planteó.
Aunado a ello, recordó que cada diciembre se coloca un árbol de Navidad de gran tamaño de la empresa Coca-Cola en las inmediaciones del zócalo capitalino en el que se exponen marcas de refrescos y de jugos cargados de azúcar a pesar de tener una alerta epidemiológica, con lo que la sociedad «normaliza y acepta» este tipo de productos.
«[Arriola] no hizo mucho para cambiar el ambiente alimentario durante su estancia en Cofepris, así que no tenemos muchas esperanzas de que la situación mejore si el candidato resulta electo», concluyó.
