Las más de cien organizaciones firmantes llamaron a que la administración encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto tome una “postura abierta y constructiva” y que acepte de manera “incondicional el diagnóstico de la situación y de todas y cada una de las recomendaciones formuladas por la CIDH”.
Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).– Organizaciones no gubernamentales respaldaron el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dado a conocer el día de ayer y exigieron al Gobierno federal reconocer la crisis generalizada que México atraviesa en la materia, además de aceptar las recomendaciones del organismo internacional.
“Lamentamos que, ante la publicación del informe sobre la ‘Situación de derechos humanos en México’, la primera reacción del gobierno –a través de su Cancillería, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República–, haya sido la de descalificar al mensajero y la de negar los hechos. Este pronunciamiento forma parte de una serie de rechazos del Estado mexicano hacia las observaciones de organismos internacionales de derechos humanos”, criticaron en un comunicado más de un centenar de ONGs del país.
Las organizaciones firmantes, entre ellas Amnistía Internacional, Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar: Centro de análisis e investigación, Greenpeace, la Red por los Derechos de la Infancia en México, llamaron a que la administración encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto tome una “postura abierta y constructiva” y que acepte de manera “incondicional el diagnóstico de la situación y de todas y cada una de las recomendaciones formuladas por la CIDH”.
En el comunicado aseguran que las recomendaciones son fruto del trabajo “arduo” conjunto de la CIDH, de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil, en el que se apoyaron con información proporcionada por el propio Estado mexicano.
“Hacer caso omiso de estas recomendaciones significaría, una vez más, el desdén gubernamental hacia una política real que tienda a erradicar las violaciones a los derechos humanos de la sociedad mexicana”, alertaron.
Ayer, la CIDH presentó un informe en el que destacó las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la inseguridad y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos como las principales problemáticas que el Gobierno de México ha minimizado.
El organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), constató, después de que siete de sus integrantes visitaran en octubre al país, los “niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas [de violaciones a sus derechos humanos] y a sus familiares”.
El presidente de la Comisión y relator para el país, James Cavallaro, dijo a la agencia española Efe que es necesario que el Gobierno de México reconozca la “gravedad de la crisis de derechos humanos que enfrenta” y no trate de “minimizarla hablando de casos aislados”. El comisionado llamó, asimismo, a eliminar las confesiones sacadas bajo tortura, por considerar que “envenenan” los procesos legales, y el caso “Ayotzinapa”, en el que desaparecieron 43 estudiantes de esa escuela en 2014, es un “ejemplo claro de eso”.
Sin embargo, la Secretaría de Gobernación (Segob), la de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR) dijeron, mediante un comunicado de prensa conjunto, que el informe “no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”.
El Gobierno federal rechazó que en el país se viva una crisis de derechos humanos, y que las observaciones preliminares de la CIDH están construidas “a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados, desestimando los avances y cambios estructurales que el Gobierno de la República ha impulsado en los últimos años”.
