El jefe de la policía del sexenio de Javier Duarte, hizo una red con hermanos y familiares que cobraron al erario distintas cantidades durante años, de acuerdo con Miguel Ángel Yunes. Entre otros, están involucrados: Miguel Ángel Bermúdez Zurita, Jesús Gabriel Bermúdez Zurita, Carolina Bermúdez Zurita, María Guadalupe Bermúdez Zurita. Además, su madre, María Guadalupe Zurita García y Jesús y Gerardo Bermúdez González, también familiares de él.
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Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– La Fiscalía General del Estado de Veracruz detuvo a Arturo Bermúdez Zurita, quien se desempeñó como titular de Seguridad Pública durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.
Sobre el funcionario pesan cargos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
El ex funcionario se presentó esta mañana al juzgado en Pacho Viejo para responder sobre la audiencia mensual que tiene por sus otras acusaciones, y ya en las instalaciones, no fue dejado salir por personal de la Agencia Veracruzana de Investigaciones. Fuentes del Poder Judicial confirmaron que es señalado ahora de enriquecimiento ilícito por un juez que lo está reclamando para analizar los cargos.
Al ser detenido, indican versiones del lugar de los hechos, el ex funcionario reaccionó de manera violenta y comenzó a amenazar al personal de la ministerial. “Que no sabían con quien se metían”, dijo. Bermúdez igualmente cuenta con denuncias ante la PGR por delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos, desaparición forzada y asuntos relacionados con la delincuencia organizada.
Bermúdez Zurita, originario de la Ciudad de México, fue funcionario del área de finanzas con Miguel Alemán Velasco. Posteriormente, apoyado por su cuñado, el ex Diputado Alejandro Montano, hizo carrera en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, como encargado del C-4.
En el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, pasa a sub secretario de Seguridad Pública, cargo que deja para escalar a jefe a la salida del general retirado Sergio López Squer, después de que este fuera amenazado por un grupo de la delincuencia con diversos atentados.
Dejó la dependencia meses antes de concluir el gobierno de Duarte en medio de acusaciones por corrupción y la compra de residencias en los Estados Unidos. Grupos defensores de los derechos humanos han pugnado constantemente para que se le enjuicie e investigue por su participación en desapariciones forzada de jóvenes y homicidios.
El ex funcionario del Gobierno veracruzano es considerado por el actual mandatario de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, como el brazo derecho de Javier Duarte y quien presuntamente encabeza las operaciones de lavado de dinero en el Estado.
Bermúdez posee por lo menos 19 inmuebles en México y Estados Unidos, y es socio o dueño de 24 empresas de giros diversos.
La propiedades están en zonas exclusivas de los condados de Harris y Montgomery aparecen a nombre de la esposa de Bermúdez, Sofía Lizbeth Mendoza Hernández; de su hermano Miguel Ángel Bermúdez Zurita, y de sus sobrinos Jesús Gabriel Bermúdez González y Gerardo Bermúdez González.
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A Arturo Bermúdez Zurita se le responsabiliza por el aumento de los crímenes en la entidad. Familias afectadas por la violencia en aquella entidad exigen que el ex funcionario responda por la probable participación de las fuerzas a su cargo en diversos hechos delictivos.
De acuerdo con familias afectadas por crímenes en Veracruz, el hoy ex funcionario debe responder también por la probable participación de las fuerzas a su cargo en diversos hechos delictivos, como los ataques a periodistas y defensores a derechos humanos e, incluso, en desapariciones forzadas.
El legado del funcionario policiaco en aquella entidad, que en el último sexenio se convirtió en la más letal para el ejercicio del periodismo. “Tiene un papel protagónico en la violencia contra la prensa, no sólo por el hecho de que agentes estatales están vinculados con las agresiones, sino por las omisiones en la prevención y la garantía de seguridad”, dice Leopoldo Maldonado, abogado de la organización de defensa de la libertad de expresión, Artículo 19.
El pasado 19 de julio, Miguel Ángel Yunes, entonces Gobernador electo del lugar, dijo que el Gobierno de Veracruz mantiene adeudos de 72 millones de pesos con empresas pertenecientes a la familia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado, Bermúdez Zurita.
El panista detalló ese día que al revisar las cuentas del Gobierno, encontró que las empresas son propiedad de los hermanos y de la madre del aún funcionario estatal. Yunes aseguró que el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa pretendió pagar con el 3 por ciento del impuesto a nómina, durante los próximos 10 años, la millonaria suma a las empresas de las que la familia Zurita presuntamente es socia.
Los presuntos implicados en esta red son los hermanos del Secretario de Seguridad Pública, Humberto Bermúdez Zurita, que son: Miguel Ángel Bermúdez Zurita, Jesús Gabriel Bermúdez Zurita, Carolina Bermúdez Zurita, María Guadalupe Bermúdez Zurita. Además, su madre, María Guadalupe Zurita García y Jesús y Gerardo Bermúdez González, también familiares de él.
La veintena de empresas que denunció Yunes Linares fueron: Grupo Profesional de Resguardo S.A. de C.V. Seguridad Privada GPR, Grupo profesional de alarmas, Profesionales de Seguridad privada Integral, Profesionales privados en custodia y resguardo empresariales, Guardias empresariales de seguridad privada, Brigada e 511, Grupo Berck, Administradora Veracruzana de Inmuebles, Acever, Desarrolladora hotelera 12G SAPI, Naturalia Operadora Gourmet, Operadora Cabagoti, Historial Maya Tours, Operadora de Servicios Turísticos GSM, SR&Friends Veracruz, Pressto Max Sociedad cooperativa de Responsabilidad Limitada, Corporativo Nacional de Transportes Berzua, Círculo Coba del Sureste, MAGC Ejecutiva de Aviación.
¿Y LOS DESAPARECIDOS?
El 4 de agosto del año pasado, familiares de desaparecidos dijeron que el ex Secretario de Seguridad Pública debe ser investigado no sólo por actos de corrupción.
De acuerdo con familias afectadas por crímenes en aquella entidad, el ex funcionario debe responder también por la probable participación de las fuerzas a su cargo en diversos hechos delictivos, como los ataques a periodistas y defensores a derechos humanos e, incluso, en desapariciones forzadas.
“Por nuestro caso, nosotros no pedíamos su renuncia, sino que se investigara si tenía participación con algunas bandas delictivas, porque, a final de cuentas, fueron sus hombres de confianza los que perpetraron el levantamiento de nuestros hijos. Eso es algo que en el estado se pedía a gritos”, dijo Bernardo Benítez, padre de Bernardo Benítez Arróniz, de 25 años y desaparecido en enero de 2016 –hace un año– junto con otras cuatro víctimas en la localidad de Playa Vicente.
“Que haya renunciado es lo mínimo que debería haber hecho; en el caso de mi padre, hemos encontrado a la fecha que la Policía Estatal está involucrada en el secuestro”, dijo a SinEmbargo Jorge Sánchez, hijo del periodista Moisés Sánchez Cerezo, encontrado asesinado en enero de 2015. “Debe ser investigado no sólo por corrupción, sino por vínculos con la delincuencia organizada, ya que en Veracruz, a lo largo del estado, se ha demostrado que la Policía Estatal esta involucrada en el crimen”.
Bermúdez renunció tres meses antes de que terminara el Gobierno del priísta Javier Duarte de Ochoa, quien está desaparecido.
Miguel Ángel Yunes, Gobernador electo del estado de Veracruz, dijo en agosto que “está muy claro” que Bermúdez Zurita tiene tantas propiedades y empresas porque es corrupto.
El político mencionó que el dinero de Duarte y Bermúdez, así como de sus allegados, tiene origen en prácticas de lavado de dinero y corrupción.
“No hay que buscarle mucho”, dijo. Su patrimonio, agregó, se entiende ya que él es un prestanombres de Duarte, además de ser el vínculo entre delincuentes y el Gobierno de Veracruz.
Mencionó que la Procuraduría General de la República (PGR) debe de investigar el lavado de dinero en la entidad porque es una “cuestión de voluntad” el proceder en contra de Duarte y sus cómplices. “Esa es la realidad”, apuntaló.
