Hay leyes que protegen a los trabajadores agrícolas, pero un estudio de The Associated Press reveló que hay numerosos problemas con el cumplimiento. Muchos de ellos temen denunciar las violaciones, sobre todo los que están en el país sin autorización o con visas auspiciadas por sus patrones.
Por JASON DEAREN
BELLE GLADE, Florida, EU (AP) — Decenas de trabajadores agrícolas observan una avioneta amarilla que sobrevuela sobre una plantación de rábanos. Sus alas rocían un pesticida.
Se supone que hay normas que evitan que los peones sean rociados por sustancias químicas. Pero en este caso, el pesticida fue empujado por el viento hacia un campo vecino y roció a los trabajadores, la mayoría de ellos mujeres, incluida al menos una que estaba embarazada.
«Sentí un fuerte olor y me empecé a sentir mal», declaró María García a un investigador estatal. «Tuve dolores de cabeza, se me irritaron los ojos y vomité».
El empleado de los servicios para la salud asignado al caso dijo que más de una docena de peones mostraron síntomas de intoxicación con pesticida y también encontró indicios de que la hacienda y la firma que roció el pesticida pueden haber violado las leyes que protegen a los trabajadores.
Un estudio de The Associated Press reveló que hay numerosos problemas con el cumplimiento de esas leyes: las investigaciones a menudo toman año y generan pocos castigos. Lo más común es que se emitan llamados de atención escritos y rara vez se aplican multas. El cumplimiento de estas normas es con frecuencia voluntario, no un requisito. Y se viola la anonimidad del trabajador que presenta una queja, lo que hace que los peones se muestren renuentes de denunciar violaciones.
La industria agrícola defiende el sistema y dice que el que haya pocos castigos simplemente revela que son pocas las violaciones y que los trabajadores son protegidos.
El gobierno de Barack Obama adoptó recientemente regulaciones más estrictas para proteger a los peones del campo luego de un intenso debate de 20 años y de una fuerte resistencia de las industrias químicas y de los agricultores. Cuando las nuevas normas entren en vigor, no obstante, su cumplimiento seguirá dependiendo de los actuales sistemas de verificación.
Los reguladores son un problema aparte. En todos los estados con excepción de California, el cumplimiento de las normas es verificado por las mismas agencias que promueven las industrias agrícolas.
Los trabajadores de la Florida se enfermaron el 14 de octubre del 2014 en Belle Glade, una localidad agrícola cerca del lago Okeechobee. Habían sido asignados a último momento a una plantación de apio, propiedad de Duda Farms. La noche previa había llovido y los campos donde debían plantar semillas estaban muy mojados.
Nadie informó de ello al piloto que debía rociar pesticidas, quien debió haber esperado para arrojar un pesticida de «uso restringido», el bathyroid XL, según archivos del caso.
Doce mujeres, entre ellas García, y un hombre fueron hospitalizados. Muchas fueron dadas de alta y autorizadas a volver a trabajar luego de pocas horas. Pero algunas, entre incluida la mujer embarazada, debieron someterse a un tratamiento y regresar porque seguían sintiendo síntomas, de acuerdo con los registros de las autoridades estatales de salud.
A pesar de comprobar las intoxicaciones y de la evidencia de que hubo violaciones a las normas, la investigación no generó castigos para la hacienda. Ha pasado un año y lo único que ha habido es una pequeña multa para la firma que roció el pesticida, de acuerdo con un archivo obtenido por la AP apelando a la ley que facilita el acceso a los documentos públicos. Los trabajadores, contactados por la AP, dijeron que nadie los entrevistó para preguntar qué había pasado.
«El sistema de la Florida no funciona», declaró Greg Schell, de Florida Legal Services, un experto que lleva años representando a trabajadores agrícolas. «A menos que veas a alguien que está siendo rociado, es tu palabra contra la de tu patrón».
No está claro cuántos trabajadores agrícolas se enferman por los pesticidas todos los años. Ninguna organización lleva la cuenta.
Un programa administrado por el National Institute of Occupational Safety and Health identificó a 5 mil 200 trabajadores con enfermedades relacionadas con los pesticidas en 11 estados, incluidos ocho que fallecieron, entre 1998 y el 2006. Esos casos incluyen solo intoxicaciones confirmadas por médicos.
A partir de esa información y de otras fuentes, la Agencia de Protección Ambiental calcula que los aproximadamente 2 millones de peones de campo que hay en el país sufren entre 10.000 y 20 mil casos de intoxicación corroborados por los médicos anualmente.
Muchos trabajadores temen denunciar las violaciones, sobre todo los que están en el país sin autorización o con visas auspiciadas por sus patrones.
Después del incidente de Belle Glade, los capataces les recomendaron a algunos trabajadores rociados con pesticidas que no tomasen medidas legales, de acuerdo con los documentos obtenidos por la AP.
«Les dijeron ‘nunca te volverán a dar trabajo en el campo. Tu marido o esposa también puede ser despedido y tomará años resolver el caso»’, declaró Antonio Tovar, el investigador del departamento de salud que lidió con el caso de la Florida.
Luis Martínez, uno de los trabajadores que estuvo en el campo ese día, confirmó que le aconsejaron que no hiciese denuncia alguna.
Defensores de la industria agrícola afirman que la ausencia de multas y de violaciones en la Florida y en otros sitios es producto del alto nivel de cumplimiento de las normas y no un reflejo de lo ineficiente que es la supervisión de estos problemas.
«La cultura ha cambiado. Puede haber algunas manzanas podridas, pero son pocas», aseguró Gene McAvoy, quien supervisa la capacitación de los capataces de las haciendas en el uso de pesticidas en la Florida.
La portavoz de la hacienda Donna Duda negó que alguien de esa empresa haya hablado con los trabajadores. José Ojeda, de Martínez and Sons Trucking, el contratista a cargo de los trabajadores ese día, negó asimismo que sus empleados hayan tratado de disuadir a los peones de que presentasen una denuncia.
El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de la Florida jamás entrevistó a ninguno de los peones para hablar sobre posibles represalias o intimidaciones, a pesar de que un inspector de salud reportó que algunos estaban hablando de eso.
En un comunicado, la dependencia negó que se le haya informado sobre denuncias de intimidación y dijo que las hubiera investigado de haberlas recibido.
Cuando los trabajadores hacen denuncias, tienen por delante procesos que pueden tomar años y que a menudo lo único que producen es un llamado de atención a los dueños de las haciendas. En otros casos, las personas que se quejan nunca vuelven a trabajar en el campo.
Cayetano Domínguez Rosales, empleado de una plantación de tabaco de North Carolina, acudió a los investigadores del estado cuando 12 peones de su cuadrilla se enfermaron en el 2010 después de ver que rociaban pesticidas sobre un campo a unos 30 metros. Documentos legales indican que se sentaron, quejándose de mareos y de náuseas.
Domínguez aseguró que su capataz le dijo que lo llevaría al hospital por 20 dólares, lo que viola las leyes federales, según documentos de la investigación estatal. Un empleado de una clínica lo llevó a él y a otro peón al hospital cinco días después del episodio.
Tras ser atendido en el hospital, regresó a trabajar y le dijeron que firmase un documento en el que renunciaba voluntariamente a su empleo. Había trabajado 15 años en plantaciones de tabaco y nunca se había enfermado, según dijo. Al quedarse sin trabajo, se regresó a México.
Casi un año después, investigadores estatales hicieron un llamado de atención a la hacienda.
Las investigaciones del uso de pesticidas pueden tomar hasta dos años en North Carolina y la gran mayoría terminan en llamados de atención.
«Un llamado de atención es como decir ‘no vamos a considerarte responsable por estas acciones»’, sostuvo Caitlin Ryland, abogada de Legal Aid en North Carolina. «Esa ley no sirve para nada».
