La FIP dice que durante 2015 las violaciones a los derechos humanos empeoraron, «particularmente en México, Honduras, Guatemala, Colombia, Brasil, Paraguay y República Dominicana» países que el año pasado contabilizaron juntos los asesinatos de veinte y cinco periodistas «por ejercer su profesión». Hoy mismo se dio a conocer que en México, un juzgado ordenó que la PGR atraiga, un año después del asesinato, la investigación del homicidio del periodista Moisés Sánchez.
Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– «México ha dominado la lista de los países más peligrosos de América para los periodistas luego de que el país cayera en las garras de la violencia del crimen organizado, de los barones de la droga y de su complicidad con las administraciones de los estados», dice un informe presentado este día en Bruselas por la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
En resumen, lo que el informe dice es que México es el tercer país con el mayor número de periodistas asesinados en los últimos 25 años. El país ocupa el tercer sitio entre las naciones más letales para ejercer el periodismo con 120 asesinatos ocurridos en los últimos 25 años, sólo detrás de Irak con 309 homicidios y las Filipinas con 146 casos.
El informe menciona que los asesinatos abarcan todo el mundo, «desde Pakistán a Palestina hasta Sri Lanka a Somalia y Siria, Rusia, Irak, México y las Filipinas» y aunque dice que «sería tentador atribuir estas cifras desalentadoras sólo a los conflictos armados», lo cierto es que estos crímenes «afectan a todo el mundo».
Jim Boumelha, presidente de la FIP, dijo este día que la publicación investiga la trayectoria de la crisis de seguridad en el ámbito periodístico «y atestigua la larga campaña llevada a cabo por la FIP contra la impunidad que rodea la violencia perpetrada contra los profesionales de los medios».
Anthony Bellanger, secretario general de la FIP, dijo a su vez que muchos periodistas «son víctimas de los barones del crimen organizado y de oficiales corruptos».
Bellanger destacó además el que se registraran muchos más asesinatos en situaciones de paz que en países golpeados por la guerra. De acuerdo con la FIP, esta es la conclusión que se refleja en los diez puntos clave de los países más peligrosos que han sido víctimas de la violencia de la guerra, la infracción de la Ley y el orden, además del crimen y la corrupción.
El informe menciona que en América los altos índices de violencia contra los periodistas han sido una constante en la región en los últimos 25 años, tiempo en el que más de 800 periodistas fueron asesinados.
«En estas dos décadas y media, los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo han sido México, Colombia, Honduras, El Salvador y Guatemala», dice el documento presentado este día.
Refiere que durante 2015 las violaciones a los derechos humanos empeoraron, «particularmente en México, Honduras, Guatemala, Colombia, Brasil, Paraguay y República Dominicana» países que el año pasado contabilizaron juntos los asesinatos de veinte y cinco periodistas «por ejercer su profesión».
La FIP denuncia además que los gobiernos son responsables de la negligencia en la protección efectiva de los periodistas. Y en el caso de México asegura que en los últimos años, ha dominado la lista de países peligrosos para los periodistas luego de que el país cayera «en las garras de la violencia del crimen organizado».
La Federación dijo que a lo largo de estas «décadas de violencia y asesinatos» ha trabajado con su organización regional la Federación de Periodismo de América Latina y el Caribe (FEPALC) y sus afiliados para hacer frente a la crisis de seguridad en un número de maneras.
Dijo que también se ha enfrentado al problema de la impunidad por lo que, junto con la FEPALC, puso en marcha en la Ciudad de México la campaña contra la impunidad en los delitos contra periodistas bajo el lema de «Protege al mensajero para hacer llegar el mensaje».
Para las dos organizaciones «la violencia contra los periodistas es también violencia contra la sociedad y debe ser confrontado en nombre de la libertad».
El documento expone que la escalada del trabajo precario en el periodismo aumentó notablemente durante los años noventa, «una década en la que América Latina se convirtió en laboratorio del mundo para las políticas neoliberales».
Dice que bajo el pretexto de la «flexibilidad laboral», los gobiernos liberalizaron las relaciones laborales y debilitaron la estructura sindical en la mayor parte del continente. «Mientras tanto, también hubo un aumento en la concentración de medios con prácticas monopolísticas y una alta penetración de capitales extranjeros», refiere el informe.
«En muchos países, esta situación iba en contra de los periodistas que son víctimas de la estrecha relación entre las élites de gobierno y los grandes propietarios de medios. Esto socava gravemente el libre ejercicio de la profesión, ya que las empresas de medios de comunicación en connivencia con el poder político y económico impulsan sus propias agendas políticas y económicas», dice el reporte.
La FIP destacó que este tipo informes anuales sirven para activar la alarma contra la violencia ejercida contra los reporteros y para promover su protección, así como la importancia de mitigar los riesgos para su seguridad.
Este último documento subraya asimismo que la responsabilidad es compartida, lo que supone el papel activo de los propios periodistas y sus empleadores a la hora de recibir formación en misiones de riesgo, evitar conductas imprudentes y tomar todas las precauciones necesarias cuando se encuentren en situaciones peligrosas.
«Es importante comprender que todo el mundo, desde los funcionarios de los gobiernos y los oficiales militares hasta todo aquel que entre en contacto con los periodistas, debe respetar su independencia», dijo Bellanger. ¨
Mencionó que esto requiere que los gobiernos cumplan con sus obligaciones internacionales de investigar los asesinatos de los periodistas y sentar a los autores de estos crímenes en el banquillo, disuadiendo así cualquier violencia futura.
«Es necesaria también la voluntad y la disposición de las Naciones Unidas y el conjunto de sus agencias, como guardianes de los instrumentos internacionales, para garantizar el derecho de la integridad física de todos los seres humanos, en beneficio de los periodistas y de todos los trabajadores de los medios de comunicación», indicó.
PGR ATRAERÁ CASO MOISÉS, UN AÑO DESPUÉS DE SU MUERTE
Una jueza federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) a atraer la investigación por el asesinato del periodista veracruzano Moisés Sánchez Cerezo a más de un año del homicidio. Con ello, la averiguación previa queda bajo estricta y única responsabilidad de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
“La Jueza del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal ordenó a la PGR emitir una resolución en la que determine atraer la investigación integrada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz. Esto significa que la Fiscalía de Veracruz tendrá que dejar de conocer la averiguación previa, la cual queda bajo estricta y única responsabilidad de FEADLE”, informó hoy la organización internacional Artículo 19 en un comunicado.
La organización en defensa de la libertad de expresión criticó que tanto la FEADLE como como la agente del Ministerio Público Federal Auxiliar de la PGR, se negaron a ejercer la facultad de atracción del caso Moisés Sánchez que les fue solicitada desde el 8 de enero de 2015, ocho días después de la desaparición del periodista de Medellín del Bravo, mediante un recurso de reconsideración.
Artículo 19 detalló que de manera inédita el juzgado quinto de distrito de amparo en materia penal, mediante la sentencia del 28 de enero de 2016 (amparo 871/2015) estableció que la PGR soslayó reconocer que se acreditan las circunstancias bajo las cuales está obligada a atraer la investigación del caso conforme al artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP).
“En específico, señaló que la PGR ignoró la existencia de indicios y señalamientos sobre la probable participación de autoridades en los hechos, entre otras”, destacó la organización.
El juzgado determinó que como “violatorios de los estándares de la libertad de expresión” a los argumentos utilizados por la PGR que hacían referencia a la inexistente acreditación de la labor periodística de Moisés Sánchez así como un vínculo de su profesión con su asesinato, específicamente bajo el argumento de que la víctima era taxista, labor que el director de La Unión de Medellín desempañaba para llevar el sustento a su casa y para obtener recursos para editar su diario.
“En efecto, al exigir la PGR la acreditación de la calidad de periodista, se aparta de los criterios que han emitido órganos internacionales de derechos humanos, además de ignorar su competencia que en el caso de Moisés se encuentra claramente acreditada conforme a los artículos 6 y 10 del CFPP”, precisó la organización.
La organización alertó que «la sentencia en su conjunto hace patente el problema estructural de la FEADLE para ejercer su facultad de atracción, la cual sigue utilizando de manera discrecional y arbitraria. También confirma, como lo hemos señalado, que las actuaciones alrededor del caso de Moisés Sánchez tendientes a rechazar la línea de investigación por su actividad periodística, son ociosas».
«Hoy, esta sentencia de amparo fortalece el ámbito de garantía y protección para todas las personas que ejercen la libertad de expresión en México, en tanto se sujeta a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, de cumplimiento obligatorio para todo el Estado mexicano. Además interpreta de manera progresiva las reformas constitucional (2012) y legal (2013) en materia de persecución de delitos contra la libertad de expresión, rescatando el sentido de las mismas y obligando a la PGR a constreñirse a parámetros claros y precisos», agregó.
