Durante su Gobierno en Chihuahua (2010-2016), el priista César Duarte Jáquez tejió una red entre ex funcionarios de su administración y empresarios que desembocó en el desvío de 6 mil millones de pesos, de acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua. Entre ex titulares de Secretarías, el ex Auditor y miembros del PRI, van 17 personas vinculadas a proceso y cinco sentenciados, así como 62 amparos para evitar detenciones.
Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).– Al ex Gobernador de Chihuahua César Horacio Duarte Jáquez el ex Presidente Enrique Peña Nieto lo puso como ejemplo de «la nueva generación» del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Seis años después, está prófugo de la justicia. Tiene un cúmulo de 21 órdenes de aprehensión con fines de extradición por su posible relación con desvíos. Pero no actuó solo. Es señalado por el Gobierno actual de Chihuahua de haber encabezado una «red de corrupción política» que se tejió entre la complicidad de ex funcionarios estatales y particulares para el enriquecimiento personal.
Este entramado ha tenido cauce en más de 50 expedientes de la Secretaría de la Función Pública estatal y la Auditoría Superior estatal calcula un daño al patrimonio de la entidad por 6 mil millones de pesos con la implicación de 43 ex funcionarios que van desde ex Secretarios locales, el ex Auditor Superior local que ocultaba irregularidades y miembros del PRI. En El Paso, Texas, Duarte celebra reuniones frecuentes con sus ex colaboradores, ha dicho el Gobernador Javier Corral Jurado.
En el marco de la Operación Justicia para Chihuahua iniciada en marzo de 2017, hay 17 personas vinculadas a proceso en diversas causas penales, entre ex funcionarios y empresarios que colaboraron con la trama de simulación de operaciones. Además ya hay cinco sentenciados, pero se reportan 62 solicitudes de amparo por parte de ex funcionarios públicos para evitar ser detenidos.
En abril, el Décimo Tribunal Colegiado ordenó a las autoridades chihuahuenses entregar a un Juez federal el expediente de tres de ellos, Alejandro G.G, Antonio Enrique T.G, y Gerardo V.M, que en su conjunto suman 750 millones de pesos en desvíos. Aunque siguen en Chihuahua enfrentando otras causas penales.
El círculo de Duarte se extendió a nivel federal.
Durante una declaración ministerial ante la Fiscalía de Chihuahua, bajo la figura de identidad reservada, un ex funcionario duartista reveló que el desvío de 250 millones de pesos de las arcas de Chihuahua ocurrido en 2016 fue un «acuerdo» entre el entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, con la Secretaría de Hacienda federal, dirigida ese año por Luis Videgaray Caso. Beltrones se amparó desde enero para evitar ser detenido.
Entre funcionarios del gobierno estatal actual y el movimiento chihuahuense Unión Ciudadana, fundado por el abogado Jaime García Chávez, se dice que la identidad reservada es Jaime H. C., el ex Secretario de Hacienda de Chihuahua, vinculado a proceso.
«Alejandro G.G. era el operador financiero del PRI. Me comentó que había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda federal para que, a través de tres estados, siendo estos Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016 para aquellos estados en donde no se tenían gobiernos priistas, y requerían recursos», declaró.
Duarte Jáquez, priista desde 1977, frecuentaba a Beltrones desde 2008 cuando eran el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y el coordinador de Senadores del PRI, respectivamente. Después lo apoyó en 2010 en su campaña para la gubernatura de Chihuahua. Según lo afirmado por la identidad reservada, Duarte apoyó la triangulación para que Beltrones le permitiera poner como candidato a la gubernatura para 2016-2022 a Enrique Serrano Escobar, quien finalmente perdió frente a Javier Corral Jurado.
Ese año electoral, pese al esquema de financiamiento, el PRI perdió siete entidades, entre ellas donde había gobernado por casi nueve décadas: Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas.
«LA REPRESIÓN ECONÓMICA»
El Gobernador Javier Corral, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México celebrada el 8 de enero, acusó al Gobierno federal de «una represión económica» a raíz de las investigaciones y vinculaciones a proceso de la Fiscalía de Chihuahua.
Por convenios con la Secretaría de Hacienda, en tiempo de Duarte, Chihuahua recibió apoyos de mil millones de pesos en 2014 y mil 183 millones en 2015. Ya en su gestión obtuvieron 770 millones en 2016, y para el cierre de 2017, aunque acordaron una transferencia de 700 millones, no fue entregada, acusó Corral.
«Con posterioridad a la detención de Alejandro G.G. se adujeron primero razones de disponibilidad financiera, siendo Chihuahua la única entidad federativa a la que no se le transfirieron recursos», dijo.
En el 2016 Chihuahua recibió 6 mil 130 millones de pesos de inversión federal; en el 2017, bajó la inversión federal a 4 mil 583 millones de pesos y este 2018 volvió a bajar a 4 mil 250 millones de pesos.
El 4 de enero Corral y su equipo se reunió con el Secretario de Hacienda José Antonio González Anaya. «Nos fue informado que la investigación por peculado que la Fiscalía de Chihuahua lleva a cabo pone en entredicho el mecanismo de transferencia de recursos, razón por la cual han tomado la determinación de incumplir de modo unilateral la entrega de los recursos establecidos en los convenios», aseguró el mandatario. «No quieren detener a César Duarte, pero nos detienen los recursos «.
Corral finalizó su mensaje: «¿O a alguien le parece descabellado pensar que la reacción del gobierno federal es del tamaño de su miedo a que las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua lleguen al corazón de un régimen que se ha caracterizado por su corrupción?». Hasta el 2 de marzo de 2018, dos meses después del señalamiento y la Caravana para exigir la extradición, Hacienda transfirió los 900 millones de pesos acordados.
Por parte de Luis Videgaray Caso, ya en su paso por la Secretaría de Relaciones Exteriores (2017-2018), a diferencia del actual Canciller Marcelo Ebrard Casaubón, nunca solicitó la extradición de Duarte Jáquez solicitada por la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la Fiscalía de Chihuahua desde 2017. Ambos se reunían en 2012 durante la campaña electoral de Peña Nieto.
A la toma de protesta de Duarte Jáquez como Gobernador de Chihuahua, asistió tanto Beltrones como el entonces Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, entre otros. En su primer Informe de Gobierno, en octubre de 2011, estuvieron presentes el líder petrolero Carlos Romero Deschamps; el ex Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas; y el ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés.
Durante su carrera legislativa como Diputado del 2000 al 2009, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, estrechó manos con Emilio Gamboa Patrón, Carlos Aceves del Olmo, César Camacho, Beatriz Paredes Rangel y alzó los brazos en apoyo al entonces candidato a la gubernatura de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, también acusado de peculado.
LA RED DE CORRUPCIÓN ESTATAL
La administración del partido opositor Acción Nacional encabezada por Javier Corral encontró un Chihuahua con una deuda de 48 mil millones de pesos, 284 por ciento más que al inicio, otros adeudos por 7 mil millones, ingresos futuros comprometidos hasta 2044 y con apenas 21 millones 800 mil pesos de saldo disponible en la Tesorería, advirtió el Secretario de Hacienda estatal, Arturo Fuentes Vélez, quien lo calificó como una «situación crítica y de emergencia financiera».
Solo durante el primer mes de gestión detectaron 486 millones de pesos en pagos a una sola empresa constituida en el 2012 y beneficiada con diversas operaciones a precios superiores a los del mercado. También se advirtió un uso discrecional del helicóptero gubernamental en 50 vuelos a un rancho del ex Gobernador César Duarte en 2015 y 2016, así como la afectación al erario público por 127 millones de pesos por un helicóptero nuevo tras el accidente en 2015 del anterior, donde viajaba con la periodista Lolita Ayala.
Era solo la punta del iceberg.
La misma Fiscalía de Chihuahua halló irregularidades a su llegada. En noviembre de 2016 el Fiscal César Augusto Peniche destacó que el 71 por ciento de las unidades-patrullas requerían reparación urgente; cargaban adeudos por 400 millones de pesos; un déficit de 100 millones de pesos; había obras pagadas con sobrecosto de 50 por ciento o bienes no suministrados; y la mitad de las cámaras del C4 no operan.
El primer golpe fue la detención de tres ex funcionarios del primer círculo del ex Gobernador priista, acusados del delito de peculado: el ex Alcalde de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco (sentenciado a tres años de prisión); el ex director de Administración de la Secretaría de Hacienda estatal, Gerardo V. M.; y el ex Secretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yañez Herrera (sentenciado a cuatro años de cárcel).
En su última semana de gobierno, César Duarte acudió al tercer informe de gobierno del ex Edil Javier Garfio Pacheco, y se tomaron la foto.
Para abril del 2017, Garfio fue vinculado a proceso por el delito de peculado, ya que en su calidad de titular de Obras Públicas participó en la distracción de recursos públicos por 328 millones 689 mil pesos.
La imputación del Ministerio Público se basó en la carpeta de investigación iniciada desde el 14 de diciembre del 2016, en la que se denunció cómo en coautoría con otros ex funcionarios estatales se realizó en septiembre de 2012 la venta de 190 hectáreas ubicadas en La Labor de Terrazas, Chihuahua, destinadas para la construcción de viviendas populares, a la empresa Grupo Industrial y Constructora en 99 millones 141 mil pesos, una cantidad muy inferior al valor comercial de 427 millones 840 mil pesos, se dijo en la audiencia de vinculación a proceso.
En octubre de 2017, además de ser sentenciado a tres años de cárcel y ser inhabilitado para ocupar cargos públicos por otros tres años, un Juez de Control le ordenó las medidas necesarias para garantizar la reparación del daño devolviendo los terrenos o pagando los 328 millones desviados.
«La sentencia nos permite la reparación del daño, porque mientras no tengamos una sentencia condenatoria, difícilmente vamos a poder recuperar el daño al patrimonio público», expresó Corral.
En este caso, se recuperaron los 16 terrenos ubicados en Labor de Terrazas que ya están nuevamente bajo dominio de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo Urbano e Infraestructura (Coesvi).
«EL CASO EDUCACIÓN»
En marzo de 2017, el actual Secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón, expuso que a su llegada a la dependencia se descubrieron diversos movimientos que indicaban una sustracción anormal de recursos por 246 millones de pesos, por lo cual se presentaron las denuncias. El caso involucra a tres ex funcionarios de Hacienda estatal, un legislador y un priista.
Además, en diciembre de 2017 se detuvo a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario adjunto del PRI, por su posible relación con el desvío de 250 millones de pesos: los 246 millones de la Secretaría de Educación, más el contrato a una de sus empresas, Jet Combustibles, por 4 millones de pesos.
De las investigaciones se desprendió que entre febrero a abril del 2016, año electoral, se simularon cuatro contratos millonarios con empresas «fantasma» para capacitaciones, talleres y un software, los cuales nunca se efectuaron.
Los movimientos irregulares detectados son: un contrato para la aplicación de talleres para padres de familia por 55 millones de pesos a Servicios Accesorios Samex; uno para capacitación de docentes de nivel básico por 55 millones para Servicios y Accesorios Cimax; uno más con temas ambientales por 46 millones de pesos que beneficiaron a Servicios y Accesorios Cisas; y el cuarto convenio fue para el diseño e implementación de un software por 90 millones de pesos, que fueron pagados a Profesionistas Futura.
Sin embargo, luego de que la PGR tomó el caso a nivel federal por tratarse de recursos federales, este año Gutiérrez fue exonerado. Aunque el 3 de enero la Fiscalía General del Estado obtuvo otra vinculación a proceso en su contra por el desvío de un millón 740 mil pesos del erario público.
Los antecedentes de la investigación establecen que Alejandro G.G. concertó con ex funcionarios de la pasada administración, el desvío entre los días 20 y 23 de diciembre del 2015, simulando la prestación de mantenimiento general de edificios por 904 mil 579 pesos, con la empresa Promotora de Señalamiento Integral y la Secretaría de Hacienda, así como el traslado personal aéreo por 835 mil 420 pesos, contrato firmado entre Jet Combustibles y la Secretaría de Hacienda.
Antonio Collado, abogado defensor de Alejandro G. G., acusó a la autoridad de Chihuahua de ejercer actos de tortura en contra de su representado, pero la Fiscalía de Chihuahua lo negó. «Alejandro G. G. nunca fue torturado ni física, ni psicológica al interior del penal. Esas declaraciones tienen un alto carácter mediático y buscan desvirtuar o denostar las acciones emprendidas por el actual Gobierno en el combate a la corrupción”, expresó el Fiscal General, César Peniche Espejel.
Gerardo V.M., ex director de administración de la Secretaría de Hacienda estatal, fue detenido por su posible participación en el esquema de desvío de 246 millones de pesos de la Secretaría de Educación a través de las cuatro empresas fantasma.
Asimismo, en mayo de 2018, la Fiscalía General del Estado le inició otro procedimiento como probable copartícipe en la distracción de 2 millones 420 mil pesos del erario. En la carpeta de investigación, se establece que simuló la contratación de servicios profesionales con la empresa Bildung Consultoría Organizacional entre julio y septiembre de 2016, año electoral.
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía, el desvío se efectuó por instrucciones del ex Gobernador César Duarte para «saldar» un pacto que tenía con el entonces Diputado de Movimiento Ciudadano Fernando Mariano Reyes Ramírez, por votar en el Pleno del Congreso a favor de la bursatilización de remanentes carreteros.
Este legislador también fue imputado por participar en la distracción de esos más de 2 millones para lo cual, en complicidad con el representante legal de Bildung Consultoría Organizacional, Iván Eli S.A., quien también fue detenido, realizaron un procedimiento administrativo de contratación del servicio «Análisis Estratégico de Municipios del Estado de Chihuahua, en relación a la situación financiera del Gobierno Federal y la Prospectiva de los Programas Federales y su Aplicabilidad», los cuales nunca fueron prestados.
En diciembre de 2017, la Fiscalía General del Estado sentenció al ex Diputado a tres años de prisión.
En el caso de educación, Ricardo Yáñez Herrera, ex Secretario de Educación de Chihuahua, y su ex directora Administrativa Karla Jurado Bafidis está fueron sentenciados a cuatro y tres años de cárcel por su participación en el desvío de 246 millones de pesos.
«Señoría, acepto mi responsabilidad”, expresó ante la Juez María Guadalupe Hernández el ex funcionario duartista, detenido en marzo de 2017.
Antonio Enrique T.G., ex titular de adquisiciones de la Secretaría de Hacienda estatal, también figuró en ese esquema del «caso educación» y otros. En marzo de 2017 intentó tomar protesta como Diputado al Congreso de la Unión en la Ciudad de México, pero le fue negado por la mayoría de los legisladores. Sobre él recaen más de siete cargos.
En mayo de 2017 agentes de la Fiscalía General de Chihuahua en coordinación con elementos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ejecutaron una orden de aprehensión en contra de T.G. Luego de ser trasladado a Chihuahua, la Fiscalía General del Estado le formuló imputación por el delito de peculado.
Quedó asentado que de febrero de 2015 a octubre de 2016, previo acuerdo con otros servidores públicos, desvió 120 millones de pesos al simular un proceso administrativo para «asesorías en la aplicación de mejora continua y transparencia de los procesos contables, financieros y administrativos» con la empresa Kepler Soluciones Integrales, bajo un contrato realizado el 31 de julio de 2015. Pero los servicios nunca fueron prestados.
«Es un operador importante, es una de las piezas claves del organigrama delincuencial que Duarte configuró en su red de corrupción política y este era el operador del efectivo, junto con el extinto Carlos Hermosillo», dijo el Gobernador Corral tras su captura.
EL EX AUDITOR
El 21 junio de 2017, agentes de la Fiscalía General de Chihuahua también detuvieron en Puebla al empresario Germain Lezama Cervantes. Por dos causas penales, en total el empresario fue sentenciado a cinco años y medio en la cárcel y tendrá que pagar 121.5 millones de pesos.
En contubernio con Gerardo V. M y Antonio Enrique T. G., participó en el desvió de 120 millones de pesos del erario público. En su calidad de representante legal de Kepler Soluciones Integrales aportó la documentación para realizar la simulación del procedimiento de contratación de servicios, según la investigación en curso.
Además, el Ministerio Público logró acreditar que en mayo del 2014, Lezama Cervantes, en acuerdo previo con el ex Auditor Superior del Estado, Jesús Manuel E. F., participó en la distracción de un millón 566 mil pesos del erario público, al aportar la documentación para realizar la simulación de un contrato de prestación de servicios. El ex director de Administración del Auditor, Édgar R.M., también está en espera de sentencia.
«Con este fallo condenatorio [contra el empresario Lezama] logramos obtener el castigo de una persona que sin ser servidor público participó en el mayor desfalco en la historia de nuestro estado; además, se recuperó el recurso que forma parte del patrimonio de las y los chihuahuenses», destacó el Fiscal César Peniche.
Al ex funcionario de Hacienda, Antonio Enrique T.G, además del «caso educación», se le aseguraron dos propiedades en la ciudad de Chihuahua. En los lugares se localizaron, entre otros objetos, documentos asociados a Gerardo V., ex director General de Administración de la Secretaría de Hacienda y de Grupo Fritag, cuyo representante legal Jaime F. R. espera sentencia.
En mayo de este año, se le dictó a Antonio Enrique T.G. un auto de vinculación a proceso por el delito de desvío de 12 millones de pesos del erario estatal. El Ministerio Público argumentó que esa cantidad fue sustraída a través de la simulación de un contrato de prestación de servicios profesionales con la empresa Hinfra, para beneficiar al ex Auditor Jesús Esparza Flores, por un compromiso que César Duarte Jáquez tenía con él, «ya que ocultaba las irregularidades en el manejo de los recursos públicos».
Para realizar la simulación, el imputado T.G. firmó el dictamen de excepción a la licitación pública y el acta de adjudicación directa a la empresa Hinfra, para la supuesta prestación de servicios profesionales en el análisis, evaluación y asesoría técnica especializada en el monitoreo de la imagen de la Secretaría de Hacienda.
El 11 de julio de 2018 la Fiscalía General del Estado formuló una nueva imputación a Antonio Enrique T.G, en la que aparece como probable responsable del desvío de 50 millones de pesos, cuando fungió como director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda. El Ministerio Público estableció que en 2016 el ex funcionario duartista firmó los dictámenes de excepción a la licitación pública y acta de adjudicación directa, a favor de la empresa Centro de Acción Empresarial Altea utilizada para la sustracción ilícita del dinero público.
La Fiscalía de Chihuahua mantiene las investigaciones y está a la espera de que los jueces dicten sentencias al ex director general de Administración, Gerardo V.M; al ex titular del Comité de Adquisiciones, Antonio Enrique T.G.; del ex director de Adquisiciones, Sergio M. I; y del ex coordinador Administrativo y de Servicios, Ever Eduardo A.S.
LAS RETENCIONES SALARIALES
En junio de 2017, un Juez federal dictó auto de vinculación a proceso por delitos electorales a cuatro ex funcionarios de Chihuahua, derivado de la denuncia que presentó la Secretaría de la Función Pública estatal, por la presunta retención indebida de entre 5 y 10 por ciento del salario de empleados gubernamentales en la pasada administración, en favor del Partido Revolucionario Institucional.
«Entre los elementos que fueron considerados por el Juez federal para esta vinculación a proceso es que las cuotas de los servidores públicos no eran otorgadas de manera voluntaria; es decir, eran de alguna manera amenazados para otorgar este tipo de cuotas», explicó la titular de la SFP, Stefany Olmos Loya.
Los vinculados a proceso son: el ex Secretario de Hacienda, Jaime Ramón H. C.; el ex director de Egresos de Hacienda, Jesús O. A.; el anterior titular de la Dirección de Programación y Control de Pagos, Miguel Ángel M. A. y el ex Secretario de Administración y Finanzas del PRI, Pedro Mauli R. C.
Los cuatro inculpados, presuntamente participaron en el desvío de por lo menos 14 millones 609 mil 583 pesos para ser entregados al PRI.
Por este delito de peculado electoral la Fepade solicitó una orden de aprehensión contra el ex Gobernador César Duarte, la cual se suma a las 20 órdenes de orden local obtenidas por la Fiscalía de Chihuahua por peculado agravado.
OTROS IMPLICADOS
En verano de esta año, la Fiscalía de Chihuahua detuvo al ex asesor Técnico de la Dirección de Adquisiciones y Servicios de la Secretaria de Hacienda, Edmundo Felipe G. L., a quien acusa de distraer 15 millones de pesos. De acuerdo a la investigación, desde finales del año 2015 a octubre de 2016, el imputado simuló la contratación de servicios profesionales de “Asesoría en comunicación institucional y planificación estratégica”.
Previamente, el Fiscal César Augusto Peniche Espejel informó de la detención de Alejandro V. A., Diógenes B. V. y Martha Patricia B. B, por su probable participación en el desvío de 5 millones de pesos que correspondían a los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), por medio de una simulación de entrega de becas para hijos de docentes y bonos por el Día del Maestro.
A Guadalupe M. A., representante legal de la Unión Ganadera Regional General División del Norte del Estado de Chihuahua, también se le acusa de intervenir en el desvío de 20 millones de pesos del erario.
La agente del Ministerio Público expuso en la audiencia de formulación de imputación que en abril de 2015 la señalada concertó junto a otros ex funcionarios de las secretarías de Hacienda y de Economía la distracción del recurso público. Para ello simularon la realización del convenio de un apoyo económico con la asociación ganadera, de la que Duarte Jáquez era presidente del consejo directivo, para fingir el trámite administrativo y la comprobación del gasto a través de facturas apócrifas.
En la causa penal 2223/2018 quedó asentado que Guadalupe se desempeñaba como administradora del patrimonio del ex Gobernador y apoderada legal de varias de sus empresas.
En abril de 2018, una vez que fue deportado por autoridades de Estados Unidos, agentes de la Fiscalía General detuvieron en Ciudad Juárez a Jesús Manuel L. H., quien fungió como Secretario particular del ex Gobernador César Duarte, al ser señalado como presunto responsable del delito de peculado agravado en perjuicio del erario público estatal.
De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, los días 17 y 18 de junio de 2017 el imputado utilizó un avión propiedad de Gobierno del Estado para trasladar al hijo de Duarte Jáquez de la ciudad de Toluca a Cancún y de Cancún a Toluca. La utilización de esta aeronave tuvo un costo de 336 mil pesos, cantidad que nunca fue justificada en el gasto del erario.
