La Constitución marca que los diputados o senadores tienen 30 días una vez publicada la norma para presentar este acto, en el que se requiere el respaldo de al menos el 33 por ciento de sus integrantes.
Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha recibido, hasta el momento, ninguna acción de inconstitucionalidad en contra de la recién expedida Ley de Seguridad Interior, informó el Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales.
El pasado martes, durante la inauguración del primer periodo de sesiones correspondiente a 2018, en el Salón de Plenos del Alto Tribunal, el ministro Aguilar Morales expresó que, a pesar de que se ha señalado en los medios de comunicación que se presentarían acciones para impugnar la citada ley, hasta este 2 de enero no hay ni una.
Al hacer una reseña de los asuntos de relevancia que podrían resolverse en este primer semestre del año, el Ministro resaltó el relacionado con el hecho de si el Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones incurrió en una repetición del acto reclamado al conocer de un recurso de inconformidad.
«El Pleno también se pronunciará, sobre la validez de la Ley Reglamentaria del Artículo Sexto, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica, al conocer de la Acción de Inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas, así como de un amparo en revisión”, señaló la SCJN en un comunicado de prensa.
La Ley de Seguridad Interior fue avalada por la madrugada del 16 de diciembre en el Senado de la República, con 71 votos a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados de Acción Nacional (PAN) y de Verde Ecologista (PVEM), y con 34 en contra de la oposición, además de tres abstenciones. La votación se dio luego de más de 12 horas de discusión.
Ese mismo día, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó estaba en proceso de preparar un estudio de acción de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior y exhortó el Ejecutivo Federal para que formule observaciones a la norma.
Las fracciones parlamentarias de oposición también coincidieron en la necesidad de presentar una acción de inconstitucionalidad.
“Estamos en diálogo con los grupos parlamentarios necesitamos 167 firmas y creemos que las podemos lograr si la mayoría PAN, PRD y Movimiento Ciudadano [MC] suman esfuerzos”, dijo José Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de la bancada de MC, el pasado 15 de diciembre.
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El pasado 21 de diciembre el Presidente, Enrique Peña Nieto promulgó la Ley en medio de las críticas de organizaciones civiles, activistas, ciudadanos y políticos de la oposición.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva”, agregó. “La ley deja claro, y esto es muy importante, que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades, además las obliga a llevar a cabo un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales que permita finalizar con el apoyo subsidiario de las autoridades federales” dijo Peña Nieto el día de la promulgación.
La Constitución marca que los diputados o senadores tienen 30 días una vez publicada la norma para presentar este acto, en el que se requiere el respaldo de al menos el 33 por ciento de sus integrantes.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), Human Rights Watch y Amnistía Internacional son algunos grupos que desde el exterior del país que han alertado que la Ley de Seguridad garantizará más violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas y ejecuciones extraoficiales.
