El regreso de los desplazados a sus hogares aún no es definitivo y el acuerdo emitido por el Gobierno local se encuentra en negociación con el grupo de paramilitares que mantienen el resguardo de la zona en conflicto. El recuerdo de la terrible violencia sufrida sigue tan vivo en la memoria de los desplazados que muchos prefieren seguir en los campamentos de las montañas que regresar a su municipio.
Para compensar a los desplazados que residían en los terrenos que serán devueltos a Chenalhó, los gobiernos estatal y federal les han ofrecido 300 casas y 15 millones de pesos. Pero lo que realmente les preocupa a los pobladores es la inseguridad.
Se requirió que hablaran organizaciones civiles, líderes sociales, líderes religiosos, la CNDH y hasta la ONU para que el Gobierno de Chiapas se movilizara para rescatar a los indígenas que pasaron un duro invierno en la montaña. No se sabe bien a bien cuántos murieron en la travesía. El Gobierno federal ni intervino, hasta donde se sabe, ni ha informado absolutamente nada. El Presidente Enrique Peña Nieto salió de vacaciones en medio de la crisis de los refugiados.
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San Cristóbal de las Casas (México), 3 ene (EFE).- Tras casi tres meses sufriendo hambre, frío y enfermedades, algunos de los cerca de 5 mil indígenas desplazados por la violencia en las montañas del estado de Chiapas comenzaron a regresar a sus casas pese a que la inseguridad no ha sido mitigada.
Dicha violencia deriva del conflicto agrario entre los dos municipios vecinos de Chalchihuitán y Chenalhó, ambos habitados por comunidades tzotziles, enfrentados desde hace 40 años por la propiedad de 363 hectáreas de tierras fértiles.
La disputa llegó hasta tal límite que grupos paramilitares de Chenalhó comenzaron a disparar contra habitantes de Chalchihuitán, por lo que 5 mil 23 personas huyeron a las montañas en pleno mes de octubre.
Aunque la zona no ha sido pacificada, el Gobierno municipal de Chalchihuitán emitió ayer un acuerdo para que sus desplazados regresen a sus hogares como consecuencia del fallo de un tribunal federal que el pasado 13 de diciembre dio la razón a Chenalhó en la disputa mantenida entre ambos municipios.
El regreso de los desplazados a sus hogares aún no es definitivo y el acuerdo emitido por el Gobierno local se encuentra en negociación con el grupo de paramilitares que mantienen el resguardo de la zona en conflicto, dijo a Efe Maciel Alfaro López, delegado en la zona de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH).
El recuerdo de la terrible violencia sufrida sigue tan vivo en la memoria de los desplazados que muchos prefieren seguir en los campamentos de las montañas que regresar a su municipio.
«Es un retorno con peligro, los disparos y las agresiones siguen», alertó a Efe el portavoz de los desplazados, Nicodemo Sánchez, quien admitió que hay «mucho sufrimiento» por el hambre y el frío entre los desplazados.
Añadió que el retorno de la población será parcial debido a que «se oyó la voz de la desesperación de muchos que no quieren regresar porque no ven condiciones de seguridad».
Una de las voces de la desesperación la emitió entre llantos la desplazada Luvia Entsin: «Escuchábamos los disparos y defendíamos nuestros cuerpos porque no queríamos morir todavía. Nos escondíamos día y noche. Venían (los paramilitares) y las balas pasaban».
Ello obligó a los miles de desplazados a resguardarse de la violencia en nueve campamentos ubicados en las montañas de la región de Los Altos y afrontar las inclemencias del tiempo a la llegada del invierno.
Los campamentos están distribuidas según las distintas comunidades indígenas y se componen de chabolas de pocos metros cuadrados construidas con palos y cobijas donde, en algún caso particular, llegan a dormir ocho familias con sus 22 niños.
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Aunque Cáritas reparte comida entre los desplazados y éstos combaten el frío encendiendo fogatas, al menos 11 han fallecido por el hambre y el frío, cuatro niños entre ellos.
De hecho, según la CMDH, cerca de 200 mujeres embarazadas y 3 mil 800 niños malviven en estos campamentos.
La Diócesis de San Cristóbal de las Casas denunció a principios de diciembre que en las comunidades de Chalchihuitán prevalece «un ambiente de terror» generado por grupos armados ilegales que actúan en la impunidad.
Alertó de que este ambiente es similar al que precedió la matanza de 45 indígenas en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, en diciembre de 1997.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció la inacción de las autoridades locales, estatales y federales ante el conflicto pese a que este organismo les había pedido que brindaran asistencia humanitaria a los desplazados.
El conflicto entre ambos municipios viene de lejos, cuando en 1981 Chalchihuitán obtuvo el reconocimiento como beneficiario de 252 hectáreas de terreno agrícola que pertenecían a Chenalhó, error que el tribunal pide ahora resarcir.
Para compensar a los desplazados que residían en los terrenos que serán devueltos a Chenalhó, los gobiernos estatal y federal les han ofrecido 300 casas y 15 millones de pesos. Pero lo que realmente les preocupa a muchos es la inseguridad.
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