Ya no se sabe si son los buenos o son los malos, si cuidan a la población o si anteponen sus propios intereses: son narcotraficantes, son empresarios, son -sobre todo- políticos e instituciones enteras que este año mostraron la peor cara de un país de por sí hundido en la corrupción y la violencia. ¿Quiénes llevaron a México un paso atrás en cuestiones económicas, políticas, de seguridad, de libertad de expresión y de goce de los derechos humanos?
Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- Para que existan buenas acciones y levantamientos organizados, debe de haber una contraparte que no haga su trabajo, que no sirva a la sociedad y que favorezca sus intereses, y los de sus amigos, por encima de los de una población entera.
¿Quiénes regresaron, quiénes se fugaron, quiénes fallaron al país?
Pocos personajes tan míticos y odiados como el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari. Para algunos omnipresente, siempre gobernando México detrás del mandatario en turno, este 2015 volvió –otra vez- como acostumbra aparecer y desaparecer no sólo del país si no del ojo público.
El 6 de noviembre participó como acto final del foro de The Economist y nuevamente, como hace más de 20 años, culpó a las decisiones de su sucesor Ernesto Zedillo de la falta de crecimiento económico tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La misma pregunta que él le haría a Donald Trump, se la harían muchos mexicanos: “Señor, ¿tiene usted un mínimo de decencia?”
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera “El Chapo”: su éxito, sus detenciones y sus fugas, representan el fracaso del Estado. Significó también, en su momento, la oportunidad para el gobierno de Enrique Peña Nieto de alzarse el cuello y presumir cierto control sobre la seguridad del país. Tal éxito y revuelo por la mediatizada captura duró sólo 17 meses.
La noche del 11 de julio el líder del cártel de Sinaloa escapó del Penal del Altiplano por un túnel de 1.5 kilómetros que, según la versión oficial, él mismo construyó. “El Chapo” lo hacía otra vez, como lo hizo en Puente Grande.
“Un golpe durísimo”, “es una vergüenza y marca el fin del Gobierno de Peña”, “reveló la debilidad del Estado frente al crimen”, eran como académicos, medios y analistas extranjeros calificaban el escape de uno de los hombres más ricos del mundo para la revista Forbes y el narcotraficante más poderoso actualmente.
Este 2015 emergieron ante el ojo público dos empresas constructoras, involucradas en casos de corrupción y conflicto de interés, señalados de ser los grupos favoritos del presidente Enrique Peña Nieto para hacer millonarios contratos para obras gubernamentales.
Juan Armando Hinojosa Cantú dueño de Grupo Higa tiene desde hace tiempo una relación estrecha con el Presidente Peña, que se evidenció más cuando periodistas destaparon el escándalo de la Casa Blanca, sin embargo, desde antes los privilegios y montos con los que negociaban el empresario y el Gobierno federal resultaban sospechosos, desde la construcción de autopistas irregulares, la remodelación del hangar presidencial, el acueducto Monterrey VI y la posterior expropiación del territorio de Xochicuautla.
”Juan Armando Hinojosa llegó aquí [al Estado de México] sin nada; pareciera que se hizo millonario en cuestión de días”, publicaba en julio el diario The New York Times citando a un ex funcionario de esa entidad.
Por otro lado, el Grupo OHL México, filial del consorcio español Obrascón Huarte Lain, a cargo de Andrés de Oteyza, se metió en un escándalo de corrupción tras la filtración de audios que involucraban a funcionario mexiquenses y del Gobierno federal.
¿Qué se escuchaba? Una vez más, empresarios beneficiados por autoridades para realizar obras millonarias, tales como el Viaducto Elevado Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, pero no sólo eso, también falseo de cifras para obtener dinero gubernamental.
Si bien los audios salieron en 2015, los beneficios llevan más de 15 años, y simplemente con los proyectos que tienen en la actualidad en el país, obtienen el 15 por ciento anual de sus ganancias a nivel mundial.
Pese a la polémica, Hinojosa y De Oteyza figuraron en las primeras filas del Palacio Nacional durante el Tercer Informe de Gobierno de EPN.
Pocos meses después de que se revelara la existencia de la“Casa blanca”por el equipo de investigación de MVS, el periódico estadounidense The Wall Street Journal señaló al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso como el dueño de una casa en Malinalco, Estado de México, comprada al empresario Roberto San Román Widerkehr.
En aquel texto, también se informaba sobre una segunda propiedad que Enrique Peña había comprado cuando era Gobernador del Estado de México, cuando las empresas de San Román, que hasta esa fecha no habían ejecutado ningún contrato público, lograron ganar varias licitaciones públicas mientras Peña Nieto fue Gobernador del Estado de México por un valor de unos 100 millones de dólares.
Finalmente, la Secretario de la Función Pública (SFP), encargada de investigar estos supuestos conflictos de intereses dictaminó que no se habían cometido irregularidades ni por parte del Presidente ni por parte de Videgaray.
“Ya me cansé”, fue la forma en el que Jesús Murillo Karam decidió terminar uno de sus últimos actos públicos como Procurador de Justicia de la República, tras informar a los medios la “verdad histórica”sobre el caso Ayotzinapa.
En enero de 2015 Murillo declaró en entrevista con The Associated Press que se negó a extraditar a “El Chapo” hacia Estados Unidos, pues no había peligro de fuga… seis meses después el reo escapó.
Hace apenas unos días, el diario San Antonio Express News publicó que tres empresarios mexicanos acusaron al ahora Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México de recibir un penthouse como soborno y a cambio interceder a favor de la empresa Clarion Partners para que la favoreciera en una defraudación.
El priista tiene ya un par de demandas (ignoradas por la Cámara de Diputados) de juicio político por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por considerar que sus acciones y omisiones pusieron en riesgo la investigación sobre la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala, Guerrero.
Todo lo anterior, sigue sin respuesta.
“No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito, ¿qué quieren saber?, ¿qué sabían los soldados?, está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales”, dijo en octubre Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a Joaquín López-Dóriga.
Días después, el padre de uno de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero le reviró: “¿A qué le teme el Secretario de la Defensa Nacional? Se supone que el Ejército es honorable y transparente. ¡Qué se vea!”.
“Es la instrucción del Presidente de la República y nuestro Comandante Supremo, para proyectar al país hacia el progreso y desarrollo, para que juntos todos, liberemos el verdadero potencial de México”, insistió el General ante las críticas y los cuestionamientos.
Los casos Ayotzinapa y Tlatlaya hicieron que la crisis de los derechos humanos en el país explotara, por lo que organismos internacionales encargados de defenderlos llamaron al gobierno a reconocer el problema y establecer medidas que protejan la dignidad de las personas.
Fue precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que pidió una separación clara” entre las funciones de la Policía y las Fuerzas Armadas, pues “la historia de la región demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos”.
Grupo México, la empresa del multimillonario Germán Larrea Mota-Velasco, considerado el segundo hombre más rico de México, es también una de las que más denuncias han sumado en las últimas décadas en el país tanto por las malas condiciones laborales en las que mantiene a sus trabajadores, especialmente en su negocio de minería donde se han reportado decenas de muertes y accidentes, así como por la contaminación que ha esparcido en las zonas donde opera.
En México al evasivo magnate y a su firma no se les ha tocado un pelo debido, coinciden analistas financieros, a sus fuertes alianzas con el poder político. Sin embargo, en el extranjero, donde Grupo México desarrolla operaciones mineras, está en la mira por sus acciones de corrupción y violaciones a distintas reglas locales, incluyendo las de sus procedimientos de contratación de personal y de allegarse licitaciones.
Este fenómeno al que también se le puede llamar “leyes de cuates para cuates”, tomó fuerza este año cuando las reformas estructurales propuestas por Peña Nieto iban tomando forma.
Pedro Aspe, sucesor de Carlos Salinas en la Secretaría de Programación y Presupuesto de Miguel de la Madrid Hurtado y Secretario de Hacienda en el siguiente sexenio, formó parte de los consejos de Televisa, Volaris y, en 1996, fundó la consultora Protego, que luego se convirtió en filial mexicana de la norteamericana Evercore; fusión que, en 2012, compró el 20 por ciento de la proveedora Diavaz, contratista de servicios de Pemex y ahora también interesada en las licitaciones de la Reforma Energética.
Una investigación Alejandra Salas Porras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), muestra también la relación de Aspe con las firmas internacionales McGraw Hill y BlackRock; ésta última controladora de la primera y fundada por varios socios de Evercore.
Pese que el Secretario de Hacienda Luis Videgaray, salió a decir ante la Cámara de Diputados que no había conflicto de interés en el nombramiento del ex subsecretario de Energía y Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, como consejero independiente del Fondo Mexicano del Petróleo, la maniobra es un ejemplo más de la puerta giratoria, pues Téllez forma parte de empresas directamente vinculadas con el sector energético, como Sempra Energy o Grupo México, ganadoras de concesiones y contratos millonarios con el Gobierno federal.
Incluso el ex Presidente Vicente Fox Quesada quiere su parte al convertirse en consejero de la también nueva compañía Energy and Infraestructure Mexico (EIM) Capital, la cual se fusionó con la firma especializada en fracking, American Energy Partners, con el fin de “explorar el potencial económico de los recursos de gas y petróleo mexicanos”, informaba un comunicado.
En medio de la polémica por la posible reducción al impuesto del refresco propuesta en la Cámara de Diputados, la organización civil El Poder del Consumidor señaló a Genaro Borrego Estrada como el motor que desde su puesto como director de Asuntos Corporativos de FEMSA (dueña de Coca-Cola) intentó beneficiar a las refresqueras.
Borrego ha estado relacionado toda su carrera con las más altas esferas empresariales y políticas del país, al fungir como ex presidente nacional del PRI, ex Senador y ex Gobernador de Zacatecas por ese mismo partido, además de director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tiempo en el que también se le acusó de beneficiar a empresas farmacéuticas.
Adrián Rubalcava Suárez, ha sido señalado por diversos escándalos en su administración como Delegado en Cuajimalpa, incluyendo ligas con el grupo de golpeadores y secuestradores “Los Claudios”, corrupción y desvío de recursos públicos y choques violentos con perredistas.
Ruvalcaba también se ha ligado a una red comandada por el ex empleado de Televisa Juan Carlos Zaragoza Ríos, quien tiene montada una estructura para difamar y acosar a rivales políticos, periodistas y medios de comunicación.
Jesús Zambrano Grijalva, Jesús Ortega Martínez y Carlos Navarrete Ruiz, la corriente ideológica dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) llamada Nueva izquierda, o más comúnmente “Los Chuchos”, ha “desfigurado” y “hundido” los ideales del partido, en la opinión de analistas, y por supuesto, detractores.
Luego de que en las elecciones de junio, el PRD perdiera el dominio de la Ciudad de México, su principal bastión desde hace 18 años, el ex secretario general del Sol Azteca, Alejandro Sánchez Camacho, achacó esto a tres responsables: “el Pacto por México es parte de la derrota; el método de la toma de decisiones, no sólo para renovar la dirección nacional del partido sino las estatales, y las candidaturas, y un tercer elemento muy importante es, la actitud arrogante de la dirección nacional que representan ‘Los Chuchos’ y ADN [Alternativa Democrática Nacional]”.
