La Comisión para la Verdad y Justicia 1965-1990 se dedicará a investigar y esclarecer las violaciones graves a derechos humanos que tuvieron lugar entre esos años en México, así como identificar a presuntos responsables de los crímenes perpetrados por el Estado mexicano.
Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).– La Comisión para la Verdad y Justicia 1965-1990 es la última oportunidad que tiene el Estado mexicano para brindar justicia a las víctimas de violencia perpetrada entre esos años y esclarecer los hechos, advirtió Carlos Pérez Ricart, profesor e investigador del Colegio de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) y uno de los integrantes de la Comisión.
En entrevista para «Los Periodistas», transmitido por SinEmbargo Al Aire, el docente indicó que el órgano recién creado permitirá establecer responsabilidades puntuales del pasado reciente, construir mecanismos que garanticen la no repetición de lo acontecido al identificar los patrones que permitieron la violencia del pasado, y dar justicia restaurativa a las víctimas de las violaciones a derechos humanos cometidas durante los años de la denominada «Guerra Sucia».
«Queremos pensar en grande, hacer que esta Comisión no sea solamente testimonial, sino un verdadero parteaguas en investigación del pasado reciente en México. Sabemos, y creo firmemente, que la impunidad del pasado es lo que nos permite vivir la impunidad en presente», resaltó Pérez Ricart en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. «No creo que haya una comisión o un evento de esta importancia en el México contemporáneo».
El internacionalista no descartó que se cree en el futuro una unidad de investigación que sirva como vínculo directo con la Fiscalía General de la República (FGR) para llevar a cabo las investigaciones judiciales pertinentes en contra de los presuntos responsables.
«No está en el mandato de la comisión inmediata la creación de un mecanismo extraordinario de justicia, pero podría crearse a partir de los trabajos de la comisión», determinó.
Asimismo, en el caso del expresidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) -quien fue declarado culpable de genocidio por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) creada por Vicente Fox Quesada-, Pérez Ricart aseguró que la nueva Comisión revisará su caso y verá qué se puede hacer al respecto, a la vez que recalcó que se hará todo lo posible para garantizar justicia y verdad a las víctimas y a las familias.
¿Quiénes seremos las personas que participaremos en la Comisión para la Verdad y Justicia 1965-1990?
Conócenos ? pic.twitter.com/9dbBn23v83
— Carlos A. Pérez Ricart (@perezricart) October 31, 2021
La Fiscalía Especial del expresidente panista, denunció, fue vendida por Fox a sus opositores porque el mandatario no tenía interés en ella, y fue un fracaso porque no se esclarecieron responsabilidades ni hubo justicia para las víctimas. En este sentido, dijo, la Comisión de la Verdad sí cuenta con el apoyo de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
«No va a quedar en nosotros, y a diferencia de lo que pasaba en FEMOSPP (…) [la Comisión] sí cuenta con el apoyo y el respaldo del Gobierno federal para llegar a las últimas consecuencias. Ninguno de estos procesos funciona sin el apoyo del Ejecutivo», recordó el investigador. «[La Comisión] tiene el apoyo por parte del Presidente, por parte de las instituciones y sobre todo de las víctimas».
Este organismo estará integrado por cinco expertos: Allier Montaño, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México; Abel Barrera Hernández, activista y antropólogo; David de Jesús Fernández Dávalos, activista; Aleida García Aguirre, historiadora, y Carlos A. Pérez Ricart.
Entre sus facultades se encontrarán: sentar las bases para crear los mecanismos que permitan el esclarecimiento de los hechos; identificar culpables, desde las personas individuales hasta los circuitos coptados y circuitos criminales amparados por el Estado; y crear mecanismos de justicia restaurativa para las víctimas. Para este efecto, contarán con acceso a archivos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y judiciales que no están desclasificados, y buscarán aquellos documentos perdidos para llegar a las últimas consecuencias.
«El hecho de que hemos fracasado como sociedad durante décadas, el no esclarecer el pasado es lo que nos permite continuar con los patrones que permiten la violencia del presente. No es solamente la revisión histórica, no es una anécdota, no es el interés simplemente por ver los archivos, sino entender los patrones que permitieron la violencia del pasado y que son los que permiten la violencia del presente», concluyó Pérez Ricart.