El consorcio conformado por la brasileña Odebrecht y la española FCC obtuvo el jueves el mejor puntaje en la licitación de la construcción de un ramal de la línea 2 del metro de Panamá, lo que lo convierte en el virtual ganador del proceso.
La virtual licitación ha generado protestas en contra de la empresa y las autoridades. Organizaciones civiles han calificado la decisión como «sorprendente» y «desmoralizante», tras los escándalos en los que la constructora se vio involucrada en Panamá y diversos países de América Latina.
Panamá, 2 de noviembre (EFE).- Sectores civiles y analistas de Panamá criticaron hoy que Odebrecht, centro de un escándalo internacional por sobornos, sea la virtual ganadora de la licitación de una obra de más de 100 millones de dólares, aunque admitieron que la empresa ha introducido modificaciones para luchar contra la corrupción.
El consorcio conformado por la brasileña Odebrecth y la española FCC obtuvo el jueves el mejor puntaje en la licitación de la construcción de un ramal de la línea 2 del metro de Panamá, lo que lo convierte en el virtual ganador del proceso.
La Secretaría del Metro dijo que una vez superado el plazo para reclamos, que comenzará a correr el próximo martes y se extenderá cinco días, y dependiendo del resultado de ese trámite, se adjudicará la obra en una fecha aún no precisada.
La directiva del Movimiento Independiente (Movin), Anette Planells, reconoció a Efe que Odebrecht o cualquier empresa envuelta en escándalos de corrupción puede competir en Panamá porque no existe una norma que proteja al Estado.
Planells citó las iniciativas de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas, que introdujo modificaciones pero mantiene la posibilidad de que liciten en el país empresas condenadas en el extranjero por corrupción, así como la Ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que fue vetada parcialmente por el Ejecutivo y no se ha retomado en el Parlamento.
También señaló que la constructora brasileña está sometida a «un proceso que se lo impuso Estados Unidos», en el que «ha cambiado toda la línea administrativa» y ha impuesto «requerimientos» para combatir la corrupción.
Pero, añadió la activista, esa no es la realidad de otras empresas que siguen licitando en Panamá y que también han confesado haber pagado sobornos para obtener contratos en el caso conocido como «Blue Apple».
Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que representa en Panamá a la ONG alemana Transparencia Internacional (TI), calificó por su parte de «sorprendente» y «desmoralizante» que Odebrecht aún compita y pueda ganar licitaciones en Panamá.
Odebrecht se comprometió en noviembre de 2017 a pagar al Estado panameño en 12 años 220 millones de dólares como multa, de los cuales ya ha depositado 10 millones, como parte de un «acuerdo de colaboración eficaz» con la Fiscalía que incluye el archivo de la causa contra la constructora en el país centroamericano.
De Obaldía reconoció que la constructora brasileña, que es la principal contratista del Estado panameño, ha iniciado un proceso de rehabilitación pero, dijo, no se tiene constancia de sus resultados.
Lo peor es que la constructora «no ha enfrentado a la Justicia», añadió, y criticó el acuerdo de colaboración firmado por la empresa y la Fiscalía porque «el propósito era conocer toda la verdad y castigar a los culpables y eso no se ha dado» en Panamá.
El líder independiente Juan Diego Vásquez, candidato a diputado, opinó que «ni el Gobierno anterior» de Ricardo Martinelli «ni el Gobierno actual» han impulsado «una lucha frontal contra la corrupción», y que eso permite que Odebrecht siga «buscando hacer grandes obras en Panamá».
Vásquez fue uno de los impulsores de la ley sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que originalmente planteaba solo una reforma al artículo 116 del Código Procesal Penal, pero durante su larga discusión en el Parlamento le fueron sumadas modificaciones vinculadas a la ley de contrataciones públicas.
El presidente panameño, Juan Carlos Varela, vetó parcialmente el proyecto, como habían pedido varios sectores, entre ellos una decena de capítulos latinoamericanos de TI, incluido el de Panamá, con el argumento de que varias de sus disposiciones debilitaban las herramientas para la lucha contra la corrupción.
Los «artículos 3 y 4 (…) disminuyen dos herramientas para la lucha contra la corrupción: habilitan a las empresas que hayan aceptado acogerse a la colaboración eficaz en casos de corrupción para contratar con el Estado, y exoneran de sanciones a las personas jurídicas que sirven de intermediarias en la comisión de estos delitos si no reciben beneficios directos», argumentó TI.
Para el analista Ernesto Cedeño, el Gobierno de Varela «no ha querido inhabilitar» a Odebrecht porque su mayor interés es «cumplir las promesas de campaña» que incluyen grandes proyectos a cargo de la constructora, como la línea 2 del Metro y la renovación urbana de la ciudad caribeña de Colón.
Varela «se ha decantado por el mensaje de transparencia de la nueva administración de la empresa. Esa es una decisión del Gobierno, pero jurídicamente también tendrían argumentos para inhabilitarla», dijo Cedeño a Efe.
