Las autoridades estatales y federales no han ofrecido herramientas que reincentiven la economía y han “minimizado” el impacto de la inseguridad con versiones alejadas de la realidad.
Por Abel Salgado
Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo/ElSur).– Debido a las extorsiones y secuestros, en septiembre y octubre cerraron 809 empresas en Acapulco, Guerrero, informó el presidente de la Federación Estatal de las Cámaras de Comercio del Estado de Guerrero, Alejandro Martínez Sidney.
Expuso que en lo que va del año, cuatro mil 800 empresas de diferentes giros también bajaron sus cortinas en todo el estado por el mismo motivo.
Martínez Sidney dijo que la cifra “impacta” al estado, pues tras el cierre de negocios hay un número mayor de desempleados. “Cerca de tres mil empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se están perdiendo”, detalló.
El titular de las Cámaras de Comercio del Estado aseguró que septiembre y octubre son meses “históricamente malos” para el sector turístico y no hay alternativas como festivales o carnavales que rescaten la actividad económica.
Criticó que en el caso del festival de La Nao “lamentablemente no se tuvo el impacto que se esperaba” por la serie de desaciertos como la falta de organización, difusión e inclusión de los pocos turistas que fueron.
Martínez Sidney alertó al Gobernador Héctor Astudillo Flores y al Alcalde Evodio Velázquez Aguirre que las 809 empresas cerradas en Acapulco en apenas dos meses son un indicador para que el próximo año no se repita.
Declaró que según un censo de empresas formalmente establecidas en el estado, han cerrado sus puertas en lo que va del año cuatro mil 800. “Estoy hablando de gente que está dada de alta en Hacienda”.
“Básicamente el cobro del piso y la extorsión a comerciantes va de la mano del cierre de negocios”, reconoció el empresario y dijo que este comportamiento se ve también en Chilpancingo, Zihuatanejo y Taxco.
Manifestó que las autoridades estatales y federales no han ofrecido herramientas que reincentiven la economía y han “minimizado” el impacto de la inseguridad con versiones alejadas de la realidad.
Martínez Sidney apuntó que el comercio en Acapulco está “por los suelos” porque la seguridad se enfocó a proteger al mismo gobierno.
Se dijo preocupado porque esperaba que el operativo Serpiente de Fuego no fuera “llamarada de petate”, aunque reconoció que sí ha bajado los índices delictivos en la avenida Costera.
“Si este operativo va a ser para quedar en tres meses bien y después lo sueltan de nada va a servir”, y pidió que se amplíe a todo el municipio.
Apenas ayer organizaciones a favor del respeto a los derechos humanos denunciaron en Nueva York la corrupción política, violencia e impunidad que se vive en el estado de Guerrero.
Durante la presentación del informe «Justicia Fallida en el estado de Guerrero”, expuesto en la academia John Jay School of Criminal Justice, los representantes de las organizaciones coincidieron en que las fallas en el sistema de justicia en el estado posibilitan la comisión de graves violaciones a los derechos humanos como la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, sin que los perpetradores vean un riesgo de castigo por sus actos.
En la reunión estuvieron presentes Luisa María Aguilar, integrante de Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña; Santiago Aguirre, representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH); y Ximena Suárez, en representación de Open Society Justice Initiative.
«Sin graves violaciones a los derechos humanos, como los asesinatos, y si los actos de tortura cometidos en contra de estudiantes de Ayotzinapa en 2011 hubieran sido adecuadamente investigados, entonces tal vez no nos encontraríamos donde estamos ahora», señaló Luisa María Aguilar.
Los representantes de las organizaciones coincidieron en que la impunidad no sólo es un problema del estado de Guerrero, también afecta al resto del país.
«Guerrero no es una excepción. En todos los demás estados del país se pueden encontrar similares violaciones a los derechos humanos. Quizá no en la misma escala, pero sí los mismos patrones», destacó Santiago Aguirre del Centro ProDH.
Ximena Suárez, la representante de Open Society Justice Initiative, pidió al nuevo Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, tomar acciones concretas que pongan de manifiesto su voluntad para llevar a cabo las urgentes reformas en materia de justicia que el estado necesita.
