Para aprobar la instalación de un polígono de los parques industriales del Corredor Interoceánico, se falsificaron firmas en una asamblea de comuneros de San Blas Atempa, Oaxaca, por lo que se interpuso un juicio de nulidad.
Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).– Pobladores de Puente Madera, Oaxaca, mantienen un juicio de nulidad a la asamblea de comuneros en la que mediante firmas falsificadas, incluyendo la de un hombre fallecido, se aprobó la instalación de un polígono para los Polos de Desarrollo para el Bienestar que forman parte del proyecto federal del Corredor Interocéanico del Istmo de Tehuantepec.
Para impulsar el crecimiento de la economía regional, el Corredor planea la instalación de diez parques industriales en Oaxaca y Veracruz con polígonos de desarrollo, y la modernización y ampliación tanto de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos como de las vías del Tren Transístmico para el movimiento interoceánico de mercancías a mercados domésticos y mundiales.
El 14 de marzo, presidida por el Alcalde de San Blas Atempa, Antonio Morales Toledo, se celebró una asamblea, en la cual se falsificaron firmas de 45 comuneros de Puente Madera y de Inocencio Morales de la Paz, quien murió el 22 de enero de 2020, de acuerdo con el Acta de asamblea y Acta de defunción consultadas por SinEmbargo y presentadas para el juicio de nulidad (156/2021) solicitado el 8 de junio ante el Tribunal Agrario Num. 20 de Tuxtepec por el comunero David Hernández Salazar.
Con esas irregularidades se entregaron para el polígono de desarrollo 400 hectáreas de uso común del monte del Pitayal, zona cercana a Tehuantepec donde se planea uno de los cinco parques industriales para Oaxaca. Desde entonces el área es vigilada por los comuneros bajo la consigna de quemar cualquier maquinaria que se vea. Ahí habita flora y fauna endémica, aprovechada por las cinco comunidades de San Blas Atempa para la recolección de leña, frutos y el pastoreo.
Este medio cuestionó al área de comunicación social del proyecto federal en qué etapa de la consulta indígena van y si ya se tiene la Manifestación de Impacto Ambiental para dicho polo, pero no ha obtenido respuesta. Hasta el momento, para la parte de rehabilitación de vías del Tren Transístmico, sólo se cuenta con la MIA para puentes pedida a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) por la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
En aquella asamblea, el comunero David tomó el micrófono y alegó la falta de información sobre el impacto ambiental. Cuestionó qué tipo de industrias se instalarían y qué pasaría con el agua de la presa «Benito Juárez», usada por los campesinos de la región para el cultivo de milpa, sorgo, ajonjolí y camote. Ante las dudas, el Alcalde Morales Toledo lo corrió del lugar.
«No estamos de acuerdo en cómo se viene realizando la instalación del parque industrial porque fue una asamblea a modo», dijo vía telefónica el comunero y demandante del juicio de nulidad, David Hernández. «No tenemos información a largo plazo sobre el impacto ambiental y estamos a un kilómetro y medio de donde se pretende instalar».
Hace unos días, el Presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Oaxaca. Informó que para la instalación de los diez parques industriales la Secretaría de Hacienda (SHCP) está realizando avalúos de las tierras. «Decirles a los campesinos que estén tranquilos, que no vamos a permitir que les roben y que la obra es beneficio de ellos, que no es para perjudicarlos», afirmó.
Los polos de desarrollo del Istmo de Tehuantepec contarán con conectividad y los servicios necesarios para la actividad industrial con base en las vocaciones y sectores productivos de la región, de acuerdo con el director general del Corredor Interoceánico, Rafael Marín Mollinedo. Uno de los objetivos es proveer de infraestructura básica a los polos como transporte, agua potable, drenaje y energía a fin de ofrecer condiciones favorables para la inversión.
Pero la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo reiteró que se oponen a la instalación de este parque industrial por el riesgo en la erosión de los suelos, el uso y contaminación del agua y recurso forestales, así como la extinción de los modos de vida y de organización como pueblos indígenas.
«Hay una rica variedad de flora y fauna como venados y armadillos que vemos en peligro si se instala este parque industrial y más de la manera en la que lo están haciendo», aseguró el comunero Hernández. «Se habla de desarrollo, pero no vemos dónde. Vivimos muy marginados en cuanto a drenaje, electricidad, pavimentación y agua potable».
LA CONSULTA CON ACARREO
El primero de mayo se convocó a la etapa informativa para la consulta indígena en San Blas Atempa, Oaxaca, donde habitan zapotecas. La Asamblea de Puente Madera asegura que hubo acarreo de gente con promesas de apoyos sociales o herramientas para los agricultores.
En el proceso, donde hubo 300 personas de los 19 mil habitantes del municipio oaxaqueño, no se informó sobre el impacto ambiental y social, sólo sobre los beneficios económicos para la región.
«Vimos gente que le debe favores al Presidente Municipal Antonio Morales Toledo, gente que fue beneficiada por invasión de terrenos y los somete a su voluntad», dijo el comunero David Hernández.
Una semana después, el 9 de mayo, se aprobó por unanimidad el proyecto en una sesión presidida por la Secretaría de Gobernación (Segob), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y representantes del gobierno estatal.
A la par, habitantes de Puente Madera bloquearon la carretera a la altura del paraje El Pitayal como protesta contra el proceso de consulta indígena al no ser previa, de buena fe, culturalmente adecuada ni informada pues acusaron presión, intimidación o condiciones para asistir a la etapa informativa.
Como resultado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentó una denuncia por bloquear el libre tránsito contra David Hernández Salazar, Oseas Salazar Patiño y Alberto Patiño de la Rosa. Para la Asamblea de Puente Madera fue una «criminalización de la protesta social» ante la «imposición» de un polo de desarrollo.
