En ese sentido, en casi dos años de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que el comité ha visto que «no existe voluntad política de parte del Gobierno actual para poder establecer un organismo capaz de investigar lo que sucedió en 1968″.
Por Juan Manuel Ramírez G.
México, 2 oct (EFE).- La masacre estudiantil de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, cumple este viernes 52 años, con sobrevivientes y organizaciones transitando entre una incansable indignación y la esperanza de justicia por parte del actual Gobierno mexicano, al que acusan de desestimar sus demandas.
El abogado Víctor Guerra, asesor jurídico del Comité 68, señaló en entrevista con Efe que la principal función de esta organización, que integra a algunos de los sobrevivientes, «es la de luchar por la justicia, hasta el último momento, para que se castigue a los responsables».
En ese sentido, en casi dos años de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que el comité ha visto que «no existe voluntad política de parte del Gobierno actual para poder establecer un organismo capaz de investigar lo que sucedió en 1968″.
Guerra puso como ejemplo el caso los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, caso en el que el Presidente, al iniciar su obierno, el 1 de diciembre de 2018, ordenó la creación de una Comisión de la Verdad.
«Es una obligación del Estado mexicano hacer esas investigaciones y con el marco legal que tenemos, si se crea un organismo o una fiscalía para hacer la investigación del delito de genocidio y consignar las averiguaciones previas que quedaron pendientes, eso sería un gran avance», apuntó.
El abogado acusó de inacción y de omisión al actual Gobierno mexicano «al no llevar a cabo la investigación de los delitos graves que se cometieron en el pasado».
Con pocos movimientos en los últimos años en el caso, cuyo expediente, integrado por unas 70 mil u 80 mil fojas, estuvo extraviado, el Comité 68 le presentó este jueves un documento al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en el que le piden informe cuáles son las diligencias que la FGR ha practicado en 2019 y lo que va 2020.
ESPERANZA DE JUSTICIA
Durante el verano de 1968, miles de estudiantes organizaron huelgas y masivas manifestaciones para denunciar el autoritarismo del Gobierno mexicano, dominado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que reprimió la movilización para evitar altercados durante los Juegos Olímpicos.
El movimiento fue aplastado militarmente el 2 de octubre de 1968, cuando el Ejército y el grupo paramilitar Batallón Olimpia disolvieron a quemarropa un mitin estudiantil en Tlatelolco, dejando unos 300 de muertos y otros cientos de desaparecidos según organizaciones civiles, aunque las autoridades sólo reportaron 37 decesos.
Félix Hernández Gamundi, uno de los líderes históricos del movimiento estudiantil de 1968 e integrante del Comité 68, dijo a Efe que la organización «espera ver la actuación del actual Gobierno mexicano y de la Fiscalía».
«Pero hasta ahora no la hemos visto pese a que hay un nuevo momento político y desde los tres poderes se insiste en construir las bases para la paz en este país», lamentó.
Para el activista «no es gratuito que cada año la gente, y sobre todo los jóvenes, se manifiesten de manera importante alrededor del 2 de octubre».
«¿Es una expresión de nostalgia? No. Es una expresión de indignación y también de esperanza, de que con esa movilización y con la memoria la gente se está aspirando a la justicia», añadió.
LA MASACRE Y SUS IMPACTOS
Según el activista, «el mayor cambio después de 68 somos los ciudadanos» ya que «ahora hay mayor disposición de la gente para reclamar sus derechos».
Antes del movimiento del 68, la gente no se atrevía a salir a la calle y tenía rechazo a la actividad política y hoy, «sin diferencias, están dispuestos a salir al espacio público a demandar su derechos», apuntó.
Hernández Gamundi también habló de un posible juicio contra el expresidente Luis Echeverría (1970-1976), hoy de 98 años, y quien en octubre de 1968 era secretario de Gobernación con el Presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), ya fallecido.
Según el activista, este «se trata de un proceso interrumpido deliberadamente» en el plano judicial desde finales del Gobierno de Vicente Fox (2000-2006) y las dos administraciones que le siguieron Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Recordó que existe un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que tres diferentes instancias del Poder Judicial emitieron una sentencia en la cual se dice que en octubre de 1968 se cometió un delito de genocidio. Y por ello, continuó, se debería llevar a juicio a sus implicados.
HACER PÚBLICOS LOS ARCHIVOS
Para el escritor y periodista Fabrizio Mejía Madrid, el 2 de octubre de 1968 «se convirtió en un fecha de conmemoración de una matanza y finalmente de una derrota política, pero que con las décadas se convirtió en un victoria cultural».
Dijo que a todo el movimiento «se le deposita el origen muchas de nuestras victorias culturales en torno la democracia, los derechos humanos».
El autor de «Esa luz que nos deslumbra» (Grijalbo, 2018), alabada novela sobre la colisión ideológica del 2 de octubre de 1968, recordó que con el paso de los años se conoció la verdad mediante testimonios, libros y documentos.
Es por ello que el Gobierno actual, autodenominado disruptivo, debería «poner todo a disposición de los ciudadanos en la red, digital, todos los documentos» relativos a la matanza en el Archivo General de la Nación.
Durante el verano de 1968, miles de estudiantes organizaron huelgas y masivas manifestaciones para denunciar el autoritarismo del Gobierno mexicano, dominado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que reprimió la movilización de Tlatelolco para evitar altercados durante los Juegos Olímpicos de ese año.
