Una hace 47 años, otra apenas hace uno, Tlatelolco y Ayotzinapa descarrilaron al Estado. La impunidad es un paralelo entre las dos tragedias. La irresolución, otro.
Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).– Las movilizaciones en solidaridad con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, suelen concluir con la frase en letras blancas: “Fue el Estado”. El letrero queda colocado en alguna esquina del Zócalo hasta que el personal de limpia la borra a fuerza de barrido o bajo chorros de agua. Pero también aparece pintada en negro, sobre el Hemiciclo a Juárez o el suelo relumbrante de la Alameda Central. O reaparece en pancartas de cartulina pisoteadas que van a dar a los amarillos botes de las empresas que levantan la basura en el Centro Histórico bajo contrato del Gobierno del Distrito Federal.
Es la denuncia más indeleble en contra del Presidente Enrique Peña Nieto y las instituciones de Gobierno, así como de los partidos mayoritarios –PRI, PAN, PRD– que integraron el Pacto por México y no han mostrado disposición para esclarecer qué ocurrió esa noche maldita del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron en un camino de Iguala.
Hace 47 años, hubo otra noche negra: la de Tlatelolco. Miles de estudiantes fueron puestos bajo fuego aéreo y terrestre y sin que todavía haya cifras oficiales, los cálculos de observadores internacionales y nacionales han alcanzado hasta 500 muertos.Y entonces, aquella masacre ayudó por primera vez a desmontar la ilusión del sistema. El régimen del Partido Revolucionario Institucional selló su destino: un orden político que asesinaba a su crítica intelectual –la que se formaba en las universidades y preparatorias públicas y privadas– era una dictadura. A partir de ese oscurecer del 2 de octubre tenía el tiempo contado.
Histórica una, presente la otra, Tlatelolco y Ayotzinapa son rompecabezas con muchas piezas que no embonan; otras que fueron fabricadas con el aparente afán de originar confusión y algunas más que corresponden a tramas diferentes. Jaime Tamayo, investigador de la Universidad de Guadalajara y experto en Movimientos Sociales, expone: “Las dos tragedias guardan similitudes, paralelismos y una lección clara de una democracia mínima que representa la libertad en México. Ayotzinapa es el recuerdo tortuoso de que los años no sirvieron en términos de lección. Es un fiel recordatorio que de haber puesto atención a las consignas del 68, muchos aciagos y violentos acontecimientos se hubieran ahorrado”.
El antropólogo Abel Barrera, quien busca a los normalistas a través del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, piensa que los ejes paralelos entre Tlatelolco y Ayotzinapa cuestionan una sola cosa, pero que es bastante grande: la transición de la democracia en México. La impunidad ante la desaparición forzada es la avenida por la que corren los dos eventos, según este defensor de los derechos humanos.
Sobre el Movimiento estudiantil de 1968, casi cinco décadas después, el cúmulo de información disponible pone en el centro de las operaciones la mano de tres personajes que integraban el Gobierno Federal: Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación; el General Luis Gutiérrez Oropeza, presunto creador del Batallón Olimpia de francotiradores y Gustavo Díaz Ordaz, el Presidente de la República. Pero ni estos personajes políticos ni otros recibieron castigo penal ni moral por lo ocurrido en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco. Tampoco dieron testimonio de lo que ocurrió. Sus dichos, a través de los años, se han enredado entre culpas veladas.
Quién ordenó y por qué el asesinato de los estudiantes está en el aire todavía. El 27 de noviembre de 2001, el entonces Gobierno de Vicente Fox Quesada creó por decreto la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado. Para 2007, el órgano se había extinguido sin conseguir una sola sentencia condenatoria por delitos cometidos durante las matanzas del 2 de octubre ni la del 10 de junio de 1971 ni la llamada “Guerra Sucia” que vino después y como consecuencia de las masacres. Los funcionarios octogenarios que fueron llamados a declarar se negaron a dar testimonios detallados sobre lo ocurrido en los sesenta y setenta. Daban discursos crípticos que al final, no responsabilizaron a nadie, mucho menos a ellos mismos.
¿Ocurrirá lo mismo con la desaparición de los 43 que se preparaban para ser maestros rurales? Por lo pronto, la tragedia fue colmada por el desempeño de Jesús Murillo Karam, quien fue Procurador General de la República de diciembre de 2012 hasta febrero de 2015. Como encargado del caso de Ayotzinapa informó que las indagatorias condujeron a que los 43 habrían sido quemados en un gigantesco basurero en Cocula, Guerrero. A su expediente lo llamó “verdad histórica”.
No sólo generó un torrente de dudas; sino que concluyó su informe con la frase “ya me cansé” lo que ocasionó críticas en las redes sociales y en los medios informativos. En febrero de 2015, se fue de la PGR para ocupar la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Luego, en la víspera del Tercer Informe de Gobierno, dejó el Gabinete presidencial sin recibir sanción ni ofrecer disculpa alguna, ni ninguna palabra más.
Para Eduardo Murueta Reyes, experto en Poder y director de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología [AMAP], las dos tragedias son un ejemplo del autoritarismo en México que está muy lejos del deseo de verdad de los gobernados. Y en ese sentido, es muy probable que los dos eventos tengan el mismo proceso: un largo camino para llegar un día a algunos parajes luminosos pero también a muchas zonas oscuras.
“En México hay un pseudo poder. Es pseudo porque es autoritario. Muy lejos de eso, el verdadero poder es el que convoca y organiza. La base de todo debe ser la organización. A mayor organización, mayor poder. El hecho de que muchas personas en la sociedad en México no estén organizadas y vivan supeditadas a unos cuantos, genera que estos tiendan al abuso”, dice.
Tlatelolco, con sus muertos aún no contados de manera oficial, y la triste y profunda noche de Iguala, cuando no quedó rastro de 43 estudiantes normalistas, dan cuenta de la lejanía entre el Estado y los ciudadanos. Murueta pone un símil: se trata de un padre de familia que jamás ha comprendido a su hijo y prefiere taparle la boca a como de lugar.
ENTRE DÍAZ ORDAZ Y PEÑA NIETO: EL SILENCIO
La razón que condujo a la matanza del 2 de octubre es un vericueto que aún no ha llegado a ninguna parte. Era una época en que el viento no se movía si no lo aprobaba el Presidente de la República y no había ser humano en México mejor informado que él. Pero hay un testimonio, el de las memorias de Luis Marcelino Farías, en el libro Así lo recuerdo, editado por el Fondo de Cultura Económica en 1992, que brinda el indicio que dos personajes actuaron sin que Gustavo Díaz Ordaz lo supiera: Alfonso Martínez Domínguez, supuesto corresponsable de la formación de grupos de choque, y el General José Luis Gutiérrez Oropeza, quien fue Jefe del Estado Mayor Presidencial.
Palabras de Farías:
“Se vanagloriaban ambos de haber tomado medidas sin que lo supiera el Presidente, tales como tener a la mano gente dispuesta a balacear una escuela politécnica, gente comprada para golpear a algunos muchachos en la noche y cosas así, medidas que tomaban ellos para tranquilidad del Presidente”.
Ninguno de estos tres políticos priistas está vivo este 2 de octubre, cuando una nueva tragedia, la de Ayotzinapa, evoca a la de Tlatelolco. Ya es imposible que brinden más testimonios sobre la actuación del Presidente en 1968, una pieza ausente en el rompecabezas que es la masacre del 2 de octubre.
El general José Luis Gutiérrez Oropeza falleció en 2007. Y en una entrevista con La Jornada, su hijo Luis Gutiérrez Zepeda, dijo: “Murió con la certeza de que siempre fue leal a México y sus instituciones”. Alfonso Martínez Domínguez –quien también fue regente de la Ciudad de México en 1971– dejó este mundo cinco años antes. Y Luis Marcelino Farías, quien en 1968 era diputado federal y defendía en el Congreso de la Unión a Gustavo Díaz Ordaz respecto a los hechos, murió en 1999.
Para Jaime Tamayo, el investigador de la UdeG, la posibilidad de que el entonces Presidente Díaz Ordaz no supiera del movimiento estudiantil que se gestaba resulta muy lejana. “El Gobierno Mexicano aplastó lo que quiso manejar como un movimiento manipulado por los comunistas del extranjero. Pero ahí había gente de todas las corrientes incluso del Partido Comunista que hoy podríamos ver como un movimiento a favor de los derechos cívicos y humanos. Estamos hablando de un país en el que el autoritarismo era la marca distintiva. En ese sentido, se daba el discurso de Díaz Ordaz. Él manejaba el temor a un movimiento desde el exterior y que se podía salir de control”.
“Él sabía que eso era falso. Tenía información de dos fuentes con diversos canales de información, uno por parte de la Secretaría de Gobernación, de la Dirección Federal de Seguridad y otras instancias de vigilancia y represión política. Incluso, desde el Estado Mayor Presidencial se había penetrado entre los estudiantes. Había espionaje en las instituciones educativas a donde acudían”, añade en entrevista el estudioso de los movimientos sociales de México.
Luis Echeverría Álvarez –Secretario de Gobernación en el 68– ha dicho muchas veces que él no influyó en las decisiones del Presidente. “Quizá pensó que no tenía yo la suficiente experiencia y él lo manejó todo, lo político y lo militar”, dijo en una entrevista con el periódico El Universal, publicada el 21 de Septiembre de 1998.
Si el hombre que tenía la investidura presidencial, era el mejor informado, también era el más callado. Y ese silencio fraguado en la residencia oficial de Los Pinos fue de época en época sin darle tregua al cambio. Desde Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) hasta Ernesto Zedillo (1994-2000), el Gobierno permaneció callado frente a los hechos de 1968. Y así, muchos grupos, al ver cerrado el camino del diálogo, formaron en los 70, algunos grupos guerrilleros tanto en el campo como en la ciudad.
“La masacre generó la impresión que de no había más salida que la vía armada, algo que se vino a ratificar con el Halconazo (matanza en San Cosme en junio de 1971) y grupos radicales con la lucha armada como la Liga 23 de Septiembre, así como la guerrilla rural con Lucio Cabañas en Guerrero. Todo esto vino a mandar el mensaje de que la única posibilidad de cambio era el movimiento armado”, dice Tamayo.
Aunque la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa puso una sombra deforme sobre el Gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando no completaba dos años en el poder, el Primer Mandatario apenas dedicó cuatro discursos entre septiembre y diciembre del año pasado. El 6 de octubre de 2014, llamó “afectados” a los 43 estudiantes. Habían pasado diez días de la noche de Iguala y Peña Nieto apenas utilizó treinta y tres palabras para decir: “Lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y, sobre todo, que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos en el municipio de Iguala”.
Ocho días después, con un tono de lejanía dijo que el asunto lo resolvería la PGR. Luego, se hizo de parquedad cuando recibió en Los Pinos a los padres de los normalistas. Después se fue a una gira por China y Australia. Al regresar, subió un poco la voz para decir que no permitiría que le reclamaran justicia a través de la violencia. El 27 de noviembre anunció un plan de diez puntos para cimentar el Estado de Derecho.
Después, silencio, mucho silencio. Ayotzinapa, con los meses, parecía ya no tener sentido. El grito de “¡Nos faltan 43!” de repente ya no fue tan fuerte en las calles. Por ejemplo, la quinta, la sexta, la séptima marcha para conmemorar meses de la desaparición, ya no fueron tan multitudinarias.
Pero Ayotzinapa es mucho más que la protesta callejera. Y logra verse en esos números de las encuestas que reflejan el desplome de la aceptación del Presidente. Después de que se supo de la ausencia de esos 43, el Primer Mandatario llegó al 39 por ciento en aprobación, según promedian encuestadoras como GEA-ISA, Reforma y El Universal. Un nivel histórico muy bajo del cual, no se ha recuperado.
Con esos números como lastre, en el mensaje correspondiente a su Tercer Informe de Gobierno, el 2 de septiembre, el Presidente incluyó a Ayotzinapa en una lista de hechos que han lastimado a los mexicanos. “El último año ha sido difícil para México. Nuestro país se vio profundamente lastimado por una serie de casos y sucesos lamentables. Los hechos ocurridos en Iguala o la fuga de un penal de alta seguridad nos recuerdan situaciones de violencia, crimen o debilidad del Estado de Derecho”, dijo.
El 24 de septiembre, cuando faltaban dos días para el primer aniversario de los hechos de Iguala, el Presidente se reunió con algunos de los padres de los normalistas. Mientras, otros más realizaban una huelga de hambre en el Zócalo capitalino. Cuando la reunión concluyó, un padre dijo: “Ya sabíamos que el Presidente no se iba a comprometer”. Uno más habló: “Si fuimos, fue por trámite”.
Enrique Toussaint, politólogo formado en la Universidad de Guadalajara, piensa que hoy como ayer, el silencio presidencial no es conveniente y jamás será bueno.
“Ayotzinapa requiere de un Presidente. De un líder que por lo menos, muestre energía en la resolución del problema. México no resistirá otra herida abierta”, afirma.
Para conmemorar un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa miles de personas volvieron a la calle para exigir justicia. Colmaron el Zócalo y las calles cercanas.
CRISIS DE PARTIDOS
Otro paralelismo: por Ayotzinapa, el Partido de la Revolución Democrática está encarado con la misma crisis que tuvo el PRI en 1968. Se trata del partido más representativo de la izquierda mexicana en el mapa electoral y el mismo que llevó al poder al alcalde Iguala, José Luis Abarca quien –según la PGR – tenía nexos estrechos con el cártel Guerreros Unidos, uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes.
En el preámbulo de las elecciones del 7 de junio, el partido del Sol Azteca tenía un mínimo histórico de intención de voto, de 13 a 16 por ciento. Una vez efectuadas las elecciones, pudo verse que perdió de cuatro a cinco puntos.
Pero Ayotzinapa es –como Tlatelolco- el punto de debates en los que los políticos intercambian culpas sin que se asome la claridad. Y cada evento político parece más desvinculado de los padres que no cesan en sus marchas ni su búsqueda. El 25 de septiembre pasado, el PRD se exculpó en el Senado de la República. “Este no es un tema de partidos o personas, sino un asunto de Estado, porque de acuerdo con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en la agresión de los normalistas estuvieron presentes las fuerzas federales”, dijo la senadora por ese partido, Angélica de la Peña.
Un día después, en sesión solemne dedicada a los estudiantes normalistas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hubo una guerra de carteles, desaires y recriminaciones. No acudió ninguna representación de los familiares de los desaparecidos aun cuando el acuerdo para llevarla a cabo dispuso “realizar las gestiones necesarias” para invitarlos.
El diputado por el PRI, Adrián Rubalcava Suárez, fijó la posición de su partido. Expuso que hay grupos que desde su curul, buscan sembrar odio a partir de la desgracia y defendió al Presidente Enrique Peña Nieto contra quienes dicen: “Fue el Estado”. Desde su silla, la diputada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Aleida Alavez Ruiz, le corregía: “El Presidente no es el Estado”.
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Este 2 de octubre, padres de los desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, irán en la vanguardia de la manifestación por los hechos del 2 de octubre de 1968. Se partirá de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco al Zócalo capitalino. El comité organizador bautizó a la jornada como “De Tlatelolco a Ayotzinapa: 47 años de lucha contra la impunidad”.
