Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- Mientras que el Presidente Enrique Peña Nieto entregaba su Tercer Informe de Gobierno en el que resaltó los apoyos de producción dados al campo, un serie de científicos, académicos y campesinos acusaban que la realidad del campo en México es otra, una donde los pequeños productores se han quedado cada vez más desamparados, los agrotóxicos permitidos continúan deteriorando los suelos y el apoyo financiero que pagan los mexicanos con sus impuestos es entregado, principalmente, a las grandes empresas.
El informe de Peña Nieto fue desmenuzado por expertos participantes en el “Encuentro Internacional Economía campesina y Agroecología en América: movimientos sociales, diálogo de saberes y políticas públicas”, que organizó la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec), que agrupa en México a 60 mil productores de granos básicos en 160 empresas comercializadoras, distribuidas en 18 estados del país.
Las autoridades actuales plasmaron en su Tercer Informe de Gobierno que los subsidios dados a través del programa Proagro Productivo, antes Procampo, atienden a 2 millones 300 mil productores. Éste sería el programa más importante por abarcar al 98 por ciento de productores a los cuales el Estado acredita esta clase de apoyos. “Para este propósito se contempla la inversión superior a 13 mil 600 millones de pesos”, citó el informe.
A propósito de este programa el investigador de políticas públicas para el campo, Héctor Robles Berlanga, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) dio a conocer los resultados de un estudio que develó que el 60 por ciento de los créditos de Proagro es asignado al 20 por ciento de los productores de mayor escala.
Por otra parte, en el caso del financiamiento, el 3 por ciento de los grandes productores se lleva más del 80 por ciento de estos apoyos, detalló Robles. De acuerdo con la propia información del Tercer Informe de Gobierno durante el primer semestre de este año “FIRA [Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, que opera con cuatro fideicomisos] y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero [FND] colocaron más de 125 mil 282 millones de pesos en créditos para el sector agropecuario y rural, 24.8 por ciento más que en igual semestre de 2014”.
“Les estamos diciendo a los pequeños que son improductivos, pero les estamos entregando los subsidios a los grandes productores”, explicó durante su intervención ante un foro lleno de asistentes Héctor Robles.
Otro problema en el funcionamiento de los recursos del Estado señalado por los expertos en el Encuentro fue la falta de control que tiene Enrique Peña Nieto sobre los programas, de los que se estima que ascienden hasta a 160 en todo el país.
Es por esta razón que una iniciativa llamada «Valor Campesino» de la Anec, detalló Robles, propone que debido a la poca cantidad de pequeños productores que realmente atiende el Gobierno, se reduzca el destino de Proagro de 2 millones 300 mil personas a 40 mil, que son los que tienen menos de 20 hectáreas. Y que se haga un padrón donde quede claro quiénes son los beneficiarios y una ventanilla única de trámites.
EL TRIUNFO DE LAS TRANSNACIONALES
Jorge Alberto López Chávez es un productor de Sinaloa que ha visto cómo en los últimos tiempos el panorama de producción de maíz en la entidad empezó a alterarse debido a la falta de regulación del Gobierno, que -acusa- está asociada con los intereses de las transnacionales.
“Lo que yo veo es que ha nacido una nueva clase de productores que les estamos llamando minilatifundistas, porque siembran grandes extensiones de tierra, siembran 400 o 500 hectáreas y son los que tienen un esquema de agronegocios con las grandes transnacionales. Esto ha hecho que los pequeños productores en la cuestión de costos de producir se han venido saliendo porque es improductivo. Nadie va sembrar algo que no le dé beneficios”, dijo.
Timonthy Wise, director del programa de investigación y política, del Global Development and Environment Institute, consideró que estos efectos son parte de la política comercial que tiene el Gobierno.
Mientras el Tercer Informe celebra los tratados de libre comercio con Panamá y Turquía, el el intercambio exterior de México sigue estando plegado a los Estados Unidos desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que tiene más de 20 años, expuso el investigador .
“Se ve una presión al sector productivo de granos básicos, una expansión de los sectores de exportación de hortalizas y frutas hacia los Estados Unidos que ha resultado en ingresos para grandes empresas y trabajos de estación [o temporales]”.
Wise sostuvo que el Gobierno mexicano fracasó en el intento de evitar que la mano de obra campesina sea exportada, y que la gente deba buscar trabajo en la ciudad. “Porque las ganancias se las llevan algunas empresas mexicanas, pero más, las empresas americanas. En cambio, los tratados no han creado empleos suficientes a la población joven, ni dinamismo económico, como hemos visto en Brasil, China y otros países”.
PERSISTE LA MIGRACIÓN
Los expertos que asistieron al Encuentro de Anec afirmaron que el Gobierno sigue hablando de la atención a los migrantes mexicanos, mientras que las causas que los movilizan a dejar sus lugares de origen no son atendidas.
El informe de la administración de Peña Nieto puntualizó que los mexicanos siguen migrando. El Programa Somos Mexicanos, en la frontera norte, brindó atención a 210 mil mexicanos repatriados desde marzo del año pasado a la fecha. Asimismo, se atendieron 31 mil 957 niños mexicanos no acompañados que fueron repatriados por los Estados Unidos, entre el 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2015.
Susan Gzesh, directora ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chicago, enfatizó que en México el derecho a no migrar de las personas sigue siendo continuamente violentado debido a los cambios en la política económica del Gobierno que pega directamente a la población.
Durante el Encuentro se recordó en diversas oportunidades que la bandera de las políticas públicas de este Gobierno desde un inicio fueron las políticas económicas, de esta cuenta la orientación de la mayoría de las 11 reformas emprendidas por Enrique Peña Nieto en sus primeros 20 meses de administración, que pese al discurso, tienen al país con una fuerte devaluación de la moneda, de 12 a los 17 pesos por dólar que refleja el cambio actual.
“Es un viaje peligroso y a veces fatal. El 90 por ciento de los migrantes mexicanos van a Estados Unidos. Es una migración masiva y de las más grandes que hay en el mundo”, dijo Gzesh.
Uno de los puntos tocados por los expertos del Encuentro fue el papel de esta administración en el tema de las remesas. El informe del Gobierno apuntó que el Programa 3×1 para Migrantes canaliza los recursos de las remesas a proyectos de infraestructura social, comunitarios, educativos y productivos propuestos por migrantes.
“Entre septiembre de 2014 y julio de 2015 se aprobaron un total de 2 mil 954 proyectos, de los cuales 2 mil 132 pertenecen a la vertiente de infraestructura, 398 a la vertiente productiva, 370 a servicios comunitarios y 54 a educación”, citó el informe.
Si bien por cada peso, el Estado pone tres. Gzesh enfatizó la responsabilidad moral del Estado con las remesas, que hasta ahora ha tenido un papel mal enfocado. “Sabemos del impacto positivo que esto puede tener en las comunidades, pero está ampliamente demostrado que las remesas no son suficientes para detener la migración”.
CAMBIO CLIMÁTICO
Los productores del Encuentro acusaron al Gobierno de no poner énfasis en paliar los efectos del cambio climático, en especial en cuanto a la afectación de los suelos se refiere y por ende a sus cultivos.
El Tercer Informe de Gobierno se limita a destacar en este sentido que México participará en un conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático este año, que se realizan Certificados de Energías Limpias, gestiones para mejorar la calidad del aire en 11 programas, la existencia de un programa de sustitución de tecnologías ineficientes de iluminación, refrigeración y bombeo, así como la ejecución de un Programa Nacional de Sustitución de Lámparas por Fluorescentes Compactas Autobalastrada.
“Con estos innovadores instrumentos, México participa activamente en el reto global de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a combatir el cambio climático”, cita el informe de Gobierno.
Sin embargo, los miembros de Anec denunciaron que estos esfuerzos no son suficientes para solucionar los efectos del cambio climático en el país, ni para disminuir su impacto en la producción agrícola.
“A mi me tocó participar en el sistema Sistema Nacional Producto Maíz , y no hemos visto nada, ni el más mínimo avance de la cadena reguladora del maíz tortilla. ¿Por qué? Porque no hay políticas públicas que se comprometan, los programas de Peña Nieto tratan de atender que la pobreza no crezca, cuando hay otras afectaciones como los daños del cambio climático. Por heladas y sequías muy frecuentes, yo creo que no están haciendo efectos las políticas” , Jorge Alberto López Chávez, productor de maíz sinaloense.
Mientras tanto y a propósito del Tercer Informe de Gobierno la organización del medio ambiente Greenpeace recordó al Gobierno que sigue en riesgo por el cambio climático el 15 por ciento del territorio mexicano, el 68 por ciento de la población y el 71 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
“La política de Estado debe orientarse a la prevención y adaptabilidad, no es suficiente aumentar los recursos del Fonden [Fondo de Desastres Naturales], es necesario invertir en la prevención y esto implica analizar antes de depredar. La reforma energética que se aprobó el año pasado dejó fuera a las energías renovables y amenaza con incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero que incrementan la temperatura del planeta y generan más cambio climático”, recomendó la organización en un comunicado.
Los costos totales por agotamiento y degradación en México están estimados, de acuerdo con datos en el 2013 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es de 909 mil 968 millones de pesos, el 5.7 por ciento del PIB.
En tanto, los Gastos en Protección Ambiental fueron por 148 mil 699 millones, es decir que considerando los gastos de agotamiento y degradación de recursos ambientales existe un déficit de 761 mil 269 millones de pesos, 5.1 veces menos que el daño ocasionado.
SALUD ALIMENTARIA COOPTADA
La salud alimentaria del campo es cooptada por la industria alimentaria internacional, aseguró Víctor Manuel Toledo Manzur, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México durante su participación en el Encuentro.
“El Estado ha sido cooptado por las grandes empresas, los ciudadanos estamos inermes. El problema alimentario es que está dominado por unas cuantas corporaciones que tienen por objetivo la ganancia mercantil, por lo tanto, cómo van a inducir alimentos sanos”, dijo.
En ese sentido el último informe de Gobierno resaltó la Cruzada Nacional contra el Hambre, que utiliza 90 programas sociales de 19 dependencias, la cual tuvo presencia en mil 12 municipios el año pasado. En la Cruzada se ha instalado 67 mil 759 comités comunitarios, en el que los pobladores locales participan en los comedores comunitarios.
“Yo fui invitado a la Cruzada, y me retire porque en realidad no veo que las política estatal ni federal, vaya en la vertiente de proteger al ser humano. Las siguientes generaciones no están encontrando los nutrientes. La Cruzada vende comida chatarra en la canasta básica. Porque yo no veo que esté dando tortilla orgánica”, dijo Jorge Alberto López Chávez, productor de maíz de Sinaloa.
En este mismo sentido coincidió el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Abelardo Ávila Curiel, en agosto cuando fue consultado por SinEmbargo.
“Hay una falla estructural central que es que los alimentos de la gran mayoría de los comedores comunitarios de la Cruzada y desayunos escolares están basados en alimentos industrializados, obesigénicos, en lugar de estar basados en alimentos locales, la producción local de alimento. Es decir muchos de los desayunos escolares se han convertido en un enorme negocio de consorcios técnicos, para demostrar cómo la lógica de funcionamiento de estos programas opera más a intereses económicos”, explicó.
El Tercer Informe de Gobierno indica que “la Cruzada Nacional Contra el Hambre ha probado su eficacia en la lucha contra la pobreza, en especial la alimentaria. Desde una perspectiva multidimensional, atiende a 4.5 millones de personas”.
Sin embargo, un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó el 19 de agosto que el 42.5 por ciento de las personas atendidas por la Cruzada continuaron viviendo con carencia alimentaria.
El otro programa resaltado por el Gobierno, es el Programa de Inclusión Social Prospera, del que se benefician 943 mil 718 familias con el Programa de Apoyo Alimentario y se respalda a 731 mil 934 familias con la Tarjeta de Apoyo Alimentario Sin Hambre.
Con esta tarjeta las personas reciben un apoyo monetario para adquirir 19 productos básicos en las tiendas Diconsa. Sin embargo, de acuerdo con Ávila el problema es que la falta de educación alimentaria, que hace que gente con dinero o con posibilidad de elegir un producto prefiera comida chatarra por encima de comida saludable.
“Hemos hecho un cálculo de una botana de zanahorias, y eso comparado con las Sabritas y comida chatarra, te sale mucho más caro. Hay que darle la vuelta ese problema, que la gente se de cuenta lo caro de la comida chatarra, que en muchos lugares el problema es de acceso”, dijo el director de EPC, Alejandro Calvillo Unna, director de la organización civil, El Poder del Consumidor (EPC) durante su participación en el panel de “Nutrición y Soberanía Alimentaria” del Encuentro de Anec.
Diversos expertos coincidieron en el Encuentro que el problema de la nutrición en México debía ser redimensionado como un problema de salud tan grave como la obesidad o la diabetes, la primera afecta al 75 por ciento de los mexicanos y la segunda a 6.5 millones de personas.
En dicho panel se expuso que está situación se agrava porque en el área rural las personas pueden llegar a tener más acceso a los productos chatarra que los naturales.
“Queremos quitar los productos de las transnacionales del campo, pero no les estamos proveyendo de sustitutos a los campesinos. Les quitaron el atole y les dieron una Coca-Cola, pero ahora tienes que buscar un producto que les dé calorías”, dijo Xaviera Cabada Barrón, experta de EPC.
Cabada Barrón expuso que ante esta situación una de las soluciones para recobrar los espacios es utilizar el poder del consumidor para priorizar productos que provienen de los productores.
“Respecto al tema de la gobernanza se le ha cargado la mano al campesino, y los consumidores estamos muy cómodos comprando nuestras cosas en los supermercados. Y hay muy poco trabajo y exigirnos como consumidores un esfuerzo, para cambiar el sistema quién está consumiendo , cómo se produce”, indicó Mateo Mier y Terán Giménez Cacho, investigador del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).
En este sentido el investigador acusó que el oportunismo del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Eduardo Calzada Rovirosa, para hablar de “agroecología”, durante su participación en el primero de los cuatro días que duro el Encuentro de Anec “cuando es un concepto que el mismo Gobierno no conoce, ni aplica”.
Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec), pidió expresamente al titular de Sagarpa que se realicen reuniones para plantear las conclusiones del Encuentro y se traduzcan en políticas de apoyo a los productores. A lo cual el Secretario aceptó, aunque las fechas aún no están definidas.
“Se deben modificar las políticas públicas que hoy son erróneas. Se debe cambiar el enfoque que ha prevalecido en los últimos 30 años, de que los campesinos son pobres y no sujetos productivos. Se les ha dado ayuda de pobres, migajas, no apoyos productivos, y eso sólo ha incrementado la desigualdad”, comentó Suárez, quien espera que el Gobierno cambié el rumbo del modelo que aplica en el campo.
