Artículo 19 recordó que durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales, ser amenazada de muerte de manera verbal y física.
Ciudad de México, 2 de agosto (EFE).- El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió una resolución contra el Estado mexicano y le ordenó hacer una investigación «imparcial, pronta y exhaustiva» en el caso de la violación de derechos de la periodista mexicana Lydia Cacho, informó hoy la organización Article 19.
El fallo, publicado este 31 de julio, determina que el Estado mexicano debe procesar, juzgar y castigar «con penas adecuadas» a las responsables de las violaciones de los derechos humanos de Cacho tras revisar el caso que Article 19 le presentó en 2014.
El Estado mexicano debe «ofrecer compensación adecuada» a Cacho y evitar futuras violaciones de los derechos de periodistas y defensores de derechos humanos para ejercer sus derechos mediante la despenalización del delito de difamación y calumnia.
Artículo 19 dijo que el dictamen «cobra especial relevancia en razón de que se pronuncia a favor de la libertad de expresión» y señala que amenazas, detenciones arbitrarias y torturas como las ocurridas a Cacho «constituyen un ataque» a la misma.
Aseguró la organización que el comité de la ONU «identificó que en México existe un patrón de violencia sexual contra las mujeres detenidas», conductas que de manera regular «quedan impunes».
A Cacho se le acusó en 2005 de los delitos de difamación y calumnia por denunciar en su libro «Los demonios del edén» la existencia de una red de pederastas ligada a empresarios y gobernantes.
Cacho fue detenida en diciembre de 2005 en Cancún, caribe mexicana, por una decena de policías sin que fuera exhibida una orden de captura y llevada a Puebla en un vehículo del empresario textilero Kamel Nacif, señalado en el libro y su principal acusador.
Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales, ser amenazada de muerte de manera verbal y física, recordó Artículo 19.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó en 2007 que no se violaron «de forma grave» las garantías individuales de Cacho y después de 13 años de buscar justicia, solo se ha sentenciado a un policía por tortura y siguen libres los perpetradores e instigadores de las violaciones de derechos humanos, precisó la organización.
«Toda agresión a periodistas en razón de su labor es una agresión contra la libertad de expresión, toda violencia sexual contra mujeres a manos de agentes del Estado no debe quedar impune», destacó la organización.
