Las viviendas abandonadas, muchas otorgadas con créditos del Infonavit, propician un ambiente de delincuencia que va desde el robo, venta de drogas hasta el secuestro o trata de personas, de acuerdo con especialistas. En los estados de Hidalgo y Puebla, los habitantes denuncian que sujetos se meten a las casas de interés social abandonadas para robar cables, focos y marcos de ventanas.
«Vecinos vigilantes», «si te agarramos, te linchamos», se puede leer en las pancartas que colocan las pocas personas que todavía residen en los fraccionamientos otorgados con créditos Infonavit.
En Puebla, Antonio Teutli Cuautli, Alcalde electo del municipio de Coronango, mencionó que el abandono generó problemas de «informalidad y falta de respeto a los espacios». Al centro del país, en Pachuca, también hay asaltos en el fraccionamiento de Los Tuzos.
TECERA PARTE DE UNA SERIE
Por Dulce Olvera y Efrén Flores
Pachuca, Hidalgo/Puebla, Puebla, 2 de agosto (SinEmbargo).– «Vecinos vigilantes», «Si te agarramos, te linchamos», se puede leer en la entrada de fraccionamientos con viviendas otorgadas con créditos del Infonavit. En estos lugares, ubicados en Puebla e Hidalgo, los habitantes denuncian que se meten a las casas de interés social abandonadas para robar cables, focos y marcos de ventanas. Estudios y especialistas coincidieron en que las principales consecuencias del desuso de este tipo de casas es la delincuencia que va desde el robo, venta de drogas hasta el secuestro o trata de personas.
El director general del Infonavit, David Penchyna Grub afirmó que en ninguna otra administración se habían entregado más créditos como la que encabeza el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, que al cierre del 2018 superará los 3.5 millones (500 mil más que el sexenio anterior). Pero, en la primera entrega de esta serie, SinEmbargo alertó que hay más de 73 mil casas de esta hipotecaria social en estado de abandono por una planeación urbanística y demográfica inadecuada que no está exenta de casos de corrupción.
En este marco, «la delincuencia encuentra un lugar donde hospedarse», dijo el sociólogo Fabián Hernández, de la Universidad Autónoma de Hidalgo, estado líder en casas deshabitadas, según datos de la Comisión Nacional de Vivienda.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Hidalgo los homicidios aumentaron de 167 en 2013, año del boom inmobiliario del Infonavit en la entidad, a 317 en 2017. En el caso de los robos con violencia, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad arrojan que pasaron de mil 694 en 2013 (49 a casa habitación) a 3 mil 725 en 2017 (400 a casa habitación).
Una chica que lleva diez años viviendo en una casa de Hacienda de Tizayuca, en Hidalgo, mientras barría la entrada de la tienda de abarrotes de su madre, afirmó que no cree que los letreros contra ladrones «sirvan mucho, pero mínimo ponen alerta a quienes se dedican a robar». Contó que una vez asaltaron a su madre en el negocio, pero por falta de rondines de patrullas no había quién la auxiliara. En el caso de las mujeres, además de asaltarlas, «las manosean».
En México, estas miles de casas abandonadas atraen a “gente indeseable” que las vandaliza o las invade. En el peor de los casos, dijeron analistas, transforman la zona en un lugar peligroso. Y en el mejor de los casos, luego de un largo proceso, se recuperan, se subastan y se vuelven a vender.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) colocó en mayo 3 mil 487 viviendas recuperadas en un proceso de subastas y macrosubastas del 2018 para que las desarrolladoras intenen reinsertarlas al mercado una vez que les hayan dado mantenimiento.
«Las consecuencias son de toda índole y depende de cuántas viviendas están abandonadas y cómo se abandonaron”, explicó la arquitecta Sara Topelson de Grinberg, coordinadora general de la Fundación Centro de Investigación y Documentación de la Casa (Cidoc).
También depende de la forma de la zona. La Diputada electa de Tizayuza, Hidalgo, Susana Ángeles, luego de hablar con vecinos determinó que cuando ya estaban construyendo estas casas, había evidencia académica de que los modelos arquitectónicos de privadas eran malos para la seguridad porque la patrulla puede estar haciendo su rondín alrededor, pero por los muros y bardas, no pueden saber qué está pasando adentro.
«Puede ser que estén tomando, [se estén] drogando, estén golpeando a una mujer o haya personas secuestradas y la patrulla nunca se entera». Ese ambiente descuidado, agregó, «donde es evidente que no existe el Estado ni el respeto al derecho, se vuelve un círculo vicioso para otro tipo de delitos».
Entre las consecuencias de este fenómeno social, los especialistas contaron el aumento en los niveles de violencia y la pérdida de condiciones de seguridad; la generación de espacios de distribución y consumo de sustancias nocivas para la salud; la informalidad y la invasión de terrenos (que implica robo de servicios); desperdicio millonario de recursos de los trabajadores mexicanos; obstáculos para impulsar «zonas de desarrollo bien integradas” que cuenten con acceso a servicios básicos y públicos (agua, comercio, drenaje, educación, electricidad, salud, seguridad, transporte, entre otros); e inclusive negocios alternativos que generan corrupción, ya sea privada o de gobierno.
Guillermo Juárez González, director de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Hidalgo, matizó al asegurar que «el fenómeno de la vivienda deshabitada que está vandalizada existe, pero no es tan severo. Es un problema porque se empiezan a meter a la casa, se roban los muebles, las puertas o empiezan a ser habitadas por malvivientes».
En Puebla, Antonio Teutli Cuautli, Alcalde electo del municipio de Coronango –donde hay un alto índice de casas abandonadas y en desuso–, mencionó que el abandono generó problemas de «informalidad y falta de respeto a los espacios», que «acarrean inseguridad porque los delincuentes utilizan toda esta situación para delinquir”.
Entre 2000 y 2012 la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en el estado de Puebla decreció al pasar de 10.91 a 9.63 casos. Pero de 2012 a 2017, periodo del boom de la construcción de casas de Infonavit en la entidad, los homicidios intencionales repuntaron a 14.56 por cada 100 mil habitantes, sus peores cifras desde 1997, refieren datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Los robos, por su parte, aumentaron en 134.3 por ciento entre 2000 y 2012 (al pasar de 17 mil 065 a 39 mil 977 casos). Y entre 2012 y 2017, hubo un decremento de 26 por ciento (al pasar de 39 mil 977 a 29 mil 621casos).
Los efectos de las viviendas deshabitadas en la comisión de delitos, sobre todo en el caso de homicidios dolosos y en el norte del país, es «positiva y estadísticamente significativa», refiere un estudio realizado por el Colegio de la Frontera Norte (Colef) en 2010. «Las altas tasas de viviendas deshabitadas pueden activar efectos negativos adicionales, así como desorden físico y social, que a su vez, pueden redundar en elevados niveles de criminalidad», explica el estudio «El impacto de las viviendas deshabitadas en el incremento de delitos (robo a casa habitación y homicidios) en Ciudad Juárez, Chihuahua».
Al centro del país, en Pachuca, también hay asaltos en el fraccionamiento de Los Tuzos. El tiendero de un Six, que también habita una de las casas de interés social en la colonia, contó que asaltaron a su hijo hace unos meses. Hay una caseta cerca, pero, acusó, los policías andan en bicicleta y «de repente ni pasan». El ambiente inseguro, expuso, también afecta sus ventas. A un taxista, que vive a unas calles de ahí en Tuzos, le abrieron su casa y desde entonces tiene perros como guardianes, contó mostrándolos.
Esta situación de inseguridad, inclusive, pude verse agravada por la falta de poder adquisitivo de las personas que habitan viviendas de interés social. Como explicó Fabián Hernández Galicia, sociólogo de la Universidad Autónoma de Hidalgo, «después de pagar la mensualidad de la casa no tienen para adaptar la casa para asegurarla, como poner una barra perimetral, un zaguán o alguna estructura de seguridad».
También son nidos de secuestros. «Las casas abandonadas en todos los análisis que se han hecho llaman a la delincuencia. No solo de una manera de rapiña para saquear la casa –desde el cableado, baño, estructura de ventanas– porque no hay nadie que la vigile. Además, se han dado bastantes casos en la zona de Tizayuca y los nuevos fraccionamientos donde aumenta la delincuencia no sóilo de robo sino de casas para poder tener una especie de asentamiento donde están los secuestradores».
AUTORIDADES REBASADAS POR PROBLEMÁTICA
Respecto a la respuesta de las autoridades, la Diputada electa por Morena de Tizayuca, Susana Ángeles, explicó que, por el boom de casas de interés social, ese municipio hidalguense comenzó a recibir muchísima población en los últimos 10 años sin estar preparado en su capacidad, incluyendo la seguridad pública. «Había una capacidad operativa para un municipio con colonias tradicionales y barrios. Eran suficientes, pero actualmente se necesitan más», evaluó.
Desde marzo, David Hidalgo Islas, delegado del Infonavit en Hidalgo, reportó que 800 casas se encuentran en juicio o recuperación para evitar problemas de invasión, robos o que sean refugio de delincuentes. Detalló que el proceso demanda esperar a que las escrituras se encuentren a favor de la instancia para poder reasignarlas en otro crédito.
El sociólogo Fabián Hernández aseveró que al inicio de la instalación de un fraccionamiento, para tener el permiso de construcción, las empresas constructoras e inmobiliarias se tienen que encargar de toda la seguridad. Pero, advirtió, no porque el municipio o estado los obligue, si no porque están haciendo una inversión muy fuerte, y si les comienzan a robar se pueden quedar incluso sin maquinaria.
«Ellos se encargan directamente hasta que el fraccionamiento es entregado a las autoridades, ya no es su responsabilidad. [Después], hay un gran hueco burocrático entre los vecinos y el gobierno municipal o estatal en donde no se acercan para pedir policías en las casetas que ya están construidas».
Una habitante del fraccionamiento San Cristóbal en Mineral de Reforma, Hidalgo, comentó que los vecinos «se quejan, pero no quieren pagar vigilancia en las casetas». Su hija contó que en una colonia cercana hay balazos. En contraste, más arriba del municipio, ofrecen fraccionamientos de casas arriba del millón de pesos, el doble del precio de una de interés social. «Vive con tranquilidad, vive con calidad», ofrecen las inmobiliarias que siguen construyendo.
RECUPERACIÓN DE CASAS
De acuerdo con el plan financiero del Infonavit 2018-2022, desde hace dos años ha mejorado sus procesos de subasta a nivel nacional y el año pasado lanzó el Sistema en Línea para ofrecer información en tiempo real sobre el estado del proceso.
«En 2017, por primera vez en su historia, el Instituto realizó estos procesos de Subastas de Vivienda Recuperada a través del ‘Sistema en Línea del Infonavit’, para que tanto las empresas participantes, como la sociedad, tengan la certeza de que se desarrollarán de manera ágil, eficaz, eficiente y transparente, porque además de alinearse a la política del Instituto de #CuentasClaras, dispone de un programa informático automatizado y auditable», detalló por correo electrónico. «Es el primer organismo del sector en contar con una plataforma de esta naturaleza, a fin de que en el mediano plazo se incentive la participación de más empresas, toda vez que ya no tendrán que trasladarse a otra ciudad para estar en estos procesos».
Los especialistas consultados coincidieron en que es posible y necesario recuperar las casas abandonadas, pero se requiere la voluntad y coordinación de diversos actores.
Guillermo Juárez González, presidente de la Canadevi Hidalgo, sugirió que debe empezarse con censar las casas en estado de abandono para determinar si fue comercializada por alguna hipotecaria social, y detectar su estatus para rescatarla y «revenderlas inclusive en remate a precios bastantes económicos».
Para ello, se tiene que trabajar con el poseedor de la vivienda, quien jurídicamente es el dueño, así como con la autoridad municipal y, a través de los jefes de colonias o manzanas, establecer los problemas particulares en determinadas casas. «El problema se agrava cuando en una sola calle no hay un solo poseedor, y todos son gente que renta. Es muy complejo que esa gente tenga la conciencia de querer arreglar porque lo ven como un tema de paso», evaluó el representante de la cámara de la industria del desarrollo.
En el norte del país, donde las viviendas se dejan sobre todo para huir del crimen organizado, se aplicó un refinanciamiento donde se involucró al gobierno municipal y local. «La gente que sigue necesitando una vivienda, pero tenían dificultades económicas y ni siquiera tienen acceso a créditos de Infonavit, a esa gente se le ofrecoó a más bajo costo esas casas», contó como experiencia de éxito Susana Ángeles, Diputada electa de Tizayuca.
No obstante, la dificultad reside en poner de acuerdo a las partes, porque no es lo mismo una casa que está deshabitada y ya liquidada a una que tiene pendiente de pagos con Infonavit.
«Tendría que analizarse primero en cuanto a situación financiera con la institución que haya otorgado el crédito, el acreditado, las autoridades municipales y estatales, y un representante de la constructora», consideró la legisladora.
El sociólogo de la Universidad Autónoma de Hidalgo, Fabián Hernández, destacó que las hipotecarias sociales como Infonavit argumentan que ellos solo se limitan a otorgar créditos.
Sin embargo, «cuando son abandonadas y se está en cartera vencida, la responsabilidad del Infonavit es rehabilitarlas para que puedan otra vez vincularse a venta y el fraccionamiento pueda tener un desarrollo completo. Es una responsabilidad cronológica e histórica que si no lo hace una autoridad, debe hacerla otra, pero para eso ya pasaron 15 o 20 años», lamentó el académico.
Además del Infonavit, los planes para el rescate deben ser sectoriales y multidisciplinares que implica incluir al gobierno minicipal, estatal y federal, junto con la Secretaría de Desarrollo Urbano, determinó.
