La legisladora Salma Luévano se dispone a llevar adelante una ambiciosa agenda para lograr que el matrimonio igualitario y la identidad de género tengan rango constitucional y se endurezcan las penas por crímenes de odio para tratar de contener los asesinatos de la población LGBTI.
Por Fabiola Sánchez
Ciudad de México, 2 de julio (AP) — Tenía sólo 17 años cuando a plena luz del día y en medio de una plaza de la ciudad central de Aguascalientes, Salma Luévano fue rodeada por decenas de policías que entre empujones y golpes la arrestaron por exhibirse como transexual alegando que atentaba contra el pudor y la moral.
El incidente la marcó de por vida y la llevó a emprender una lucha de casi tres décadas por los derechos de los transexuales hasta llegar a convertirse junto a su compañera de causa, María Clemente García, en las dos primeras diputadas federales trans de la historia de México.
La activista y estilista, de 53 años, dijo que su llegada a la Cámara de Diputados -donde asumirá el 1 de septiembre- es la “punta de lanza” de un proceso que comenzaron hace años otras compañeras que murieron en el camino. Luévano se dispone a llevar adelante una ambiciosa agenda para lograr que el matrimonio igualitario y la identidad de género tengan rango constitucional y se endurezcan las penas por crímenes de odio para tratar de contener los asesinatos de la población LGBTI.
“El hecho de llegar no quiere decir que me van a poner una alfombra roja y ya se solucionó todo. No será tarea fácil”, afirmó al reconocer que como minoría le tocará transitar un camino que estará lleno de obstáculos que vendrán de los sectores conservadores de la cámara baja, entre los que incluyó a algunos miembros de su propio partido, el oficialista Movimiento de Renovación Nacional (Morena).
“Viene una lucha de tratar de convencer a 500 compañeros, pero no es imposible”, dijo la activista al recordar que así como se logró que las autoridades electorales obligaran a los partidos políticos a incluir entre sus candidatos a miembros de la comunidad LGBTI, también luchará por la aprobación de legislaciones a favor de su colectivo.
En las elecciones generales del 6 de junio se logró un hito histórico en México con la participación de más de un centenar de miembros de la comunidad LGBTI, de los cuales más de una veintena eran trans, lo que les permitió a algunos alcanzar cargos de elección popular como alcaldías y diputaciones.
Para Luévano la frase “no se pudo” no forma parte de su vocabulario y está convencida de que si surgen resistencias en el Congreso hacia las propuestas a favor de su comunidad recurrirá a instancias judiciales y “a golpe de sentencia avanzaremos”.
México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en asesinatos de personas trans y género-diversas superado sólo por Brasil, de acuerdo con cifras recabadas entre 2008 y 2020 por el Observatorio de Personas Trans Asesinadas que promueve la organización internacional Transgender Europe y la revista académica online Liminalis.
Ante esa realidad Luévano afirmó que “urge que la sociedad voltee hacia nosotras porque no es justo que nos estén matando”.
Como un primer paso para lograr que su comunidad tenga visibilidad la activista inició recientemente acciones para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México comience la elaboración del primer censo de la población LGBTI para definir sus dimensiones, características y necesidades.
Asimismo, comenzó el diseño con su equipo de asesores de una agenda legislativa que tendrá entre sus prioridades lograr que las leyes sobre matrimonio igualitario e identidad de género “suban a rango constitucional” y se extiendan a todo el país.
En la actualidad sólo en una veintena de estados y municipios de México se permite el matrimonio igualitario, mientras que en 13 de los 32 estados del país se reconoce la identidad de género.
Para combatir los crímenes de odio Luévano dijo que promoverá, con el apoyo de otros colegas, una legislación para “aumentar las penalidades”.
Durante el año pasado fueron asesinadas en México 79 personas de la comunidad LGBTI, de las cuales 43 eran mujeres trans, reveló una investigación de la organización local Letra S que defiende los derechos de esa población. El registro de 2020 representó una disminución de 32 por ciento respecto del año anterior, cuando se reportaron más de un centenar de homicidios. La organización asoció la caída el año pasado al confinamiento por la pandemia de COVID-19.
La elección de dos diputadas trans ha llenado de esperanzas a su comunidad aunque no se hacen grandes ilusiones, reconoció la activista Rocío Suarez, integrante de la organización local Centro de Apoyo a las Identidades Trans que promueve los derechos de las mujeres trans, trabajadoras sexuales y enfermos de VIH.
“Que lleguen dos compañeras al Congreso desde luego abre la posibilidad para que las problemáticas de la comunidad se puedan visibilizar, se puedan atender”, afirmó Suarez, pero sólo “serán dos voces”.
“Van a enfrentar muchas inercias, pero confiamos en sus capacidades para poder dialogar al interior del Congreso y llegar a acuerdos y consensos. Son nuestra esperanza”, concluyó.
