De la población ocupada, 35 millones 261 mil (el 70 por ciento) tienen un trabajo precario sin seguro social, horario estable ni ingreso suficiente para la canasta básica (menos de 7 mil 500 pesos mensuales), informó la organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).– De las 74 millones 940 mil personas que están en edad y condición para trabajar, sólo 8 millones 960 mil (el 11.95 por ciento) tienen un trabajo formal con seguro social e ingreso suficiente para la canasta alimentaria, por lo que México está en rojo en el Semáforo de Trabajo Digno creado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
De las personas que forman parte de la población potencialmente productiva, 35 millones 261 mil (el 70 por ciento) tienen un trabajo precario sin seguro social, horario estable ni ingreso suficiente (menos de 7 mil 500 pesos mensuales). Mientras que 24 millones 567 mil están excluidas del campo laboral ya sea por desempleo (9 millones 377 mil) o no pueden por realizar trabajo del hogar no remunerado (15 millones 189 mujeres).
Este panorama de precarización laboral y exclusión tiene al menos tres causas estructurales que han llevado al país a violar la cláusula del T-MEC sobre derechos laborales, dijo en entrevista el director de la organización, Rogelio Gómez Hermosillo.
«Se hace un círculo vicioso. La exclusión y la precariedad presionan la oferta de trabajo y debilitan las condiciones de negociación contra mayor exclusión y precariedad; las personas que tienen un empleo no tienen defensa colectiva de sus derechos porque el 86 por ciento carece de afiliación sindical y, la tercera causa, es el modelo de seguridad social posrevolucionario que al ser con cuotas obrero-patronales para tener acceso a salud, estancias infantiles y vivienda tiene excluida a más de la mitad de la población que labora», explicó.
Gómez cuestionó el que se vincule la seguridad social con el contrato laboral, porque la salud y vivienda son derechos de personas, no sólo de los que pueden trabajar. Actualmente 32.1 millones de personas trabajan en la informalidad, es decir, sin afiliación a la seguridad social, ya sea porque trabajan por su cuenta a veces con horarios hasta casi medianoche (11.9 millones de personas) o tienen empleo con salario sin estar afiliadas (14.2 millones de personas).
Los principales efectos de esta condición laboral, observa el Semáforo de Trabajo Digno, es que la situación de pobreza ya afecta a la mitad de la población (52 millones) y no se reduce porque tiene su raíz en el mundo del trabajo mal pagado. Al contrario, la pobreza por ingreso aumentará hasta en 10 millones de personas más por la pandemia, estima el Coneval.
Este panorama impacta más a las mujeres por la desigualdad de género que provoca la brecha salarial y que las orilla al doble trabajo, y a las personas jóvenes especialmente con rezago educativo y otras desventajas sociales.
RUMBO AL SEMÁFORO VERDE
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza plantea que para pasar al «semáforo verde» en términos laborales, y con ello reducir la pobreza y desigualdad, las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deben reestructurar el sistema laboral para llegar a la dignificación del trabajo a través de la formalidad con derechos laborales.
Este viernes la Secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde Luján, declaró durante su gira en Durango que para octubre se estima ir recuperando el nivel de empleo previo a la pandemia con apoyo de la Reforma laboral.
El cambio de paradigma justo propone acelerar la implementación de la ya aprobada Reforma Laboral (contratos colectivos, elección democrática de directivas sindicales, erradicación del outsourcing abusivo y mecanismos de defensa sindical) y construir un nuevo modelo de protección social universal no encadenado al régimen laboral. Además, debe incluirse la agenda de trabajo digno en otras agendas como la de economía verde, economía social y la Reforma fiscal.
«La Secretaría del Trabajo tiene un papel muy importante para acelerar la implementación de la Reforma laboral porque va súper lento y por eso nos tienen denunciados por el T-MEC. Pero también se necesita a la Secretaría de Hacienda por los recursos y la Reforma fiscal», expuso Rogelio Gómez. «También debe haber un acuerdo con los empresarios, los trabajadores y la sociedad civil».
Asimismo, urge crear el “Covid-bono” o ingreso vital de emergencia para quienes perdieron su fuente de sustento durante la pandemia, así como dar continuidad a las becas de empleabilidad para jóvenes.
