Los sexenios de Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) desaprovecharon su momento histórico para generar cambios y transitar de la vieja estructura «autoritaria» del PRI, a un sistema político democrático renovado. Y a su paso, dijeron politólogos e historiadores a SinEmbargo, sus gobiernos recrudecieron los grandes problemas nacionales, con reformas y políticas inadecuadas, tropiezos gubernamentales constantes y escándalos de corrupción.
Hoy vemos “gobiernos fallidos por doquier, en un país que exige mejores resultados, con un tejido social hecho pedazos, con una concentración de la riqueza cada vez más escandalosa y sin un proyecto de solución a los retos del futuro”. Por eso, el reto del gobierno entrante es «ser congruente con sus propuestas”, lo que no implica que las cumpla todas, sino que haya un verdadero compromiso para cambiar el estado de las cosas, explicaron académicos como Lorenzo Meyer Cossío (Colmex) y Luis Alberto de la Garza Becerra (UNAM).
En el marco de la sucesión presidencial de este año, los mexicanos apostaron ayer por una transición verdaderamente democrática y la renovación del régimen político, dándole una victoria apabullante a Andrés Manuel López Obrador.
En el 2000, el PAN falló y se concentró en impedir el avance de la izquierda. Seis años después siguió gobernando, pero con falta de legitimidad y bajo sospecha de fraude. Y el Gobierno priista que se va heredó «más abuso de poder y la regresión autoritaria, en un sexenio que radicalizó todos los males» del país, según los especialistas.
Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).– La historia presidencial de los últimos 18 años es una historia de “fracasos” continuos. Inició con una “transición fallida” en el año 2000; continuó con un gobierno deslegitimado y violento; y en su último capítulo –el de Enrique Peña Nieto– se caracterizó por ejercer, con “cinismo”, la corrupción, coinciden historiadores y politólogos consultados.
El desencanto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevó al país a votar por el Partido Acción Nacional (PAN), que se mantuvo en Los Pinos por dos periodos presidenciales. Pero sus errores y la falta de solución a los grandes problemas nacionales hicieron que el PRI regresara al poder. Y este 1 de julio, la izquierda -en la figura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)– fue votada como la opción mayoritaria para gobernar el país.
Los expertos consultados apuntan a que con Vicente Fox Quesada (2000-2006) se perdió la oportunidad de una verdadera transición democrática y política que implicaba un cambio de régimen o de sistema político, después de 71 años de “autoritarismo” priista. Sin embargo, el primer mandatario del PAN “no tomó en serio la idea de la transformación de México” para entrar en una etapa que requería de un liderazgo “inteligente y comprometido”.
Fox «nunca logró, nunca quiso o no supo qué era lo que tenía entre manos”, concordaron los historiadores Lorenzo Meyer Cossío (Colmex) y Luis Alberto de la Garza Becerra (UNAM), así como los politólogos Enrique Toussaint (UdeG), Gustavo López Montiel (ITESM), José Fernández Santillán (ITESM) y Juan Luis Hernández Avendaño (Ibero Puebla).
“Cuando se tiene el poder y se enfrenta uno al problema del cambio, el problema más complejo que existe en la vida política, […] se necesita mucha inteligencia, mucha decisión y suerte”, dijo a SinEmbargo Lorenzo Meyer, quien agregó que el primer presidente panista no sólo no supo «qué hacer con la transición”, sino que además, se alió con el PRI para garantizar la gobernabilidad, y sobre todo, para evitar que la izquierda lo rebasara.
“[Vicente Fox] compendió que el rival en serio era la izquierda -más con Andrés Manuel López Obrador que con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano- y entonces vio en el PRI a un aliado, [que implicó] mantener una parte sustantiva del pasado para no perder el control del aparato administrativo y de gobierno frente al reto de la izquierda”, explicó el profesor emérito del Colegio de México.
El foxismo, abundó, no buscó un reencuentro de México con la democracia o un cambio de sistema político. Más bien, evitar que la izquierda llegara a la Presidencia. Y el desafuero de López Obrador “es el momento en que Fox renuncia, de manera clara, a la supuesta herencia democrática del PAN”.
Para los analistas consultados, los malos resultados de la administración de Vicente Fox generaron una falta de legitimidad que se materializó en las elecciones presidenciales de 2006. Mientras que el político guanajuatense venció al priista Francisco Labastida Ochoa con 6.4 puntos porcentuales en 2000 (2.4 millones de votos), seis años después, su copartidario Felipe Calderón Hinojosa se impuso sobre López Obrador con tan sólo 0.62 puntos porcentuales (244 mil votos de diferencia) y bajo sospecha de fraude electoral.
Como consecuencia, “para ganar legitimidad política, [Calderón] decidió hacer una guerra contra el narcotráfico que estuvo mal diagnosticada, mal implementada y peor conducida”, sentenciaron. Y su sexenio se convirtió en «el sexenio de la violencia, de la guerra y de las víctimas civiles de esa guerra. Es el sexenio en donde se puso a las fuerzas armadas a realizar tareas de policía”, explicó el politólogo Juan Luis Hernández Avendaño
“Acomplejado”, refirió Enrique Toussaint, el segundo Presidente panista “operó bajo la misma forma del viejo régimen, dándole impunidad a los gobernadores y volteando para otro lado”. Además, «apostó todo a su guerra contra el narco sin atreverse a realizar las reformas que el país requería con urgencia”, mostrando “debilidad del Estado” y sin contar con los apoyos necesarios para realizar cambios profundos, añadió Luis Alberto de la Garza Becerra.
La crisis de legitimidad, la guerra desatada, la falta de reformas y una «gestión desastrosa”, culminaron con una derrota electoral en 2012 a manos del PRI. “Si hubiera sido un buen gobierno, hubieran continuado con Josefina Vázquez Mota. No fue así porque la gente castigó a Calderón con su voto, precisamente por ser un gobierno incapaz que no resolvió los problemas”, explicó José Fernández Santillán.
Con el regreso del partido fundado en 1929 por Plutarco Elías Calles, los mexicanos le apostaron a una “nueva versión” del PRI que culminó con la formulación del «Pacto Por México», un acuerdo interpartidario entre el PRI, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que avalaría las reformas estructurales.
«El ambiente festivo y los acuerdos para modernizarnos se darían, sin embargo, en un país bronco y violentado que hizo que las reformas no tuvieran los resultados propuestos”, añadió de la Garza Becerra. Además, el Presidente Peña Nieto no resolvió y agravó la circunstancia, lo que de acuerdo con Enrique Toussaint, «dejó en claro que el problema del Partido Revolucionario Institucional no solamente es la mala gestión o los malos resultados, sino la gran corrupción que genera».
Y el problema de fondo, en ese sentido, es que “ya quedó interiorizado, en buena parte del electorado y de la ciudadanía, que el PRI no es un partido que tenga dos o tres cuadros corruptos […] sino que, en general, la forma en que operan los gobiernos del PRI es a través de la corrupción”.
Sin claridad de reformas, con torpezas gubernamentales continuas, y sobre todo, en medio de escándalos de «corrupción voraz», el nuevo PRI resultó peor que el antiguo porque no aprendieron de su alejamiento de la Presidencia de la República y volvieron con el uso de “viejos vicios” a los que añadieron «un cinismo alejado de toda ética”, coincidieron los especialistas.
Hoy, mencionó Luis Alberto de la Garza, vemos “gobiernos fallidos por doquier, en un país que exige mejores resultados, con un tejido social hecho pedazos, con una concentración de la riqueza cada vez más escandalosa y sin un proyecto de solución a los retos del futuro”.
Y según Lorenzo Meyer, el reto del gobierno entrante es «ser congruente con sus propuestas”. Esto no significa que las cumplan a cabalidad -porque eso no sucede- pero sí que estén comprometidos y que en verdad intenten cambiar el estado de las cosas.
Sin embargo, advirtió, la buena voluntad no servirá de nada si no hay «presión y apoyo” ciudadanos, porque en la actualidad y a pesar de que la ciudadanía está más despierta y activa que antes, “gran parte de la sociedad civil mexicana no está organizada ni interviniendo más que en momentos de elecciones”. Hacen falta más “demandas y acciones constructivas” y que la sociedad contribuya con su granito de arena, concluyó.
FOX Y LA «TRANSICIÓN FALLIDA”
«Lo que está en juego en los próximos seis años no es sólo el cambio de un partido en el poder. Está en juego algo mucho más significativo y profundo: la esperanza de millones de mexicanas y mexicanos”, dijo Vicente Fox Quesada durante su embestidura presidencial, el 1 de diciembre de 2000.
Lejos de cambiar el panorama nacional, indicaron los especialistas, su gobierno fracasó porque fue incapaz de romper con la vieja estructura del PRI, que históricamente ha garantizado la gobernabilidad y la gobernanza con acuerdos tácitos. Pero también, porque intentó gobernar con una estructura distinta a la tradicional (siendo la segunda minoría en el Congreso de la Unión, con 47 senadores y 206 diputados, y a nivel estatal, con sólo ocho gubernaturas).
El problema operativo de Fox derivó, apuntaron, en su incapacidad para implementar las “reglas informales o no escritas”; la falta de una «estructura política de apoyo” que pudiera negociar con los actores o grupos políticos tradicionales (no generó estabilidad de contrapesos), y la ineptitud para “plantearse como líder”, que generó una falta de incentivos para que lo obedecieran.
En cambio, lo que Fox debió de haber hecho es estructurar la “gobernabilidad democrática» y encaminar las reformas a partir de dos factores: un sistema de gobierno de coalición y un proceso constituyente que desmontara al viejo régimen, cuya estabilidad depende de las facultades meta-constitucionales del Ejecutivo federal, señalaron José Fernández Santillán y Enrique Toussaint.
“Gran parte de lo que explica el fracaso del foxismo fue esa cobardía para enfrentar el pasado y para emprender reformas a profundidad”, dijo el académico de la Universidad de Guadalajara. Y Fox “nunca llamó a rendir cuentas a los que ocasionaron buena parte de la debacle del país. Nunca optó por hacer una comisión de la verdad en la que se le exigieran respuestas” a los administradores priistas anteriores, abundó.
Sin una renovación del sistema político (o régimen), el primer Presidente panista tuvo problemas para negociar con los partidos y establecer una relación constructiva con los demás Poderes de la Unión. A la problemática, se sumó la creciente autonomía presupuestaria de los gobernadores, «en un contexto donde las reglas para hacer uso de ese dinero no están claras”, refirió Gustavo López Montiel.
A partir del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-200) “comienza un proceso de descentralización del uso de los recursos”, en comparación con el periodo de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), cuando “más del 90 por ciento del presupuesto era ejercido por el Gobierno federal”. Para cuando Fox llega al poder, “menos del 60 por ciento” del presupuesto era controlado por el Gobierno federal. «Entonces se apoderan los gobernadores y los saca del control que había tenido históricamente el Presidente”, comentó el politólogo del ITESM.
Los analistas explican que no todo fue desastroso en el sexenio de Fox, pues tuvo aciertos, sobre todo en materia de estabilidad macroeconómica, en la aplicación de los programas de vivienda y del seguro popular, y con la creación, en 2003, del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (hoy INAI) y de la Secretaría de la Función Pública (que amplió las facultades de la otrora Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo para vigilar y evaluar el desempeño del Gobierno federal).
Pero la inexperiencia y la falta de oficio generaron los «grandes fracasos» del sexenio de Vicente Fox, entre los que destacan el crecimiento económico y la generación de empleos, la mejora educativa, el combate a la delincuencia organizada, la corrupción, la política exterior y su intervención en el proceso electoral de 2006, dijeron Meyer, de la Garza, Fernández, Hernández, Santillán y Toussaint.
Entre 2000 y 2006, por ejemplo, la inflación decreció (pasó de 9.51 a 3.33), la balanza comercial mejoró (pasó de -1.92 a -1.40 por ciento) y el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un incremento promedio de 2.3 por ciento anual (aunque era necesario un mínimo de cuatro por ciento), refieren cifras del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.
Aunque el crecimiento económico del país resultó «insuficiente para generar nuevos empleos, incrementar la competitividad y la participación de la economía en el sector externo”, menciona el CEFP.
La educación, en cambio, se estancó, indican cifras del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Entre 2000 y 2005, el rezago educativo aumentó (de 32.5 a 34.64 millones de personas) y el analfabetismo decreció (de 7.6 a 6.3 por ciento de la población de 15 a 64 años).
En cuanto al crimen organizado se refiere, el sexenio de Fox tuvo sus altibajos. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan que aunque en su administración los homicidios dolosos decrecieron en 14.6 por ciento, los secuestros y las extorsiones aumentaron en 24 y 170.3 por ciento, respectivamente.
Ello a pesar de la creación de dos secretarías: la de Seguridad Pública en el año 2000 –como auxiliar de la Procuraduría General de la República (PGR)– y que fue absorbida por la Secretaría de Gobernación (Segob) en 2013; y la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en 2001, que se encargó de perseguir al crimen organizado y los delitos electorales.
Para los politólogos consultados, durante el sexenio de Fox “se dejó crecer al crimen organizado, sobre todo en los territorios locales” –destacando el crecimiento del Cártel de Sinaloa– y la situación derivó de un “proceso de rearticulación del mercado” de la droga: México siguió produciéndolas y se convirtió también en un centro de consumo.
Sin embargo, el problema del sexenio radicó en que instituciones como la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) o el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), «en lugar de funcionar contra los enemigos del Estado de derecho y los enemigos de la paz y la seguridad del país […] fueron usados, finalmente, para enfrentar a los opositores”, explicaron López Montiel y Fernández Santillán del ITESM.
La PGR, por ejemplo, entre 2004 y 2005 se vio involucrada en el desafuero de Andrés Manuel López Obrador –por violar una orden judicial que suspendía las obras públicas en un territorio expropiado en Cuajimalpa– y que culminó con la renuncia del entonces titular de la AFI, el General Rafael Macedo de la Concha, ya que durante el proceso, un juez de distrito determinó que la dependencia a su cargo «dispuso de la libertad personal del indiciado sin que estuviera a su disposición”.
Este fue uno de los capítulos más negros del sexenio de Fox, ya que fue visto como un intento para evitar que AMLO llegara a la Presidencia de la República en 2006, cuando el candidato presidencial panista y el tabasqueño estaban empatados en las encuestas de preferencia electoral (con un promedio de 35 puntos porcentuales cada uno).
Con esto, según Hernández Avendaño y de la Garza Becerra, Fox demostró que aunque «quitó al PRI de Los Pinos, aparentemente para echar atrás el modelo autoritario, más bien legó un autoritarismo recrudecido que desgastó la imagen presidencial”. La situación se agravaría con la “insana intervención” de su esposa, Martha Sahagún Jiménez, quien fuera señalada de utilizar su posición como Primera Dama y a su fundación «Vamos México», para impulsar sus aspiraciones presidenciales; y cuyos hijos, fueron acusados de multimillonarios fraudes con instituciones del Gobierno federal (como el Infonavit y Pemex).
En materia diplomática, el sexenio de Fox se caracterizó por tensiones con Estados Unidos (en el marco de un acuerdo migratorio que se vio truncado por el rechazo del Gobierno federal a la guerra de Irak, y luego, por el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001); con Cuba en 2002, cuando le pidió a Fidel Castro y el ya emblemático escándalo del “comes y te vas” (para evitar que se encontrara con el ex Presidente estadounidense George W. Bush); y con algunos estados miembro del Mercosur, por críticas a los mandatarios de Argentina, Paraguay y Uruguay, que lo llevaron a distanciarse con varios países de América Latina.
La alternancia de gobierno de Fox, expusieron los analistas, falló en su intento de reforma hacendaria (2001), laboral (2002) y energética (2003-2004); en resolver el conflicto de San Salvador Atenco de 2001 (por la expropiación de terrenos para construir un nuevo aeropuerto internacional en Texcoco); al intentar resolver el conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que estalló en Chiapas en 1994; y con la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (2002-2007), que inició 532 carpetas de investigación ligadas a presuntos cohechos por parte de ex presidentes, sin ejercer, en realidad, acciones penales (el único acusado, Luis Echeverría Álvarez, fue exonerado).
UN SEXENIO DE SANGRE
Con sus primeras palabras como Presidente en funciones, Felipe Calderón Hinojosa aseguró que el cambio de gobierno no significaba “refundar la Nación” pero sí “realizar cambios en instituciones y políticas públicas”. Por ello anunció que, las tres prioridades de su administración, serían “la lucha por recuperar la seguridad pública y la legalidad”; «una reducción sustantiva de la pobreza extrema” y la “creación de empleos” formales bien remunerados.
Diez días después de su discurso, el 11 de diciembre del 2006, Calderón inició la denominada “guerra contra el narcotráfico” con el despliegue de 6 mil 500 soldados en el estado de Michoacán. Como resultado de su estrategia frontal contra la delincuencia organizada, la violencia estalló.
Entre 2007 y 2012, los homicidios dolosos aumentaron en 109.3 por ciento. Es decir que, durante el sexenio de Calderón, se duplicaron. Y de los 103 mil 537 asesinatos registrados por el SESNSP, al menos 68 mil 545 fueron ejecuciones relacionados con el crimen organizado, según cifras de Lantia Consultores y el Semáforo Delictivo.
Comparado con el sexenio anterior, los asesinatos intencionales por día aumentaron en 41.17 por ciento (al pasar de 34 a 47 diarios, en promedio). Y su tasa por cada 100 mil habitantes casi se duplicó (al pasar de 10.9 a 18.3), mientras que entre 2000 y 2006, había decrecido (de 13.7 a 10.9).
A la par que el Gobierno federal fue descabezando a los grupos criminales (entre 2006 y 2012, detuvo a 14 y abatió a seis líderes principales de organizaciones criminales), las ejecuciones fueron saliéndose de proporción, alcanzando su mayor nivel en 2011, con 16 mil 987 registradas (el 74.3 por ciento de los homicidios dolosos de ese año).
“El propio [Miguel Ángel] Osorio Chong lo dijo: [antes de Calderón] había siete grandes cárteles y ahora tenemos 245. Y este es un dato que corroboró Eduardo Guerrero, uno de los especialistas en el estudio del narcotráfico”, comentó José Fernández Santillán del ITESM.
Para los especialistas consultados, si con Fox se dejó crecer al crimen organizado, con Calderón se “radicalizó» su presencia, por lo que, según Hernández Avendaño, “no cabe duda de que el verdadero peligro para México terminó siendo Calderón».
En el caso de la economía, durante el sexenio calderonista la inflación decreció (pasó de 4.05 a 3.57) y la balanza comercial mejoró (pasó de -1.40 a -0.82 por ciento). El crecimiento del PIB fue deficiente (dos por ciento anual, en promedio) y la deuda externa pública total aumentó en 84 por ciento como porcentaje del PIB (pasó de 11 a 20.2 por ciento), hasta alcanzar 245.2 mil millones de dólares, de acuerdo con datos del Banco de México, del Banco Mundial, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Fondo Monetario Internacional.
El panorama general de la economía durante los sexenios panistas, refleja la aplicación de políticas económicas similares a las de los gobiernos del PRI, «ocurriendo un escaso crecimiento económico, una disminución en la competitividad, poca generación de empleos formales, una disminución en los salarios reales y una escasa inversión, pero un importante incremento en el gasto en fuerzas armadas y un aumento en la violencia en todo el país, en aras de la lucha contra el narcotráfico”, señala el documento La Economía Mexicana durante los Gobiernos Panistas (2016), editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
Un ejemplo del precario impacto económico positivo durante el sexenio de Felipe Calderón, es la escasa creación de empleos. En su sexto informe de gobierno, Calderón dijo que hasta el 30 de octubre de 2012 su administración había creado 2 millones 170 mil 995 nuevos empleos. No obstante, refiere el informe de la UANL, “la meta era generar un millón de empleos al año”.
Mejorar la calidad de los empleos no fue una prioridad en los sexenios panistas, sino otros fines como la seguridad, se lee en el estudio. Y el crecimiento económico nacional durante 12 años de panismo fue tan bajo, que «ocasionó que el nivel de pleno empleo nunca se acercara al nivel óptimo”.
Circunstancias como estas evitaron la reducción sustantiva de la pobreza y de la pobreza extrema, de acuerdo con datos del Coneval. Entre 2008 y 2012, la pobreza aumentó y afectó a 4.2 millones más de personas (como porcentaje poblacional, pasó de 44.4 a 45.5 por ciento en cuatro años). La pobreza extrema, en cambio, apenas y decreció. Pasó de 11 a 9.8 por ciento de la población, que implicó que 800 mil personas dejaran de ser pobres extremos.
Aunque sostienen que los malos resultados en pobreza y generación de empleo, así como una guerra fueron el “infame” legado de Calderón, los analistas reconocieron que durante su gestión se lograron tres importantes reformas: penal (que puso en marcha al nuevos sistema de justicia penal), electoral (que limitó los tiempos publicitarios de partidos y actores políticos) y política (que permitió las candidaturas independientes y las consultas populares, por ejemplo).
A pesar de ello, refieren que si Calderón no pudo tener mejores resultados fue porque a nivel estructural su administración se caracterizó por colocar a su grupo “más cercano» en el Gabinete federal, que limitó «su capacidad de interlocución con otros grupos”.
Ejemplo de ello fueron Ernesto Cordero Arroyo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social; Gerardo Ruiz Mateos en la de Economía; Francisco Ramírez Acuña y Juan Camilo Mouriño en la de Gobernación; Javier Lozano Alarcón en la de Trabajo y Previsión Social; Jordi Herrera Flores en la de Energía; Salvador Vega Casillas en la Función Pública; Salomón Chertorivski en Diconsa; entre otros.
Los errores del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa no sólo llevaron al PAN a perder la Presidencia de la República, dijeron los académicos. También, el panista puso en riesgo la estabilidad de Acción Nacional por dos razones: su intento por apropiarse del partido -impulsando a figuras como César Nava y Germán Martínez- que generó un conflicto interno que se trasladó a los grupos en las cámaras del Congreso de la Unión. Y su «intento por evitar -como lo hizo Fox- un posible triunfo del PRD”, que lo llevó a negociar el regreso del PRI a la Presidencia de la República, situación que «quebrantó a su propio partido”, explicó Luis Alberto de la Garza Becerra, historiador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
EL PRI DE LA CORRUPCIÓN
No obstante, el fracaso de su administración se debió, según los politólogos e historiadores consultados, a su incapacidad para resolver la violencia y lograr un cambio de modelo económico (del neoliberal al de la responsabilidad social); a su tentativa de gobernar con “el autoritarismo de siempre” y sin las estructuras y la sociedad adormecida “de antes” (lo que se traduce en déficits de gobernabilidad y de gobernanza); y no saber cómo manejar crisis como la de Ayotzinapa, Tlatlaya, la “casa blanca”, entre muchos otros, que implicaron violaciones al Estado de derecho, corrupción, impunidad e incapacidad de gobierno.
«Una serie de cambios en el ámbito internacional, la caída de los precios del petróleo, la cínica corrupción desatada por la generación de jóvenes priístas, sumada a situaciones trágicas como la de los estudiantes en Ayotzinapa, así como la incapacidad de Peña Nieto para enfrentar con rapidez y eficiencia los focos rojos que se fueron presentando, terminarían con la desafortunada invitación a Donald Trump, aún candidato al gobiernos de los Estados Unidos”, recordó de la Garza.
En materia de inseguridad, México rompió un récord de homicidios dolosos el año pasado (al menos 25 mil 340 registrados por el Gobierno federal). Y en los primeros cuatro meses de este año, según el SESNSP, se cometieron más asesinatos que en los primeros cuatro meses de los últimos 20 años (entre enero y abril de 2018, 8 mil 900 personas perdieron la vida). La tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes, además, fue en aumento entre 2013 y 2017 (pasó de 15.29 a 20.50).
La violencia es alarmante y podría ser peor, ya que en nuestro país la cifra negra es de casi 94 por ciento, coinciden cifras del Inegi y del Índice Global de Impunidad México 2018 de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Esto significa que sólo el seis por ciento de los delitos cometidos son denunciados o derivan en una averiguación previa.
Además del costo en términos de vidas humanas, está el monetario de la violencia, que según el Reporte de Guerra 2017 de la Academia de Génova, en 2017 comprometió el 21 por ciento del Producto Interno Bruto (o 4.72 billones de pesos).
Si por algo la violencia en México no decrece, es por cuestiones de “debilidad institucional”, señala también el Institute for Economics and Peace. Pero además, su repunte está ligado al problema de la corrupción y la impunidad, que de acuerdo con el Inegi, generan pérdidas anuales de más de 7 mil millones de pesos.
El organismo de gobierno refiere que, en 2017, 1.5 de cada 10 personas que realizó un trámite personal, experimentó al menos un acto de corrupción cuando tuvo contacto con algún servidor público. Asimismo indicó que, entre 2013 y 2017, la “prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal” aumentó en 21.15 por ciento. En el caso de los negocios, sus datos refieren que al menos uno de cada 10 negocios participó en un acto de corrupción.
En materia educativa, hoy en día, «las entidades federativas tienen al menos 20 por ciento de rezago total entre su población de 15 años y más”, señala el ensayo El rezago educativo total y su atención en México, editado por el Centro de Estudios Educativos. En términos absolutos, este problema no ha cejado, refiere, y la atención «sigue siendo una cuenta pendiente para las autoridades educativas».
La falta de condiciones educativas adecuadas, impacta directamente en la situación laboral del país y en el desarrollo poblacional, comentaron los analistas consultados por SinEmbargo.
La economía mexicana crece, en promedio, 2.6 por ciento (debería ser de más del cuatro por ciento), coinciden la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la organización México ¿Cómo Vamos? Asimismo, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, nuestra competitividad se estancó en el último año.
Desigualdad social, pérdida de poder adquisitivo, la generación de empleos eventuales sobre empleos permanentes y el ensanchamiento de la economía informal en los últimos años, detienen el crecimiento económico sostenido y desdibujan la posibilidad de generar más movilidad social (o mejorar el estatus socioeconómico), refieren organizaciones como el Centro de Investigación en Economía y Negocios (Cien) y el Foro Económico Mundial.
En este contexto, la nación no ha podido reducir de manera significativa la pobreza. Según las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la población pobre pasó de 53.3 a 53.4 millones de personas entre 2012 y 2016.
Ello se debe, en parte, a las deficientes reformas estructurales impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, que si no son malas, deben de estar acompañadas con mejores políticas sociales, refirió el año pasado Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Cepal.
