Un «emporio criminal» de lavado de dinero les permitió llegar al poder al ex Presidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, y desde ahí cooptar el funcionamiento del Estado de Guatemala, informó hoy la CICIG.
Ciudad de Guatemala, 2 junio (dpa) – Una mafia electoral que sirvió para llevar al poder al ex Presidente Otto Pérez y que continuó durante su mandato (2012-2015) fue develada hoy por organismos de investigación tras un amplio operativo policíaco que dejó 23 personas detenidas vinculadas a los hechos.
De acuerdo con la investigación presentada en conferencia de prensa por la Comision Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), la estructura se basó en la creación de empresas de cartón y financiamiento ilícito entre 2008 y 2011 y la generación de contratos fraudulentos a cambio de sobornos a partir de 2012, año en que Pérez llegó al poder.
Iván Velásquez, jefe de la CICIG, dijo que el «emporio criminal» se «amplió a partir del 14 de enero de 2012 (día de la investigura de Pérez) y se fue perfeccionando y generando un «sofisticado sistema de lavado de capital de origen ilícito» que hace uso, incluso, del sistema bancario.
«Ese dinero se bancariza» producto de diferentes modalidades operativas empleadas por las «redes político-económicas», hizo ver.
«Mediante esta estructura cooptaron las instituciones, se apropiaron de las instituciones del Estado. Desviaron los recursos públicos para beneficio personal mientras el 47 por ciento de los niños guatemaltecos menores de cinco años sufre desnutrición crónica», añadió el Comisionado de la ONU con tono de indignación.
Por su parte, la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, fue exponiendo uno a uno algunos de los 454 contratos que de acuerdo con la investigación el Gobierno de Pérez otorgó bajo esta estructura y que se estima dejó unos 65.4 millones de dólares de «incentivo comercial monetario (ICM)», como la propia estructura denominó al beneficio obtenido.
Entre los casos mostrados por Aldana figura el remozamiento del aeropuerto internacional «La Aurora», de la capital guatemalteca, el cual era una obra necesaria por el riesgo de que la instalación perdiera la certificación internacional.
La fiscal general dijo en referencia a este caso que «cualquier motivo se convertía en oportunidad para realizar negocios fraudulentos».
«Estos casos son muestra que el Estado se convierte en una feria, en un negocio en el que cualquier actividad produce lucro… en un negocio», reforzó Velásquez.
Horas antes, las autoridades detuvieron a 23 personas en un nuevo operativo anticorrupción, aunque hasta entonces no se había confirmado el vínculo con el ex Presidente Pérez y su ex vicepresidenta Baldetti (2012-2015)
Tanto Pérez como Baldetti permanecen en prisión preventiva por dos tramas distintas que hasta ahora les atribuyen la CICIG y el MP y en las que se les identifica como cabecillas.
Entre los detenidos figura el dirigente del sector cooperativista, Edín Barrientos, ministro de Agricultura durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), quien llegó al poder con el partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), fundado y dirigido por el ex dictador Efraín Ríos Montt.
También fue detenido el ex diputado Marvin Díaz del Partido Patriota (PP), que llevó al poder a Pérez y Baldetti, sus máximos dirigentes.
Las autoridades también condujeron a los tribunales a Rudy Gallardo, actual director del Registro Nacional de Personas (Renap).
Además, los agentes detuvieron a Judith Del Rosario Ruiz, de 43 años, ex secretaria y asistente personal de la ex vicepresidenta Baldetti, y a Mario Rodolfo Contreras, de 58 años, ex contador personal del ex presidente Pérez. Ambos son sindicados por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
A los detenidos se les imputan delitos como financiamiento electoral ilícito, asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero.
A las 23 personas se les condujo ante el Juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, quien les dictó prisión provisional, mientras los convoca a la audiencia de primera declaración y formulación de cargos.
Pérez y Baldetti, quienes debieron renunciar a sus cargos en 2015 ante las investigaciones de corrupción, son procesados como presuntos líderes de dos tramas de corrupción: una estructura dedicada a la defraudación aduanera y fiscal y un contrato fraudulento en un puerto del Pacífico con millonarios sobornos.
