¿Qué tienen en común Cananea, Paulette y Ayotzinapa?
En El Universal, el periodista Ricardo Raphael, escribe que: «Tomás Zerón de Lucio está bajo investigación por las irregularidades de su desempeño en el caso Ayotzinapa. Sin embargo, no es la primera vez que podría ser removido de su cargo por una actuación irresponsable. En 2007, el actual director de la Agencia de Investigación Criminal ostentaba un buen puesto en la Policía Federal Preventiva (PFP). […] La madrugada del martes 15 de mayo de 2007, doce camionetas último modelo recorrieron 200 kilómetros en dirección a Cananea. […] Dentro de ellas viajaban alrededor de 50 sicarios disfrazados de militares y agentes de la AFI. […] Uno de los delincuentes se valió de la frecuencia oficial de radio para advertir a las fuerzas federales: ‘No se metan, la bronca no es con ustedes, pero si se meten, tenemos que responderles’. […] Una vez en Cananea, los criminales combatieron a sangre fría a la policía municipal. […] El Secretario García Luna exigió la renuncia a cinco mandos de la PFP por su actuación sospechosa. Entre ellos, Tomás Zerón de Lucio […]. Sin embargo, no tardó en encontrar acomodo dentro del gobierno del Estado de México. Ahí fue nombrado como coordinador de Investigación y Análisis de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. […] Como responsable de esa área, le tocó atender el caso de la desaparición de Paulette Gebara. […] Las áreas de investigación y análisis de la procuraduría del Edomex, con Tomás Zerón a la cabeza, utilizaron toda la inteligencia disponible para dar con su paradero. […] Nueve días después, la autoridad por fin encontró a la niña Paulette Gebara. Estaba debajo de su cama. […] Nadie creyó aquella narrativa, […] Tomás Zerón fue nombrado en septiembre de 2013 director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) […]. Un año después […] el director de la AIC fue acusado por celebrar diligencias de manera desaseada y en contra de la legalidad. […] Sus antecedentes curriculares no lo defienden […].

En Milenio, el periodista Carlos Puig, escribe que: «las puestas en escena de este gobierno, fiel a su origen priista, están cargadas de símbolos misteriosos que solo entre ellos entienden. Frente al último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) intento descifrar, sin éxito, algunas de estas actuaciones […] el documento Ayotzinapa II es una durísima condena a la investigación oficial, hasta el Presidente Peña salió a dar las gracias, vamos a leer su informe, muchas gracias, pero ya váyanse. Horas después, el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Betanzos, dijo que sobre las acusaciones de tortura contra algunos de los presuntos implicados ya había investigaciones abiertas y que todas las líneas planteadas en el informe se estaban siguiendo […]. La primera respuesta de importancia de la institución fue la conferencia del miércoles de Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, señalado por el GIEI por haber realizado una diligencia con uno de los acusados que no existe en el expediente […]. Lo que él hizo fue legal, insiste. ¿A dónde se fue Betanzos? El jueves, la Procuraduría General de la República (PGR) anuncia que investigará a Zerón y su equipo. Zerón responde que él pidió la investigación, aunque eso no lo dijo el miércoles. El viernes, la Procuradora por fin aparece, muy sonriente en una foto, junto a los integrantes del GIEI, recibiendo el informe que dice que la investigación de la PGR que ahora ella encabeza fue un desastre. Después de la foto hay una reunión con la unidad de investigación que encabeza Betanzos, no está Zerón, responsable de la investigación de la ‘verdad histórica’. En esos días, tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desmienten las insinuaciones de Zerón de haber sido testigos de aquella diligencia en el río San Juan. La PGR ya no dice nada. No se si todo esto, como suele suceder en este gobierno, es solo una falla de estrategia de comunicación o son mensajes claros que una parte de la institución no está de acuerdo con otra. Lo sabremos si quien investiga a Zerón es un nuevo Virgilio».

En La Jornada, el periodista Julio Hernández López, escribe que: «más que en el basurero de Cocula y su ya de por sí improbable combustión de 43 cuerpos, el sostén presuntamente confirmativo de la gubernamental verdad histórica había estado en el río San Juan, específicamente en el hallazgo de una bolsa de plástico con restos óseos […]. En ese solitario hueso ha descansado la construcción gubernamental de un mal intento de verdad jurídica que postularía Murillo Karam dos meses después de los sucesos del río San Juan […]. Como en el Jenga […], el retiro del pequeño bloque de credibilidad que se había fabricado la administración federal ha hecho que se despeñe la construcción entera. El jugador que hizo el mal movimiento fue Tomás Zerón de Lucio […]. Si el hallazgo de la bolsa y del hueso del estudiante está bajo muy fundada sospecha de haber sido mediante una siembra realizada por el director de la AIC, de la Procuraduría General de la República, entonces se cae toda la verdad histórica postulada por el régimen y se añaden fuertes preguntas al catálogo de inconsistencias y manipulaciones de los expedientes del caso […]. Las fuertes implicaciones del anómalo paseo campestre que realizó Zerón-Murillo (Z-M) con un inculpado, Agustín García Reyes, El Cheje o El Chereje, un día antes de que fueran encontradas dos bolsas de plástico y en una de ellas el hueso del joven Venancio, podrían y deberían tumbar varias torres. […] Tal movimiento en el Jenga San Juan no fue reconocido por Z-M hasta que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes lo reveló en su último informe de actividades. […] La torre argumentativa ya cayó. […] Astillas. Desde el Zócalo capitalino, manifestantes por el Día del Trabajo, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como integrante destacado, convocaron a un paro nacional, a realizarse el próximo 15. […] ¡Hasta mañana!».

En Milenio, el político Diego Fernández de Cevallos, escribe que: «la culpa de los enredos del GIEI es del gobierno. El caso Ayotzinapa ha generado acciones sin precedentes por parte de autoridades, población, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y expertos extranjeros. Nunca el asesinato o desaparición de una o más personas ha implicado esfuerzo humano y gasto económico como los provocados por el crimen contra los normalistas: miles de ciudadanos, agentes y funcionarios de todos los niveles involucrados por tiempo indefinido, y empeñados en hallar a los estudiantes. No hay otro expediente penal que acumule ese número y diversidad de acciones, diligencias, objetos, cateos, testimonios, declaraciones, confesiones, grabaciones telefónicas, peritajes, búsquedas en pueblos, montañas y valles, aprehensiones y procesos judiciales […]. Y a pesar de que ello es del dominio público y debiera bastar para reconocer los avances hasta hoy alcanzados, resulta que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, actuando como activistas y abanderados del pensar, sentir y querer de los padres de los desaparecidos […] dicen que la PGR todo lo ha hecho mal, y que ello les impidió hallar a los normalistas. Al terminar su encomienda fueron aclamados por sus representados y sus cuerpos tapizados con flores. Al padre Solalinde, conocido activista antigubernamental, ya lo habían expulsado de ahí […] por decir que tiene pruebas de que los normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula. Se entiende, pues, que el grupo negara la quema de al menos 17 cuerpos en ese lugar, como lo sostiene el tercer peritaje, no obstante que fue emitido por expertos elegidos por el mismo GIEI y la PGR. En resumen, para lo que a la verdad interesa, son insuficientes los buenos sentimientos y trayectorias humanitarias de los integrantes del GIEI, pues se dejaron ‘TOCAR’ —como afirmaron— por el dolor de las víctimas sobrevivientes, impidiendo que hablaran únicamente la ciencia y la técnica que dicen poseer. Así las cosas, si la PGR —en tiempo de Murillo Karam— dejó la investigación inicial en manos de la fiscalía de Guerrero, siendo evidente el control del crimen organizado en la zona y su infiltración en las policías municipales, su irresponsabilidad es imperdonable. Y si además el gobierno fue ingenuo al contratar activistas, cuyo pasado los llevaría indefectiblemente a tripular la causa social, su culpa es axiomática. Mientras se acredite si hubo o no torturas, el GIEI dirá: ‘Si ya sabían cómo somos, ¿para qué nos contrataron?'».

En El Universal, el periodista Ciro Gómez Leyva, escribe que: «se entiende que los padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa pidan que deje el cargo. O que tuiteros activistas encumbren el hashtag #TomasZeronRenuncia. Pero la vulgaridad declarativa de algunos políticos no tiene límite. Tomo el ejemplo de Marko Cortés. Dijo el jueves el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), […] ‘Hacemos un llamado a la Procuraduría General de la República para que quite de su cargo a Tomás Zerón, ya que dicho por el grupo de expertos, fue Tomás Zerón el que obstaculizó el proceso’. […] Marko Cortés: cero información: el lugar común y la urgencia de salir a los medios a decir tonterías (uso un calificativo suave). El viernes pude entrevistar a Zerón. Me explicó que él mismo pidió ser investigado y que en ningún momento se violó el debido proceso. […] Me quedo con dos puntos expresados por Zerón el viernes: la manera en que repitió que el del 28 no fue un acto oculto ni mucho menos, y la frase: ‘El GIEI juzga con hipótesis y con hipótesis condena’. […] ‘No pienso dejar el cargo, hoy tengo más compromiso que nunca con la PGR y con mi país’, me dijo Zerón al final de su semana horribilis. ¿Alguien en el gobierno tiene evidencia de que falló en las formalidades del debido proceso, de que obstaculizó la investigación? Creo que no. Pero las culpas del peñanietismo son tan grandes que cualquier cosa puede suceder con tal de tratar de quedar bien con quienes los seguirán despreciando. La verdad Murillo Karam-Zerón prevalece, con o sin GIEI: a los jóvenes los sometieron, secuestraron y mataron. A dónde fueron a tirar los restos es aún dudoso, y es secundario, en la gran historia de este crimen, esta desgracia. MENOS DE 140. Si no regresan a clases, el Secretario Aurelio Nuño no se reunirá con ellos. Es el mensaje de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a los politécnicos en paro».

En el Reforma, el analista y periodista Sergio Sarmiento, escribe que: «la pregunta se ha vuelto inevitable: ¿realmente ‘Fue el Estado’? ¿Ordenó el Presidente una noche de viernes en Los Pinos a un alcalde perredista en Iguala que secuestrara a un grupo de normalistas y pidió apoyo a un obernador ex priista convertido en perredista así como al Ejército y a los jueces que han visto el caso? […] Para los líderes de Ayotzinapa […] el culpable es su enemigo: el Estado mexicano […]. El GIEI ha sido crítico y ha obligado a la propia PGR a revisar la ‘verdad histórica’. Y había muchos detalles que revisar. Nunca el resultado de una investigación debe ser una verdad histórica. Pero las posiciones del GIEI, como las de Ayotzinapa, son más políticas que técnicas. El rechazo al fuego en el basurero de Cocula, aun después de que dos peritajes señalaron que sí tuvo lugar […], huele más a dogma que a convicción por la verdad. Descartar todas las declaraciones de policías y narcos involucrados en los hechos […], sugiere también una posición dogmática. Lo mismo sucede con el rechazo a considerar los restos de cuando menos dos normalistas en bolsas plásticas con material del basurero de Cocula encontradas en el Río San Juan, gracias a que uno de los miembros de Guerreros Unidos llevó a las autoridades a ese punto. Mientras el GIEI y los líderes de Ayotzinapa rechazan estos elementos, insisten en que se investigue la hipótesis de un ‘quinto autobús’ robado por los normalistas que supuestamente habría llevado droga a Estados Unidos. ¿Cuál es la prueba? Que todo el mundo sabe que esos autobuses se utilizan para llevar droga al norte. Cuando el GPS y las declaraciones del chofer señalan que el autobús permaneció en la zona de Iguala y que no llevaba droga, la respuesta es que la PGR debe haber cambiado el vehículo.Las observaciones del GIEI tienen la virtud del escepticismo. Si hubiera suficiente tiempo y recursos, toda averiguación penal debería tener un GIEI para revisar pruebas, hipótesis y conclusiones. Pero las conclusiones no deben ser decididas por una agenda política. No hay verdades históricas. Entre la hipótesis de una decisión del Estado y la que sugiere que los normalistas fueron secuestrados por policías municipales y entregados a un grupo criminal que los ejecutó, esta última parece más verosímil».

Primero de mayo: situación desoladora
La Jornada, asegura en su Editorial, que: «el Día Internacional del Trabajo, conmemorado ayer en nuestro país y en el mundo, encuentra a los asalariados en una situación adversa en la que buena parte de las conquistas laborales conseguidas a lo largo del siglo pasado han sido borradas por el vendaval de la globalización neoliberal. […] El poder de convocatoria de los sindicatos se ha visto severamente mermado por décadas de expansión de la práctica de subcontrataciones, por el achicamiento de las plantas laborales, por incesantes ofensivas mediáticas antisindicales y por la burocratización de dirigencias poco o nada comprometidas con los intereses de sus representados. La jornada de ocho horas, una de las máximas conquistas del movimiento laboral en el mundo, hoy resulta una mera simulación en muchas naciones en las que la caída del poder adquisitivo de los salarios obliga a millones de trabajadores a tener dos empleos. […] Un aspecto muy preocupante de la coyuntura laboral de México es que más de la mitad de los trabajadores se encuentran fuera de la economía formal. […] En tal circunstancia, indicadores oficiales como el de desempleo (sólo 3.6 por ciento) tienen muy poca significación social real, por cuanto la mayoría de los trabajadores padecen orfandad contractual y carecen de estabilidad y seguridad laborales, certeza jurídica y derechos efectivos. […] La creación meramente cuantitativa de empleos favorece las condiciones de explotación y desamparo de los trabajadores y, si bien puede permitir la estricta subsistencia de buena parte de la población, no se traduce por sí misma en condiciones dignas de vida. Para impulsarlas es preciso crear empleos de calidad –ubicados, necesariamente, en el sector formal–, emprender una política salarial orientada a contrarrestar décadas de retroceso del poder adquisitivo del salario y crear las condiciones propicias para una democratización sindical, la cual constituye una de las principales tareas pendientes en el panorama laboral e institucional del país».

En El Universal, su Editorial, escribe que: «los empresarios dicen que el sistema de justicia laboral en México es tan protector del trabajador que se hace muy costoso promover el empleo fijo en el país. Investigadores aseguran lo contrario. […] En lo que todos coinciden es en lo tortuoso del proceso y en lo absurdo de la existencia de Juntas de Conciliación y Arbitraje que funcionan de forma diferente a cualquier otra instancia judicial. Por eso fue muy oportuno que ayer el Presidente Peña Nieto anunciara que su gobierno propondrá un cambio de paradigma en este tema. El objetivo, dijo, es que ahora los juicios sean encabezados “por órganos del Poder de Justicia Federal o por los órganos de justicia locales». […] Hoy en día la cabeza de las juntas de conciliación la conforman tres partes: una representación del gobierno; una del empresariado y otra de los trabajadores (sindicato). […] Hace un año, el 27 de abril de 2015, se presentó el Informe y Propuestas sobre Justicia Cotidiana en México, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) como parte de la reforma en el sistema de justicia que el Gobierno federal había planteado. En ese evento el Presidente hizo un diagnóstico: los juicios civiles, laborales, mercantiles y administrativos representan más de 86 por ciento de las disputas legales en el país.  […] El Director del CIDE, Sergio López Ayllón, hizo propuestas específicas que deberían retomarse en el marco del banderazo de salida dado ayer por Peña Nieto: entre ellas, crear a un defensor de las pequeñas empresas. […] Si en esos espacios de conflictos comunes el sistema judicial se vuelve una alternativa viable de resolución, al alcance de todos los ciudadanos, disminuirá en la misma proporción la tentación de las personas a hacer justicia por propia mano o a simplemente ignorar a las instituciones. […] Sería abonar a la paz en tiempos en que se cuestiona la utilidad de la democracia».

En El Universal, el periodista Carlos Loret de Mola, escribe que: «todo estaba listo para anunciarse ayer domingo 1 de mayo, pero las suspicacias electorales metieron el freno.[…] Hace varios días llegaron a un acuerdo el Gobierno federal, los organismos empresariales y las centrales de sindicatos más influyentes del país: La mesa estuvo convocada por el Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. Del lado de los patrones acudieron los representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y varios más. Del lado de los empleados, dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), y otras. […] Han alcanzado en la negociación un punto de equilibrio satisfactorio para todos. Y para este 1 de mayo, Día del Trabajo, agendaron hacer el anuncio: Un plan para aumentar de golpe el salario mínimo nacional en aproximadamente diez pesos, para llegar a los 83 pesos diarios […] El acuerdo global entre el Gobierno federal, los empresarios y los sindicatos implica que el salario mínimo tenga, a lo largo del presente sexenio, un crecimiento de alrededor del 20 por ciento en su poder de compra, que contrasta con la pérdida de 75 por ciento que ha experimentado en los últimos 40 años. […] El anuncio está congelado… por las elecciones. Se decidió posponerlo hasta después de los comicios del 5 de junio, para que no pudiera ser presumido como un logro del gobierno del Presidente Peña Nieto. […] Falta entonces poco más de un mes para que se dé a conocer oficialmente. El problema es que cuando se trata de política, un plazo así pone en riesgo la estabilidad de la negociación. […] SACIAMORBOS. La nueva iniciativa de ley de justicia expedita que anunció el jueves el Presidente Peña Nieto significa, entre muchas otras cosas, la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Entre quienes las corrompen como negocio y quienes las usan en legítima defensa, seguro habrá fuertes resistencias».

Una bomba de tiempo en el PRD
En El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que: «las deudas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se han convertido en una verdadera bomba de tiempo, nos comentan. Los proveedores de servicios básicos han solicitado varias veces a la dirigencia, que encabeza Agustín Basave, que les liquiden los adeudos, sin éxito. Aseguran que la presidencia del PRD les ha pedido que sigan dando los servicios hasta diciembre, cuando consideran que estarán en condiciones de pagarles. Sin embargo, nos explican que los adeudos son de importancia por lo que los proveedores amagan con apersonarse en las instalaciones del partido para exigir que les paguen. El caso es de tal gravedad, nos dicen, que la realización del Consejo Nacional del partido, programado para los próximos días, se tuvo que cancelar por falta de recursos. Así que a la presión electoral de este año, hay que sumar que el PRD debe resolver este problema de deuda que amenaza con salirse de control.»

Estados al borde de una crisis de caja
En Milenio, el periodista, novelista e historiador Héctor Aguilar Camín, escribe que: «los estados que celebran elecciones este año son un triste espejo del estado de las finanzas locales. También de la corrupción del pacto federal que ha tenido lugar en los años de la democracia, mediante la transferencia de gigantescos recursos federales a los estados sin haber creado un mecanismo de rendición de cuentas […]. No hace falta abundar en la historia de corrupción y dispendio a que dio lugar ese mecanismo. El dinero federal suelto en los estados es una de las mayores causas de la corrupción de la República. Entre el año 2000 y el 2014, los estados y municipios recibieron transferencias federales por unos 355 mil millones de dólares, casi tres veces el monto del Plan Marshall que financió la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hicieron con esa millonada? […] Entre 2008 y 2015, las deudas de los estados crecieron en términos reales 102.5 por ciento. Se duplicaron en promedio, pero unos bebieron el doble de la cuota de otros […]. La temporada de la deuda libre para los estados toca a su fin con la nueva ley que les impide endeudarse sin autorización de Hacienda. A la temporada de mal gobierno solo pueden ponerle fin los ciudadanos con su voto».

El colmo de la complicidad
En el Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que: «los diputados priistas de Nuevo León -con la complacencia de los panistas- se disponen a cubrir con el resplandeciente manto de la impunidad a Rodrigo Medina. Según lo que se comenta en aquellas tierras, todo está planchado en el Congreso local para que le sean aprobados, sin una sola enmienda, las cuentas al ex gobernador priista, con todo y que han sido exhibidos y documentados los despilfarros de su administración. Tan va por ahí la cosa que el Presidente de la Comisión de Hacienda no tuvo el menor empacho en afirmar que el análisis de las cuentas de Medina sólo ha arrojado faltas de tipo… ¡administrativo! No, pos’ sí. Que nadie se extrañe si, de un plumazo, los legisladores nuevoleoneses palomean a toda prisa 18 cuentas públicas, del 2006 al 2010, correspondientes al Gobierno estatal, a fideicomisos y a organismos descentralizados… para tranquilidad de Medina».

Daños a su patrimonio artístico
En Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, asegura que: «Claudia Sheinbaum, Jefa delegacional en Tlalpan, le llamó por teléfono al cardenal Norberto Rivera para disculparse porque personal de esa jurisdicción destruyó una capilla el viernes reciente. La funcionaria se comprometió reconstruir el recinto, del que se informarán los daños a su patrimonio artístico».

Redacción/SinEmbargo

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