Los medios británicos The Economist y The Guardian destacan cómo los ataques del Gobierno Mexicano al GIEI minaron la confianza de la ciudadanía en la Presidencia. El abrirse a una opinión independiente era una oportunidad que se pudo haber aprovechado para iniciar un capítulo en el que se castigara la corrupción, se caminara hacia el Estado de Derecho y para marcar un antes y después en la relación entre la ciudadanía y las autoridades.
Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).- El “pésimo” manejo de las relaciones públicas del Presidente de México Enrique Peña Nieto en el caso de los 43 alumnos desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, empieza a jugar en su contra; la actitud de su Gobierno hacia las recomendaciones de los expertos independientes es uno de los factores que influyó en la caída de su popularidad, publicó el semanario inglés The Economist.
Por su parte, en un editorial, el también británico The Guardian, consideró que al ignorar las conclusiones del Grupo de Expertos Independientes sobre el caso Iguala, el Gobierno perdió la oportunidad de hacer un borrón y cuenta nueva en su cada vez más lejana relación con la ciudadanía.
“Para el Presidente, Enrique Peña Nieto, el caso ha sido un desastre de relaciones públicas. Al principio parecía distante: le tomó un mes para conocer a las familias de las víctimas, luego le tomó 17 meses visitar Iguala. Ahora muchos mexicanos cuestionan su voluntad de hacer frente a la cultura de la corrupción que ha permitido un crecimiento de la violencia”, señala The Economist.
Esa corrupción, agrega, ha permitido que no se llegue a fondo en el caso de los normalistas desaparecidos y que sólo uno de cada 100 crímenes reciban castigo.
Tras la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que durante poco más de un año aportó nuevos elementos sobre el caso de los normalistas y echó por tierra la investigación oficial, el Gobierno lejos de asumir las recomendaciones, se dedicó a contradecir las nuevas conclusiones, lo que muestra que la verdad detrás de la desaparición de los 43, “puede ser peor”.
El tema es que «México está despertando», dijo al semanario Viridiana Ríos del Woodrow Wilson Center, en Washington. Una grande y más asertiva clase media «ya no está dispuesto a soportar la corrupción y la impunidad», afirmó.
En un momento en el que más que nunca se cuestiona la relación entre la corrupción y la penetración en todas las esferas de Gobierno, la popularidad de Peña Nieto alcanzó los niveles más bajos, según la última encuesta del diario Reforma.
El nivel de desempeño del Presidente Peña Nieto registró su nivel más bajo desde el inicio de su gestión al obtener un 57 por ciento de desaprobación de la ciudadanía y un 82 por ciento por parte de los líderes de opinión. Destaca también el tema de la libertad de expresión, la cual registra una notable disminución en este sexenio con un 45 por ciento, la percepción más baja comparada con administraciones anteriores.
De acuerdo con la Séptima Evaluación al mandatario federal que realiza el periódico Reforma, al evaluar la administración del Presidente, los ciudadanos tomaron en cuenta el crimen y la economía, que ven como los dos principales problemas del país actualmente. En tanto, los líderes de opinión señalan el tema de la corrupción como el principal problema, y con una tendencia al alza.
OTRA OPORTUNIDAD PERDIDA
Por su parte, en su editorial de este lunes, The Guardian publicó que la resistencia del Gobierno Federal para aceptar lo señalamientos de los expertos del GIEI, representa otra oportunidad perdida para “iniciar el nuevo Gobierno que había proclamado”, en su lugar, ahora, “el resultado es sombrío y difícil de imaginar para México”.
“Se supone que México es un país moderno, una democracia, una sociedad bajo el imperio de la ley. Eso es ciertamente lo que aspira a ser, y cuando el Presidente asumió el cargo, en 2012, prometiendo abordar agresivamente la violencia que ha desfigurado al país en los últimos años; la esperanza era que esas aspiraciones se realizarían. Entonces, ¿cómo puede ser también un país donde la desaparición y presunto asesinato de 43 estudiantes universitarios, cuyo único delito parece haber sido que secuestraron algunos autobuses para asistir a una reunión de protesta, sigue siendo un misterio más de 19 meses después de que ocurriera? es un misterio, pero que el Gobierno mexicano parece decidido a permanecer sin resolver”, destaca el diario.
Afirma que el haber hecho públicos dos tomos del expediente de la averiguación, no sirvió de nada, pues sólo abonó a las versiones “inconsistentes” en las que no cree nadie, ni los padres de los desaparecidos, ni la sociedad.
México, destaca, es un país con una tasa de homicidios de casi 100 por día, una “epidemia” de desapariciones, secuestros y asesinatos de periodistas en aumento, “Iguala el caso no es el único en los últimos tiempos, donde muchos murieron o se dan por muertos en un solo incidente”.
Ambos coinciden en la importancia de seguir las recomendaciones del GIEI en el sentido de investigar el tráfico de drogas en Guerrero, que presuntamente involucraría al llamado quinto autobús que no apareció en la primera investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), así como insistir en el tema de las declaraciones de los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala.
Ayer, la Iglesia católica aseguró que el segundo informe del GIEI sobre el caso Iguala fue “demoledor” y puso de manifiesto los males que aquejan el sistema judicial mexicano.
Criticó además que “lo que suponía la intervención esperanzadora para saber qué paso en uno de los más dramáticos asuntos penales en la presente administración, llega a su fin con más preguntas que respuestas”.
En el editorial de Semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis mexicana señaló que “a poco más de un año de que el GIEI iniciara sus trabajos para aportar elementos relativos al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el diálogo se rompió, y su encomienda no fue refrendada bajo polémicas indagatorias contra la verdad histórica”.
Agregó que el informe presentado el pasado domingo, “resultó tan demoledor como el de septiembre de 2015”. Consideró que el primer informe “puso en duda el destino final de los desaparecidos, el último fue más allá al esgrimir contundentes recomendaciones sobre la procuración de justicia y el sistema legal”.
Dijo que el documento presentado “toca los males corrosivos del aparato legal, infectado de burocracia, impunidad, corrupción y de complejidades pseudolegales dilatorias de la justicia expedita. Como afirma el documento, ‘lo procesal sacrifica frecuentemente lo sustancial, y la forma está muchas veces por encima del contenido y la verdad’”.
“El caso Ayotzinapa entra en una nueva etapa. Conviene a la presente administración dar un giro drástico, ofrecer verdades contundentes y no actuar por inercia debido al cansancio y descrédito. El tiempo pasa y los 43 son foco de tensión que debe esclarecerse para bien de todos”, señala la Iglesia católica.
