Tras los hechos exhibidos por el GIEI, los reflectores y la exigencia de explicaciones se han girado entorno a distintos funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto, uno de ellos el General Salvador Cienfuegos, quien era el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dependencia que, ahora se sabe, supo más de lo que dijo sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- El General Salvador Cienfuegos, quien fue el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de Enrique Peña Nieto y durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, tiene que explicar hasta dónde llegaron sus conocimientos y ordenes frente a los hechos de Iguala del 26 y 27 de septiembre y los eventos posteriores, advirtieron integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Hoy con mayor relevancia se determinaría la necesidad de escuchar al General Cienfuegos para que nos cuente historias sobre el pasado, el durante y el después de este caso también […] esa información (los videos y lo que reveló el GIEI) reposaba hace 7 años. La conocían todos los estamentos y la conocía inclusive el Secretario de Defensa de esa época y el Secretario de Marina de esa época. Yo lo que puedo decir es que sí sería interesante que por lo menos intenten dar una explicación de qué fue lo que supieron, cómo lo supieron, qué ordenaron y hasta donde lo ordenaron”, expresó en entrevista con SinEmbargo, Angela Buitrago, integrante del GIEI.
La integrante del Grupo de Expertos —que ha coadyuvado e indagado de manera independiente el caso— también consideró que el expresidente Enrique Peña Nieto también debería de dar una explicación, pues en sus funciones previstas en la Constitución como máximo comandante de las fuerzas militare está la de ordenar actividades a sus subalternos, en este caso a los titulares de la Sedena y Marina.
“Sí es bueno recordar no sólo la intervención del General Cienfuegos sino el cierre del expresidente Peña Nieto cuando dijo, saliendo ya de la Presidencia, que sí lamentaba que los muchachos habían sido calcinados en el basurero de Cocula. Yo creo que un Presidente que tenía toda la evidencia científica, que sabía que efectivamente estaba sucediendo todo ese debate, por lo menos debía haberse abstenido de cerrar su mandato con esta clase de afirmaciones que ya estaban cuestionadas de principio a fin”, destacó la especialista.
El GIEI presentó esta semana su Tercer Informe de actividades, el cual reveló que al menos 12 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) manipularon el basurero de Cocula, en Guerrero, durante las investigaciones que se realizaron el 27 de octubre de 2014 con motivo de la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos un mes antes en Iguala, lo cual quedó asentado en videos de inteligencia hasta hace unos días desconocidos.
Además, el informe del Grupo de Expertos también dio cuenta —con base en documentación militar y de inteligencia— que el Ejército tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, minuto a minuto, durante la desaparición de los normalistas ya que hubo dos operaciones de inteligencia por parte del Ejército Mexicano en las que esta institución dio un seguimiento casi contrainsurgente a los estudiantes, operaciones en las que incluso, tenían a elementos de inteligencia infiltrados desde hacía por lo menos 10 años.
Frente a las nuevas revelaciones del GIEI, los padres y madres de los 43 estudiantes exigieron investigaciones exhaustivas al Ejército, Marina y al expresidente Enrique Peña Nieto, quien, insistieron, debe ser llamado a declarar por los hechos contra los 43 estudiantes y la fabricación de la llamada «verdad histórica», lo cual ha prolongado la desaparición de los normalistas y ha obstaculizado al acceso a la verdad y justicia.
“¿Cómo es posible que la Sedena desde el tiempo que gobernó Peña Nieto, siempre ocultó información? ¿Teníamos motivos para sospechar del Ejército mexicano? Sí, porque sabíamos que ellos estaban involucrados en la desaparición de nuestros hijos. (…) ¿Cómo es posible? El mismo Peña Nieto, en ese entonces, igual ordena la entrega de la documentación que pudiesen tener sobre el caso, ¿le hicieron caso? No, porque era un acuerdo que tenían entre ellos”, expresó Emiliano Navarrete, el padre de José Ángel Navarrete, uno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, el pasado 30 de marzo.
De igual forma el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pidió al Gobierno mexicano que se abra una investigación exhaustiva sobre los videos revelados en el Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario, donde se ve a elementos de la Marina manipular el basurero de Cocula durante las investigaciones que se realizaron el 27 de octubre de 2014 con motivo de la búsqueda de los 43 normalistas.
Tras los hechos y datos exhibidos por el GIEI, los reflectores y la exigencia de explicaciones se han girado entorno al expresidente Enrique Peña Nieto, los secretarios de Sedena y Marina, Salvador Cienfuegos y el Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; así como al extitular de la entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, quien incluso aparece en los videos exhibidos por el GIEI.
Cuestionada al respecto, Buitrago prefirió no emitir opiniones en cuanto a la posible responsabilidad o lo que implica para los personajes, pues aclaró que el GIEI no es un organismo que atribuya responsabilidades, porque es Fiscalía General de la República (FGR) la institución competente para deslindar responsabilidades, sin embargo, la experta sí enfatizó “la necesidad de advertir que todas las personas que participaron en estos hechos deben ser investigadas sin lugar a dudas”.
Al respecto, el pasado 30 de marzo el Presidente Andrés Manuel López Obrador también se pronunció al señalar que “es muy difícil que el Presidente [Enrique Peña Nieto] no se enterara” de la operación en el basurero de Cocula donde participó la Marina.
El Jefe del Ejecutivo federal detalló que los presuntos responsables ya se encuentran rindiendo sus declaraciones, ya que “en efecto, en la madrugada, todavía no era de día y llegan unas camionetas al basurero y empiezan a poner unos bultos. Y ese mismo día, al poco tiempo, llega la comitiva encabezada por el Procurador [Jesús Murillo Karam] y creo que ese mismo día por la tarde o al día siguiente es cuando se da a conocer la supuesta verdad histórica”.
EL FACTOR CIENFUEGOS
El General Salvador Cienfuegos ha sido una figura clave en el caso Ayotzinapa. Es la figura en la que más ha recaído la sospecha y exigencia que sea llamado a declarar y quien debe rendir cuentas sobre los acontecimientos.
Y es que el General no sólo optó por la opacidad durante su gestión frente a la Sedena, sino que reconoció que no iba a permitir que los integrantes de las fuerzas armadas fueran investigados.
Fue en octubre del año 2015, justo el mes en que la Marina manipuló el basurero de Cocula (como ahora se sabe), cuando el General Cienfuegos Zepeda dijo que los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, no tenían por qué declarar sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento. Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas. El convenio que hace el Gobierno de la República con la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] en ningún momento dice que pueden interrogar. No es posible, las leyes no lo permiten. No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito, ¿qué quieren saber?, ¿qué sabían los soldados?, está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales”, dijo en una entrevista difundida en el espacio del periodista Joaquín López-Dóriga en Televisa.
Para Angela Buitrago la negativa de Cienfuegos a que expertos y autoridades interrogaran a los militares se trató de una obstinación.
“Negar la luz del día, conociendo la luz del día, era una obstinación que tampoco tenía sentido y mucho menos sabiendo que inclusive se iniciaron investigaciones disciplinarias porque el personal del Batallón en Iguala omitió información relevante”, comentó.
Desde el momento de la desaparición, los padres y madres de los normalistas denunciaron que el Ejército tenía más conocimiento del que decían tener, por ellos los padres exigían ingresar al cuartel de Iguala.
En 2015, cuestionado sobre esas demandas, Cienfuegos dijo:
«Ingresar a las instalaciones militares, a ver, ¿por qué?, la Procuraduría General de la República hizo su investigación y no encontró ningún indicio mínimo de nuestra participación en algo ilegal. Lo hizo la propia Comisión de los Derechos Humanos y tampoco encontró nada. Acaba de dar su informe este Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana y también dicen que no hay indicio de que el Ejército haya participado, ¿cuál es la razón o el pretexto de querer ingresar a los cuarteles?».
No obstante, frente a la nueva evidencia y datos que dan cuenta cómo el Ejército ocultó información por al menos siete años, el Grupo de Expertos ha insistido que las autoridades militares de alto rango como Salvador Cienfuegos deben rendir cuentas y explicaciones.
“El tema es que hoy cobra mayor relevancia la necesidad de escuchar al General Cienfuegos para que nos cuente historias sobre el pasado el durante y el después”, destacó Buitrago.
La integrante del GIEI dijo que esperan que en este año que les queda tengan tiempo para continuar las investigaciones para seguir obteniendo información, avanzando en la valoración y evaluación del caso y adelantar la investigación y las judicializaciones del caso, pero sobre todo seguir buscando información sobre el paradero de los 43 estudiantes.
“Creo que ese es el reto primordial. A eso nos toca comprometernos ya que hemos podido aclarar mucha de la historia que hay allí y sobre esos supuestos seguir insistiendo”, destacó.
Pero no sólo los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa claman porque el General Cienfuegos sea investigado por ese tema.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización civil que desde sexenios anteriores ha documentado y denunciado graves violaciones a los derechos humanos, ha expuesto que el General Cienfuegos debe ser indagado por crímenes graves que tienen que ver con tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.
Casos como Calera y masacres como Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán dejaron huella en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En la mayoría de ellos, se ha documentado la participación del Ejército, en ese entonces a cargo del General Salvador Cienfuegos Zepeda.
Al menos 12 mil 338 quejas se presentaron en contra del Ejército ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre los años 2000 a 2018, de las cuales, 3 mil 311 se registraron durante el periodo en que el General Salvador Cienfuegos Zepeda estuvo a cargo de la Sedena.
Pero los señalamientos no se reducen sólo a su periodo al frente del Ejército. La CMDPDH identificó que en al menos siete casos graves de violaciones de derechos humanos –que derivaron en recomendaciones de la CNDH en contra de la Sedena– ocurrieron cuando el General estaba al mando de la I y la VII región militar, respectivamente.
La CMDPDH también apunta alguna posible responsabilidad del General Salvador Cienfuegos en los agravios que cometió la milicia durante el Operativo Conjunto Chihuahua, en el sexenio de Felipe Calderón.
