Hace una semana asesinaron a Victoria Salazar en Tulum, Quintana Roo. Lo hicieron cuatro policías, a plena luz del día, quienes fueron grabados durante la detención y sometimiento de la víctima, la cual fue aventada al piso por una mujer policía que le fracturó la espalda mientras sus compañeros simplemente platicaban sin reaccionar ante el exceso de violencia. El video del asesinato se hizo viral de inmediato y algunos colectivos de la región iniciaron movilizaciones para exigir esclarecer los hechos y detener a los asesinos, lo que provocó que la furia colectiva se regara como pólvora y se dieran reacciones y demandas de justicia en todo el país. La imagen tan impactante del asesinato en vivo no dejo ninguna duda de la crueldad desmedida que hizo que muy pronto el tema se volviera la nota más importante de los medios de comunicación durante un par de días. Casi al mismo tiempo, la máxima autoridad tanto de México como de El Salvador, país de origen de la víctima, expresaron su indignación y condena ante la evidente arbitrariedad y uso excesivo de la fuerza policial que causó la muerte por asfixia. El diálogo a nivel diplomático evitó que el tema escalara ya que México, país responsable del hecho, en la voz de su Presidente Andrés Manuel López Obrador, asumió la culpa y prometió castigo ejemplar y restitución del daño a las hijas de la víctima, ahora huérfanas.

El caso es una suma de agravantes. Se trataba de una mujer, joven, pobre, inmigrante radicada en México en calidad de refugiada desde hacía dos años, en Quintana Roo, específicamente en Tulum, localidad que ha sido insistentemente denunciada por abusos policiacos y violencia de género. En un intento de entender como es posible haber llegado a este extremo las explicaciones de expertos han abundado y coinciden en que cada uno de estos puntos, por si mismos, son parte de la estadística del abuso local, nacional y si lo extendemos, incluso generalizado a otros países, porque la referencia al caso de George Floyd, un hombre negro brutalmente asfixiado en Estados Unidos exactamente hace un año, prácticamente de la misma manera como le ocurrió a Victoria Salazar, fue recurrente al analizar el caso de Victoria Salazar. La coincidencia entre casos resulta incluso macabra, aunque su impacto político no parece que será semejante. Mientras que en Estados Unidos el caso Floyd generó una movilización social sin precedentes, en México la indignación se suma a los cientos de casos que se vuelven a mencionar y a nuevos actos de violencia policiaca a extranjeros y nacionales que es parte del viacrucis mexicano.

No hay ninguna duda de que la condición de género, edad, origen étnico, nacionalidad y condición socioeconómica son factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas ante la propia autoridad. La estadística es implacable, el mayor porcentaje de personas presas, violentadas o sin acceso a la justicia es desproporcionado cuando se tiene alguna de estas características, sin embargo, aunque no hay duda de estos factores, la realidad es que el argumento tampoco explica del todo, porque la inmensa mayoría de la población representa alguna de esas condiciones. El 90 por ciento de la población, por lo menos en México, o es joven, o es pobre, o es mujer, o su color de piel genera discriminación, su origen étnico se desprecia, o el ser migrantes, les hace ser acreedores a un trato desigual, absolutamente todos los días de su vida.

Y aquí está el meollo del asunto porque el ensañamiento contra Victoria Salazar de parte de la policía de Tulum, que, podría haber sido en cualquier otro lugar del país, por cierto, va más allá de las características a partir de las cuales la autoridad criminaliza a la población y, por tanto, “la muerte tiene permiso”, como diría Edmundo Valadés. Por tanto, explicar este caso o los tantos cientos de miles no solo de violencia directa de la propia autoridad sino por complicidad, omisión o revictimización, no puede seguir dejándose a la mala suerte o a la reacción desmedida de uno u otro “mal elemento”. Se trata de un sistema que como tal simplemente no funciona, o por lo menos no funciona para lo que se dice debería servir. Cambiar esta situación tomando en serio la urgencia de generar una estructura de impartición de justicia como una de las principales urgencias de este país es el único legado aceptable para poder honrar la memoria de Victoria Esperanza Salazar Arriaza. Descanse en paz.

Leticia Calderón Chelius

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Dra. Leticia Calderón Chelius Es profesora Investigadora del Instituto Mora. Doctora en Ciencias Sociales por FLACSO y maestra en Sociología de la UNAM. Es Miembro de la Academia Mexicana de Ciencia y del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I).

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