La Comisión Interamericana presentó este día un informe en el que destacó las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la inseguridad y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos como las principales problemáticas que el Gobierno de México ha minimizado. Esta crisis en derechos humanos, dice el informe, se agravó desde que en 2006 el entonces Presidente Felipe Calderón emprendió la llama guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, agrega, el principal desafió viene desde más atrás. La CIDH dice que este desafío es la impunidad que se remonta desde los años sesenta en el contexto de la llamada «Guerra Sucia».
Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).– El gran desafío del Estado mexicano radica en romper «el ciclo de impunidad imperante» que persiste en el país desde hace décadas y así poder lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos, plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe «Situación de Derechos Humanos en México».
La CIDH, un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), constató, después de que siete de sus integrantes visitaran en octubre al país, los «niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas [de violaciones a sus derechos humanos] y a sus familiares».
La Comisión analizó «situaciones específicas de preocupación», como las ocurridas en Iguala, Guerrero, con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa; en Tlatlaya, Estado de México, con la ejecución de 22 personas por parte de elementos del Ejército; y en Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, en el que perdieron la vida 42 civiles en un supuesto enfrentamiento con autoridades.
El presidente de la CIDH, el estadounidense James Cavallaro, dijo a la agencia Efe que ante lo planteado en el informe es necesario que el Gobierno de México reconozca la «gravedad de la crisis de derechos humanos que enfrenta» y no trate de «minimizarla hablando de casos aislados».
De acuerdo con el reporte, «la falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos».
Detalla que México atraviesa por una «crisis de graves violaciones de derechos humanos», la cual «es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la ‘Guerra Sucia’ y que ha propiciado su repetición hasta hoy en día».
El organismo internacional, que no emitía un informe sobre México desde 1998, dijo que la situación de derechos humanos en el país se agravó desde que en 2006 el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó una campaña contra el crimen organizado.
No obstante, dijo, en la presente Administración, que encabeza Enrique Peña Nieto, no ha habido cambios sustanciales en relación a las políticas de seguridad y a los niveles de violencia.
La Comisión manifestó su preocupación ante las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad de las mujeres, la niñez, las personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos.
Explicó que estas violaciones son constantes en las personas que buscan verdad y justicia, situación que ha generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana.
«Las barreras en el acceso a la justicia, y la inoperancia en muchos casos con la impunidad resultante, han debilitado el Estado de Derecho y constituyen desafíos urgentes», dice el reporte.
Recordó que las mismas cifras oficiales reconocen que de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 se cometieron 102 mil 696 homicidios en el país. Dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas hizo referencia a 151 mil 233 hasta agosto de 2015.
Detalló además que hasta el 30 de septiembre de 2015, el Estado tenía reportadas 26 mil 798 personas “no localizadas” o desaparecidas a nivel nacional.
La CIDH dijo que las desapariciones forzadas de personas han ocurrido en México en diferentes momentos y con diversas intensidades, como en el contexto de la llamada “Guerra Sucia” y actualmente, indicó, ha aumentado en forma dramática en el país.
Dijo que es especialmente grave la información amplia y consistente recibida por el organismo sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del estado o con la participación, aquiescencia, o tolerancia de las mismas.
Indicó que las cifras aportadas por el Estado a organismos internacionales apuntan a que en México sólo se han emitido seis sentencias en el ámbito federal por el delito de desaparición forzada. Además, destacó las fallas en las investigaciones sobre desapariciones, las cuales son graves y múltiples.
«Muchos casos de desaparición no se denuncian debido a la desconfianza de los familiares en la capacidad de respuesta del Estado o su temor a sufrir represalias, y en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias», dijo.
La Comisión también manifestó su preocupación ante la práctica de la tortura, a la que calificó de «alarmante». Dijo que el Estado mexicano informó que la Procuraduría General de la República (PGR) contaba, al mes de abril de 2015, con 2 mil 420 investigaciones en trámite sobre tortura, y que existen sólo 15.
La CIDH coincidió con otros organismos internacionales al señalar que en México la tortura es generalizada, y se presenta frecuentemente entre el momento de una detención, que, dijo, suele ser arbitraria y antes de que la persona detenida sea puesta a disposición de un juez.
Dijo que incluso en la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, uno de los asuntos de mayor perfil en materia de derechos humanos en los últimos años, el 77 por ciento de las personas investigadas mostraban lesiones corporales, un indicio, por lo menos, de la existencia de apremios ilegales y posibles torturas perpetradas en su contra.
Ante estas situaciones, el órgano adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó un paquete de medidas para alcanzar esa meta, como adoptar una Ley general sobre desaparición y otra sobre tortura y otros tratos crueles, así como mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
