Por Daniela Barragán y Daniela Medina
Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).– La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y Mikel Andoni Arriola Peñalosa, su titular, están hoy en la mira de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). No los acusan exclusivamente de no hacer nada contra monopolios del tabaco, el refresco y los alimentos chatarra; los señalan, además, de asumir una posición que beneficia a la industria y pone en riesgo la salud de millones de mexicanos.
Recientemente, SinEmbargo dio a conocer que el Gobierno de México se opuso, en la Organización Mundial de Comercio (OMC), a la etiqueta de Ecuador, que alerta claramente cuándo un producto puede ser peligroso para el consumidor.
Las organizaciones civiles dijeron que después de la publicación de documentos que evidencian la defensa que la Secretaría de Economía (SE) hizo de las grandes corporaciones de tabaco, refresco y alimentos chatarra en foros internacionales, también la Cofepris ha quedado en entredicho, cuando su misión oficial es la encargada de “proteger a la población contra riesgos por consumo o uso de agua, alimentos, bebidas, medicamentos, equipos médicos, productos de perfumería, belleza y aseo, nutrientes vegetales, plaguicidas, sustancias tóxicas o peligrosas y otros productos, sustancias o agentes físicos, químicos o biológicos presentes en el medio ambiente o en el trabajo; y a mensajes publicitarios cuyos productos anunciados puedan alterar su salud”.
Arriola Peñalosa llegó a la Cofepris durante la administración del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa y, luego, fue ratificado por Enrique Peña Nieto. Nació en la Ciudad de México el 25 de septiembre de 1975 y es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac del Norte, Maestro en Políticas Públicas y Administración Pública por la London School of Economics and Political Science de Londres, Inglaterra, además de tener otra Maestría en Derecho por la Universidad de Chicago, de Estados Unidos.
Después de laborar cuatro años en el sector privado, Mikel entró a la función pública en 2003 como coordinador contencioso y posteriormente como Subdirector Corporativo de la Dirección General del Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural). De 2007 a 2011 fungió como asesor del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y como director general de Planeación de Ingresos y Jefe de la Unidad de Legislación Tributaria de la Subsecretaría de Ingresos de la dependencia hacendaria, puesto en el que permaneció hasta el 1 de marzo de 2011 cuando fue nombrado Comisionado de la Cofepris.
Los medios y dependencias de gobierno han celebrado los aparentes logros que Mikel Arriola ha tenido frente a la Comisión, en el combate a la publicidad engañosa, la comida chatarra, la industria tabacalera, los productos “milagro” y hasta contra spas y clínicas estéticas “patito”. Sin embargo, el funcionario ha provocado que varias asociaciones civiles en pro de la salud y la defensa del consumidor levanten las cejas por algunas irregularidades de su gestión.
De acuerdo con la Senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) Marcela Torres Peimbert y Alejandro Calvillo Unna, director de la organización El Poder del Consumidor, la Cofepris, durante la administración de Mikel Andoni no se ha logrado cumplir con los retos que un país que tiene uno de los índices más altos de obesidad en el mundo requiere, además de que es claro el vínculo que existe entre el organismo gubernamental y los intereses de las grandes corporaciones.
“Es muy claro que la Cofepris ha estado vinculada con los intereses de las corporaciones, ha implementado políticas dictadas por ellas […]Hemos llegado a un límite en el que el propio Estado comunica abiertamente que toma los criterios de las empresas. Eso es Cofepris.
“A Mikel le dicen el ‘príncipe de las industrias’, ese es su calificativo. Todas las grandes corporaciones están felices con él; con Mikel Arriola han logrado lo que ningún otro país: dictar políticas públicas, dictar regulaciones, dictar etiquetado, decidir sobre la regulación de publicidad”, declaró Calvillo Unna.
El Gobierno de México, que abogó en 2014 ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) en contra de las etiquetas de Ecuador (que alertan explícitamente al consumidor sobre el contenido de refrescos y productos chatarra), ya tiene camino andado en la defensa de los intereses de los grandes corporativos transnacionales, de acuerdo con documentos en poder de SinEmbargo.
Este medio pidió una entrevista con el funcionario. Sin embargo, tras solicitarse que la petición se hiciera por escrito, no hubo respuesta.
México envió al representante de Ecuador del Punto de Contacto y Centro de Información Nacional sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, un alegato que busca que las etiquetas en los refrescos y otros alimentos que utilizan transgénicos, altas dosis de azúcar y colorantes, no sean tan específicas a la hora de alertar al consumidor. La defensa de las autoridades mexicanas (contraria al discurso del Presidente Enrique Peña Nieto del pasado 31 de octubre de 2013, cuando presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes) busca conservar el actual etiquetado que, denuncian las organizaciones de salud, son confusas, son promovidas por las propias empresas y no alertan sobre los riesgos.
Pero antes, la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), participó en la defensa de la industria del tabaco en páneles internacionales. Utilizó argumentos que favorecen a la industria y abandonan al consumidor final.
De ambos casos, Mikel Arriola estuvo enterado.
Para la Senadora Peimbert, no hay duda de que el puesto de Mikel está sujeto a presiones de la industria alimentaria, económicamente hablando, sin embargo “el criterio que debe seguir esta institución es el de exclusivamente el cuidado de la salud como valor indispensable, para que el país pueda progresar. El objetivo del etiquetado es realmente informar a cada uno de los ciudadanos qué es lo que se está llevando a la boca y qué efectos le va a causar en su salud y en su organismo.
“En ese sentido, Cofepris debe privilegiar ese aspecto. Queda muy por debajo de los retos de un país con los más altos índices de obesidad en el mundo. Dados los costos en calidad de vida, en la economía de cada una de las familias y los costos que implica al país (casi el 80 por ciento del presupuesto en salud) que se va en atender obesidad, sobrepeso y diabetes”, explicó la Senadora.
Otro ejemplo similar ocurrió cuando a través del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) un particular solicitó los datos relacionados con las resoluciones y sanciones impuestas a productores, fabricantes e importadores de productos de tabaco, resultado de los decomisos y aseguramientos reportados por la Cofepris (en conjunto con la Procuraduría General de la República y Policía Federal), a través de boletines y notas periodísticas. A lo cual, la presidida por Arriola Peñalosa contestó que después de buscar en los archivos de la Comisión de Operación Sanitaria y de la Coordinación General Jurídica y Consultiva, el resultado fue igual a cero.
Ante tal respuesta, el solicitante presentó un recurso de revisión donde compiló notas de prensa en las que la Cofepris reporta el aseguramiento de cigarros pirata, incluso en diciembre de 2014 informaron que en los últimos dos años habían destruido más de 57 millones de cigarrillos.
Cofepris insistió en su respuesta, y confirmó que hasta ese momento no se había impuesto ninguna sanción ni revocado licencias a los importadores de dicho producto por incumplir la Ley General para el Control del Tabaco.
A sus 39 años, Mikel, hijo de Salvador Arriola también funcionario público de larga carrera en áreas diplomáticas, no sólo es “el policía de la salud”, también es el tres veces subcampeón mundial de jai alai, deporte que adoptó por herencia de su abuelo vasco.
Mediante boletines de prensa similares a los que el comisionado utilizó para dar cuenta del aseguramiento masivo de cigarrillos –sin sanción alguna– también informó otras cifras rimbombantes: “166 toneladas de medicamentos decomisados tan solo en el estado de Jalisco, el más grande de la historia de Cofepris”, “570 mil litros de alcohol adulterado incautados”, “más de un millón productos milagro”, “23 millones de pesos en multas”, “60 consultorios médicos”, “19 spas”, y un largo etcétera.
En conferencia de prensa realizada el pasado 4 de febrero, Mikel Arriola, en compañía de Eduardo Sánchez Hernández, vocero de la Presidencia de la República, informó que durante la actual administración, los aseguramientos en el mercado ilegal de la salud aumentaron 400 por ciento, entre alcohol adulterado, tabaco de contrabando, dispositivos médicos fuera de la ley, medicamentos sin registro, y productos milagro.
Impulsado por “proteger a la salud y fomentar una baja en los precios en el mercado legal”, según dijo, el funcionario mencionó que en comparación con lo decomisado en 2010, en el mercado negro de cigarros hubo un incremento del 500 mil por ciento, pues tan solo en el periodo 2013-2014 se aseguraron 174 millones de tabacos.
En su balance, Mikel Arriola dijo que en cuanto a publicidad engañosa se han retirado nueve mil anuncios, con multas de hasta 70 millones de pesos.
Alejando Calvillo puntualizó en que tras conocerse los documentos de defensa internacional y con el poco avance de las políticas públicas de salud que debe impulsar y defender la Cofepris, debe iniciarse una investigación a Arriola Peñalosa. “Esto es una evidencia de que hay un profundo conflicto de interés y que hay un vínculo total con intereses privados contra la salud pública, por lo que hay una responsabilidad directa de Mikel Arriola en esto. Cofepris es la encargada de toda la normatividad y es la autoridad, por lo que él es responsable de que todas estas políticas estén avanzando. Él ha implementado una política al servicio de las corporaciones”, dijo el activista.
