El Gobierno de Nicaragua determinó que 14 asociaciones universitarias y ONGs que se han asociado a académicos con posiciones críticos del Presidente Daniel Ortega no tendrán su personería jurídica.
CIUDAD DE MÉXICO, 2 de febrero (AP).— La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el gobernante Frente Sandinista, canceló el miércoles la personería jurídica de 14 asociaciones universitarias y ONG vinculadas al sector académico y a la Iglesia católica, informaron fuentes legislativas.
Con una mayoría de 75 votos, los diputados suspendieron los permisos de trabajo a la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), Universidad Paulo Freire, Universidad Popular Nicaragüense (UPONIC) y seis asociaciones de desarrollo ligadas a la Iglesia católica en la norteña provincia de Estelí.
También fueron afectadas con la medida la Fundación Michelangelo, la Asociación de Fomento de Graduados, la Asociación de Estudios Humanitarios (UNEH) y la Asociación de Cantautores Nicaragüenses, fundada por el conocido músico Luis Enrique Mejía Godoy, entre otras.
Varias de esas ONG están asociadas a académicos con posiciones críticas al Gobierno de Daniel Ortega y a personajes de la Iglesia católica, varios de cuyos sacerdotes respaldaron la revuelta social de 2018, que los sandinistas calificaron como «un fallido golpe de Estado».
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En el caso de la universidad UPOLI, fue uno de los epicentros de las protestas de jóvenes estudiantes en abril y mayo de 2018, cuando la represión policial dejó al menos 355 muertos y más de dos mil heridos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su solicitud al Poder Legislativo, el Ministerio de Gobernación argumentó que todas esas organizaciones «incumplieron con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones civiles sin Fines de Lucro», lo cual afecta la «transparencia» requerida por la institución.
La misma justificación se presentó en 2021 para cancelar la personería jurídica a casi una docena de ONG cuyos directivos eran figuras críticas al gobierno sandinista.
Gonzalo Carrión, abogado del comité de derechos humanos «Nicaragua Nunca Más», con sede en Costa Rica, cuestionó la «arbitraria e inconstitucional» cancelación de permisos a las ONG. «Esta decisión viola el orden constitucional que establece que
Nicaragua es una sociedad plural y con participación de diferentes iniciativas, incluyendo privadas», dijo Carrión en una declaración filmada, tras recordar que varias decenas de ONG han sido proscritas en el país en los últimos cuatro años.
«El propósito es imponer un modelo de pensamiento único, una sociedad vertical para contribuir a la perpetuidad de Ortega en el poder», aseguró.
Por su parte, Alexa Zamora, dirigente de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, comentó a periodistas que Ortega «pretende ahogar cualquier expresión académica que esté fuera de su control, poniendo en riesgo el futuro de la educación y de los alumnos de estas universidades».
Consultado por The Associated Press, el vicario de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Carlos Avilés, dijo que la cancelación de los permisos a las asociaciones católicas es una medida «injusta, que no contribuye al bien del país».
«Esas instituciones tienen fines sociales y de ayuda. Es otra manera injusta de reprimir», afirmó el religioso.
